Por todas partes vemos como los servicios públicos se van dejando morir, como primer paso de su privatización. Se ha hablado mucho en los últimos meses de Madrid con lo que Ayuso está haciendo con la atención primaria, con la sanidad en general. Y claro está que Ayuso es odiosa, pero ella no es la raíz del problema, sino una buena lacaya de la clase social alta, la burguesía, la que gana con los negocios.
El expolio de los servicios públicos constituye un elemento central de la acumulación capitalista que despoja lo “común” de la sociedad para uso privado y obtener ganancias. Esto conlleva un deterioro de las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora en su conjunto, también en el sector privado que va a la zaga.
La necesidad de tener asalariados en precario para poder obtener beneficios es tan vieja como el capitalismo. Este necesita constantemente aumentar sus ganancias, puesto que es un sistema económico basado en el beneficio; sin él, no tiene sentido su existencia. Cierto es que en tiempos de bonanza económica se le puede arrancar, -siempre con luchas- mejores salarios y condiciones de vida, unos servicios públicos mejores, pero en tiempos de crisis necesita obtener beneficios de debajo de las piedras.
Recordemos cuándo se privatizaron en España servicios esenciales, como la eléctrica Endesa, que empezó a venderla F. González y Aznar en 1997 la remató.
El trabajo colectivo y nuestro sudor aseguran fortunas a las familias ricas de este país, a los amigos de Ayuso, a la banca y la gran patronal. Garantizan el estilo de vida de las familias privilegiadas y sus descendencias por generaciones y generaciones; tienen todo ese dinero desde que nacen hasta que mueren y no deben preocuparse nunca por los servicios públicos, pues no los usan, ni necesitan pensión alguna.
Lo razonable sería que se expropiaran las grandes empresas que se enriquecen con el trabajo de todos, los bancos, las eléctricas, las petroleras… y sus beneficios se pusieran al servicio de la sociedad.