El gobierno quiere beneficiar a los sectores financieros facilitando el paso del Sistema Público de Pensiones a otro sistema donde los planes de pensiones privados sean complemento de las cada vez más raquíticas pensiones. La excusa de la inviabilidad actual de la caja de pensiones pública por la demografía, por ejemplo, el vaciado de la caja de las pensiones para atender otros pagos y las más variopintas teorías sobre el “futuro del trabajo” no hacen más que preparar la privatización de los salarios diferidos que son las cotizaciones obreras para beneficios del capital financiero. La clase trabajadora es la que hace funcionar la sociedad, por lo tanto, es la que debe controlar la riqueza que genera y su reparto. Para llegar a esa meta, el único camino viable es la lucha por la destrucción del capitalismo.
¿Qué hay detrás de las reformas de las pensiones?
La actual reforma de las pensiones es un paso más en el proceso de obtención de ganancias privadas para la clase capitalista y financiera a costa del salario y de las condiciones de vida de la clase trabajadora. El ataque a las pensiones a través de las reformas de éstas es uno más entre todos aquellos que se hace en las sucesivas privatizaciones de la sanidad, educación pública y todos los servicios públicos.
La llamada Seguridad Social no es más que la caja estatal sonde se depositan en el sistema actual de producción capitalista las cuotas aportadas por los trabajadores y la patronal para beneficio posterior y reparto a la sociedad. Respecto a las pensiones, como parte de la SS, tenemos que tener en cuenta que la aportación de la patronal son costes de producción y para los trabajadores son salarios aplazados en el tiempo para la jubilación.
Tenemos que recordar que en el sistema capitalista en el cual el mundo vive, los beneficios de los capitales invertidos se obtienen directa e indirectamente de la producción de plusvalía. Es decir la diferencia entre la masa salarial de la clase trabajadora y el valor de lo producido y realizado en el mercado. Si se reducen los costes de producción y los salarios diferidos (cotizaciones para la jubilación) se aumenta la plusvalía y por tanto los beneficios capitalistas. Si además esos salarios diferidos aplazados hasta la jubilación se invierten en fondos de pensiones privados en manos del capital financiero los beneficios serán dobles y el Estado que ahora solo mantiene los fondos sin especular con ellos dejará de ser el garante público de ese dinero.
Un poco de historia
Los mecanismos de solidaridad entre individuos capacitados y no capacitados para trabajar, se remontan a miles de años. La especie humana desde la Prehistoria ha necesitado de la solidaridad grupal para sobrevivir.
No sería hasta el siglo XIX que el proletariado organizado lucharía para mantener condiciones de vida dignas y entre ellas pensiones de jubilación que limitaban en el tiempo la explotación del trabajo. Así que lo mismo que las lucha por las 8 horas de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, igualdad para las trabajadoras etc. se luchó para que hubiera una edad límite en el trabajo.
En la Alemania del canciller Otto von Bismark surgió en Europa lo que hoy llamamos Seguridad Social. En ese momento el Partido Socialista Alemán (SPD), era uno de los partidos obreros más importantes en Europa. Bismarck vio una amenaza en el crecimiento del movimiento obrero y temía una revolución como la ocurrida en la Comuna de París en 1871 donde se llegaron a aprobar, entre otras medidas, pensiones de viudedad a las mujeres de los soldados de la guardia nacional muertos en servicio. El mandatario alemán para evitar un levantamiento popular que exigía medidas más socialistas creó un programa de seguro social para la vejez.
Más adelante en 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que terminaría de fusionarse en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1948, adoptada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en sus artículos 22 y 23 recoge “el derecho a la seguridad “y a “una existencia conforme a la dignidad humana” mediante medios de protección social.
En España el primer germen de la Seguridad Social fue en 1883 con la creación de la comisión de reformas sociales, en 1905 se formaría el Instituto de Reformas Sociales, y ya en 1919 el gobierno de Antonio Maura crearía lo que pasó a llamarse “el retiro obrero”, que constituyó el primer sistema de jubilación pública en España de carácter ya obligatorio. Consistía en la edad límite de 65 años y la pensión de una peseta diaria.
Estos avances en la mejora sociales no se debían a la generosidad de la burguesía o de los políticos de turno, sino al clima de revoluciones que se sucedían en toda Europa y al propio movimiento obrero y campesino español.
Será en 1931 cuando se legisle por primera vez los derechos sobre protección social aprobados en el artículo 46 de la Constitución de la II República, que serán ampliados en el Fuero del Trabajo en 1938, en plena guerra civil, promulgado por el bando franquista. Por último en 1963, La Ley de Bases de la Seguridad Social implementaría un modelo unitario de protección social y finalmente en 1978 se configuraría el sistema de la Seguridad Social tal y como lo conocemos ahora… si exceptuamos las diferentes reformas (Pacto de Toledo).
Las Reformas de las Pensiones y el Pacto de Toledo
La primera actuación contra las condiciones de jubilación de los trabajadores después de la transición fue con el gobierno socialista de Felipe González. La Ley de Pensiones de 1985 endurecía las condiciones para tener derecho al cobro de pensiones. Se establecía la obligatoriedad de haber cotizado a la Seguridad Social al menos durante 15 años, frente a los 10 exigidos hasta el momento. Además se modificaba el sistema de cálculo de prestación en perjuicio del pensionista. Esta Ley fue respondida por una Huelga General el día 20 de junio de 1985, convocada por CCOO y CNT, pero sin el respaldo de UGT.
Ya en 1995 los acuerdos del llamado Pacto de Toledo entre patronal, sindicatos mayoritarios y gobierno fueron refrendados por el congreso de los diputados. Éste aprobó el documento referente al “análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse”. Este documento recogía la evolución del sistema de pensiones en España y un paquete de 15 recomendaciones cuyo objetivo era, según el gobierno, “reducir la presión a la que se estaba sometiendo el presupuesto general de la Seguridad Social”. Las recomendaciones del Banco Mundial que apostaban por un sistema mixto surtían efecto en el gobierno de España.
En 1999 se creó una comisión no permanente que tendría como objetivo, el seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, y la propuesta de nuevas recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema de pensiones.
Esta comisión se reúne cada 5 años, pues bien, desde su creación hay que destacar que todas las actualizaciones o reformas han ido casi siempre en el camino de recortar y eliminar derechos a los pensionistas, las reformas del sistema de pensiones han sido varias dentro del marco del Pacto de Toledo. Ya en 1995 se cambió de 8 a 15 años para calcular la base reguladora, lo que implicaba endurecer el acceso a las pensiones. En 2003 y 2011 el paquete de recomendaciones fue ampliado, pero en la mayoría de los casos su objetivo ha sido reducir las pensiones o frenar su crecimiento. Por ejemplo, en el año 2011 el gobierno de Zapatero con la connivencia de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT acordaron medidas como la de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, aumentar el periodo de cotización de 35 a 37 años o pasar el cálculo de la base de regulación de 15 a 25 años, además de congelar la subida anual de las pensiones.
En 2013 el gobierno del PP de Rajoy desvincularía las subidas del IPC y aplicaría durante años una pírrica subida del 0,25%, entre otras fechorías acabaría con el fondo de pensiones que disminuyó su capital de 66.815 millones de euros en 2012 a 8.095 millones en 2017. En octubre de 2018 trascendió que el fondo de reserva había perdido 24000 millones de euros al invertir en letras del Tesoro.
El actual Pacto de Toledo consta de 40 medidas de las cuales la mayoría ya se incluían en el anterior acuerdo, y otras no pasan de ser declaraciones de buenas intenciones y poca concreción. Es cierto que se derogan algunos elementos de la reforma de 2013 como, por ejemplo; volver a las revalorizaciones de las pensiones según el IPC, pero el acuerdo alcanzado por la mesa de dialogo social (CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y gobierno) mantiene los recortes y pérdida de derechos contenidos en la reforma del 2011. Lo peor de todo es que deja la puerta abierta a la privatización del sistema público de pensiones (SPP).
Estos planes privados de empresa a través de la negociación colectiva son un torpedo en la línea de flotación para el SPP, además también se ponen trabas a las prejubilaciones y se incentiva a los trabajadores/as que quieran ampliar voluntariamente su vida laboral, lo que provocará que los trabajadores peor pagados tengan que alargar su edad de jubilación para poder compensar su pírrica pensión. Este drama ya se ve desde hace años en EEUU, en América Latina, como personas mayores tienen que hacer trabajos como la de llevar las bolsas de la compra a los clientes de los grandes supermercados, porque su pensión no les llega a los mínimos vitales de subsistencia.
Para COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones) este acuerdo no recoge gran parte de sus reivindicaciones, como son: la pensión mínima igual al salario mínimo, eliminación de la brecha de género, pensión de viudedad al 100%, jubilación a los 65 años, jubilación sin penalización con cuarenta años cotizados, aplicación del artículo 109 de la Ley de la Seguridad Social.
Sobre separación de fuentes de financiación de las pensiones, la inestabilidad financiera del sistema se mantiene, por lo que se hace imprescindible realizar la Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social.
Los ataques al Sistema Público de Pensiones
Este ataque al Sistema Público de Pensiones no es nuevo ni exclusivo de España, responde a las leyes del capitalismo. Ya en el Chile de Pinochet se implantó un sistema administrado por empresas privadas (fondos de pensiones privados que invierten el dinero recaudado de los trabajadores en el mercado de capitales), este sistema se llama “Ahorro individual”. Es una estructura en la que los trabajadores ahorran en cuentas individuales y la ley no fija las condiciones ni el cálculo de las pensiones, porque estas dependen del ahorro de cada individuo y de la rentabilidad de esos fondos invertidos por empresas privadas en los mercados bursátiles.
La situación llegó a tal punto que en la crisis del 2008 y con la bancarrota de bancos y fondos donde el dinero de los pensionistas literalmente desapareció, el estado chileno tuvo que agregar al sistema un “pilar solidario”, es decir inyectar dinero público. Esto demostró que al final de todo, el sistema de pensiones no se mantiene si no hay ingresos públicos.
En EEUU pasó lo mismo, en 2009 la tan cacareada solidez del sistema de pensiones privados se vino abajo con la crisis de las hipotecas basuras. Los pensionistas norteamericanos vieron reducida su pensión en más de un 50%. Se cree que entre un 20 y un 30 % de estos pensionistas forman parte de los “homeless” (los sin hogar), un ejército de pobres que deambulan diariamente por las ciudades norteamericanas.
En Europa la estrategia de privatizar los sistemas públicos de pensiones no es diferente al resto del planeta, por ejemplo, en el Reino Unido el sistema consta de tres pilares: una pensión mínima estatal muy baja (entorno al 30% del último salario), un segundo pilar de pensiones privadas colectivas que nacen en el seno de las empresas para los trabajadores (semi-obligatoria), y un tercer pilar que son las pensiones privadas voluntarias e individuales. En Holanda y Suecia el sistema con diferentes matices es muy parecido, son sistemas mixtos que perjudican seriamente a aquellos sectores de la población trabajadora con trabajos precarios y mal remunerados, y que por desgracia van en aumento.
En nuestro país tenemos algunas experiencias. En 1996 con el gobierno de Aznar se firmó con los sindicatos mayoritarios que una parte de las subidas salariales de los funcionarios públicos se dirigieran obligatoriamente hacia fondos privados de pensiones. El resultado fue un fiasco para los pensionistas, porque al recuperar las cuantías aportadas, estas eran menores debido a los mínimos o nulos rendimientos financieros y la presión fiscal a la que eran sometidas.
En realidad, el modelo mixto ya está funcionando en España. En Euskadi ya hace tiempo que el gobierno de la comunidad negoció con los sindicatos mayoritarios vascos (CCOO, UGT, ELA y LAB) las EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntarias). Estos fondos de pensiones privados tienen como finalidad la previsión social complementaria a la seguridad social y son especificas del País Vasco.
Conclusión: la lucha obrera es la única salida
No es cierto que el sistema público de pensiones sea inviable y por el contrario los privados sí. Por muchos estudios de demografía que hagan y otras patrañas que nos cuenten, todos estos estudios se han demostrado siempre falsos. El Banco Mundial(BM) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) llevan años pronosticando la quiebra del sistema público y nunca han acertado. Hay datos objetivos que son incuestionables como, por ejemplo: El producto interior bruto en España (PIB) en 1980 era de 159.100 millones de euros y en 2020 de 1 billón,121.948 millones de euros, es decir la riqueza que produce nuestro país anualmente se ha multiplicado por 8 en estos años.
También hay que resaltar que en 1980 cotizaban en la Seguridad Social 10.414.000 trabajadores y en 2020 19.066.444, casi el doble de trabajadores/as. De estas cifras se deduce que el problema no es la cantidad de jubilados/as sino el reparto de la riqueza.
Por otro lado, tampoco se tiene en cuenta, y se mantiene al margen deliberadamente, la situación laboral actual de la clase obrera. Con sueldos cada día más bajos, condiciones laborales paupérrimas e ingresos mínimos a la seguridad social.
La verdadera razón de querer privatizar el sistema de pensiones es por el suculento negocio que significa gestionar el dinero de millones de trabajadores/as 2,1 billones de euros anuales es el capital que se repartirían en Europa las entidades financieras, solo en España serían aproximadamente 140.000 millones anuales. Un negocio redondo que el capitalismo financiero pretende conseguir con el beneplácito del gobierno y “agentes sociales”. El colectivo de pensionistas lo sabe y ha reaccionado en su contra, pero en el fondo todos son reformas que no acaban con el problema de raíz.
Mientras los medios de producción y el dinero estén en manos privadas, la clase trabajadora no tendrá más opción que la lucha, cuyo objetivo no es otro que expropiar esos medios y controlar el dinero a través de un banco único al servicio del pueblo trabajador. Solo si la clase trabajadora controla el poder político y económico tendrá asegurado el reparto igualitario de la riqueza y el futuro de sus pensiones.