Se puede decir que todo lo que nos rodea y existe, nosotros mismos, somos materia y energía. A través de la ciencia, la tecnología y el trabajo controla la energía y transforma la materia. En este sentido la humanidad ha alcanzado logros increíbles cuando su uso fue en interés general, y han generado auténticas catástrofes cuando se hizo un uso perverso en interés de lo privado. Es por ello, que quienes detenten dicho control poseen un poder extraordinario, pues manejan aquello que en gran medida hace funcionar y desarrollar nuestra sociedad.
En la sociedad actual los grandes conglomerados empresariales dominan toda la economía. Es el capitalismo. La producción de mercancías ha llegado al máximo grado de desarrollo siendo la propia fuerza de trabajo de los asalariados una mercancía más. Por ello en la sociedad mercantil actual, la energía, su producción, distribución y comercialización está sujeta, no a las necesidades sociales, sino a las previsiones de beneficios de los grandes conglomerados financieros y empresariales y sus propietarios que dominan esta fuente imprescindible para el funcionamiento social.
El incremento del intercambio internacional es un rasgo característico del capitalismo de nuestra época. No hace falta decir que es a través de la propiedad privada de los medios producción que se controlan los beneficios y dividendos para los accionistas. Y el sector eléctrico español forma parte de esa internacionalización de la producción y las finanzas.
Características de las empresas capitalistas eléctricas
El sector de la energía tiene una extraordinaria importancia en la economía, y a nivel nacional es uno de los factores que explica los períodos de impulso o frenazo al desarrollo económico e industrial de España. Tal es así que la insuficiencia energética de nuestro país en el siglo pasado y el anterior es uno de los factores que explican el retraso que sufrió nuestra industrialización.
El incremento enorme de la industria energética y el proceso notablemente rápido de concentración de la producción en empresas cada vez más grandes constituyen una de las particularidades generales más características del capitalismo. Por ello el oligopolio que domina este sector en España, al igual que el mundo capitalista, se ha ido constituyendo a lo largo de los siglos XIX y XX, llegando a la actualidad con el dominio de tres grandes empresas Endesa, Naturgy, Iberdrola más otras dos menores Hidrocantábrico y Viesgo. Éstas ejercen el monopolio capitalista del sector energético. En este monopolio participa el capital bancario, el sistema financiero, constituyendo una red que domina todos los sectores industriales y de consumo. A este proceso hay que añadir el apoyo imprescindible del aparato de Estado que ofrece al capital dinero público, ayuda técnica y protección financiera y militar.
Ya Marx había estudiado y descrito este proceso propio del capitalismo que históricamente la libre competencia genera la centralización y la concentración de la producción eliminando la vieja libre concurrencia entre las empresas en el mercado. Así, dichos fenómenos de centralización y concentración van forjando una participación cada vez mayor de personas, y tejido productivo en el proceso, interrelacionándolas como engranajes de un reloj que hace funcionar la producción. A esto se le conoce como socialización de la producción, donde sectores cada vez más crecientes se interrelacionan y se hacen interdependientes unos de otros cada vez en mayor grado, y a escala internacional. A más concentración industrial los procesos productivos se hacen cada vez más cooperativos, más sociales y sin embargo la apropiación privada de los propietarios y accionistas de estas empresas se hace mayor. Y esa contradicción lo vemos ahora en la subida de la luz. Mientras que los beneficios de estas empresas no dejan de aumentar, a costa de los ciudadanos y de los trabajadores tanto de sus propias plantillas como aquellos de las subcontratas, la producción se hace a costa de la muleta del Estado y del dinero público, y los recursos de toda la sociedad: trabajadores, pantanos, centrales y subvenciones. Y todo ello con el aumento tarifario en el consumo energético.
Este oligopolio eléctrico necesita además, del control de la materia prima esencial que hasta ahora ha dominado la generación de energía, el petróleo y el gas. Por ello tanto EEUU, como la UE intentan dominar las zonas productoras de esta materia prima esencial. Este control necesita también del ejército y de la guerra como medio de dominio. Es por ello que detrás de los conflictos militares está el dominio mundial de las grandes potencias imperialistas y sus guerras. El Estado español ha sido uno más en todas las intervenciones militares en estas zonas junto a EEUU. Las guerras del golfo o de Afganistán son ejemplo de ello, no sin dejar de lado los conflictos con Marruecos y el gas argelino.
La tendencia a la crisis del sistema capitalista actual es inevitable porque impera el monopolio. Vemos como continuamente hay apagones en los barrios y suburbios obreros, como los precios y tarifa de la luz suben irracionalmente y sus causas, aunque el aumento del precio de las materias primas incida, son los precios impuestos por el oligopolio, que impulsan hacia arriba la tarifa de la luz. Además de impedir el desarrollo de nuevas fuentes de energía o desarrollarlas a paso de tortuga. Pero esto no es nada nuevo, como ejemplo sirvan las palabras de Lenin hace más de 100 años: “el monopolio capitalista engendra inevitablemente una tendencia al estancamiento y a la descomposición. En la medida en que se fijan, aunque sea temporalmente, precios monopolistas, desaparecen hasta cierto punto las causas estimulantes del progreso técnico y, por consiguiente, de todo progreso, de todo avance, surgiendo así, además, la posibilidad económica de contener artificialmente el progreso técnico”.
El intervencionismo Estatal. Una necesidad del Capital
Los inicios de esta industria en España se remontan a finales del siglo XIX. En 1873 se crea la primera central eléctrica en Barcelona. En Madrid llegará la electricidad en 1890, cuando la Compañía General Madrileña de Electricidad en colaboración con la empresa alemana AEG comiencen la instalación del alumbrado público. Aunque será durante el período de 1890 a 1912 cuando se creen las grandes compañías eléctricas privadas: Compañía Sevillana de Electricidad en 1894, Hidroeléctrica Ibérica (más tarde Iberduero) en 1901, Hidroeléctrica Española en 1907, la Barcelona Tracción en 1911 y en 1912 la Unión Eléctrica Madrileña.
La acción del Estado con respecto al sector energético (igual que en otros sectores) siempre ha tenido 2 vectores de actuación: asegurar el dominio y beneficio del Capital frente a los trabajadores y favorecer a la clase y al Capital que controla el Estado en un momento dado.
Un ejemplo muy notorio del primer vector, aunque se saldase en principio con una derrota para el Estado es la famosa huelga de “La Canadiense». Dicha huelga se inició en 1919 a raíz del despido de 8 trabajadores y organizada por la CNT, se extendió a Barcelona durante 44 días. Se lograron mejoras salariales y laborales, la readmisión de los despedidos, la liberación de presos y la implantación por primera vez en España y Europa de la Jornada de 8 horas. Durante la lucha miles de trabajadores huelguistas fueron hechos presos, se declaró el estado de guerra, y se militarizó la industria y transportes, pero, aun así, la unidad de acción de los trabajadores triunfó sobre el apoyo del Estado a los intereses empresariales.
Por otra parte, el Estado actúa como muleta ante la necesidad de favorecer al Capital nacional y poder desarrollar la economía requería empezar a controlar determinados sectores. Así se creó en 1927 por José Calvo Sotelo el Monopolio de Petróleos administrado por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPSA).
Posteriormente durante la Dictadura franquista, se creará el INI (1939) cuyo objetivo será básicamente suplir la falta de capitales necesarios para la industria preparando su desarrollo de forma acelerada, actuando el Estado como catalizador de la mayor parte de esos capitales. Con el INI el estado va a crear toda una serie de empresas eléctricas entre ellas la más conocida por llegar a la actualidad es la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA,1944). El crecimiento vertiginoso del sector eléctrico se acelera de 1950 a 1971 la producción eléctrica se multiplica por 8, alcanzando los 62.400 Kwh.
Los planes de privatización y la ayuda del Estado a las eléctricas en la monarquía parlamentaria
Como explicábamos anteriormente el Estado con dinero de toda la sociedad y con los recursos de esta sirve al desarrollo y planificación del oligopolio eléctrico. Esto se ha hecho a través de los PEN (Planes Energéticos Nacionales). Una de las directrices desde 1975 ha sido potenciar la generación eléctrica a través de nuevas energías fuera del petróleo del que se dependía sobremanera. Más de 1/3 de la producción eléctrica en estos años depende del fuelóleo.
Con el PEN de 1975 el Estado preveía paliar la subida de precios provocada por el incremento del precio del petróleo. El Estado se vio obligado a compensarlo, minimizando la pérdida de beneficios empresariales a costa del dinero público. Con la llegada al Gobierno del PSOE en 1982 se pasa a un nuevo Plan Energético, el PEN 83. El agujero financiero obliga a tomar medidas drásticas y se paraliza la construcción de 5 centrales nucleares, la conocida como “moratoria nuclear», pero eso sí, compensando a las empresas privadas implicadas, introduciendo un cargo en la factura de la luz para este concepto y que durante décadas ha pagado todo el país con creces.
Durante estos años el volumen de inversiones fue superior a 3.000 millones de pesetas/año. Cifra realmente extraordinaria para la época, que entre otras cosas demuestra que cuando los intereses del Capital son acuciantes los recursos no parecen tener fin. Pero al final estas inversiones no dieron los beneficios esperados y ante el peligro de quiebra financiera del sector eléctrico por sus empréstitos internacionales, y para ayudar a las compañías eléctricas en sus proyectos sin que tuvieran que renunciar a los beneficios, el Gobierno acordó un plan de “saneamiento” del sector (pago de las deudas), con una subida de las tarifas eléctricas, y un proceso de fusiones, que dará lugar a un nuevo panorama empresarial del sector eléctrico. Además se nacionaliza la red de transporte de alta tensión, creándose la Red Eléctrica de España S.A. con el objetivo de ayudar al propio Capital a poner orden en el sector y consolidar el negocio.
Hay que tener en cuenta que el sector eléctrico español y a nivel mundial destaca por tener un importante control del poder político por parte del oligopolio eléctrico, de ahí la cantidad de políticos y exjefes de gobiernos en sus consejos de administración. El dominio del oligopolio eléctrico con sus políticos, impedía el desarrollo de líneas de actuación en beneficio del interés general de la sociedad. Un ejemplo de ello es la reiterada tendencia a imponer precios de monopolio que se concreta en las subidas de las tarifas por encima del coste real y esto debido a que el sector tenía graves problemas financieros debido a la realización de inversiones gigantescas para una potencia instalada mucho mayor que la demanda real del país, lo que desembocaba en agujeros financieros que acababa pagando la sociedad.
Dentro de este proceso, pese a que las empresas eléctricas públicas eran en 1988 una parte minoritaria (poco más del 20% del sector) con una influencia en los precios muy limitada, se irá produciendo la privatización paulatina de estas, que concluirá en 1998. Tras un obligado proceso de fusiones nos encontraremos con un oligopolio que domina en la actualidad. Así pues, “cumplida” la misión de ordenar el sector, proceso en que la pública ENDESA llegó a ser la más importante, los beneficios que generan lejos de conservarlos, son puestos en manos privadas.
El proceso que se inicia en los años 80 con la privatización de las grandes empresas públicas del país, especialmente las que han dejado de ser deficitarias (tras enormes capitales invertidos durante décadas) y que ya en esos años poseen enormes beneficios, continúa con las empresas públicas eléctricas en los 90. Hasta el año 1997 el sistema eléctrico español estaba estructurado como un sistema regulado en el que el Gobierno establecía el precio de la electricidad (a indicación de las eléctricas), que remuneraba la totalidad de los costes incurridos (principalmente, generación, transporte y distribución de la electricidad) a un conjunto de compañías eléctricas privadas.
En 1997 con el Partido Popular en el Gobierno se aprobará la Ley del Sector Eléctrico, y se terminará la privatización de ENDESA en 1998 haciéndose con ella la empresa pública italiana ENEL. La llegada del nuevo milenio se produce con todas las empresas de producción eléctrica en manos privadas; con una creciente penetración de capital extranjero, que ya estaba presente desde los inicios del sector.
El “déficit” tarifario, una estafa a la población
La rapacidad sin límites de las eléctricas las lleva incluso a plantear que existe un déficit tarifario que el Estado debiera subsanar. Ése déficit estaría producido debido a un supuesto diferencial entre ingresos y costes del sistema, al que denominaron “déficit de tarifa». Desde luego si hay que definir lo que es un milagro este es uno de los mayores, tener empresas que durante décadas no paran de tener pérdidas pero que al mismo tiempo no paran de crecer y repartir beneficios entre los accionistas. Para más escarnio estas empresas no iban a dejar ni siquiera al Estado comprobar el coste real de la producción del kwh, como bien reconoció Jorge Fabra exmiembro de la Comisión Nacional de la Energía (encargada entre otras tareas de fiscalizar y controlar al sector eléctrico) entrevistado en el programa de octubre de 2012 por Jordi Évole.
Para hacernos una idea de las reclamaciones económicas de las eléctricas al Gobierno, el “déficit de tarifa» en 2013 decían que ascendía a 30.000 millones de euros, lo que venía a ser un 10% del Presupuesto total del Estado. Ante la crisis económica el Gobierno del PP implementó finalmente una nueva ley, la ley 24/2013 del sector eléctrico, por la cual recortaban (pero no eliminaban) todas las ayudas y primas dadas al sector eléctrico. Se establecía un límite máximo de déficit anual del 2,5% de los ingresos, es decir, aparte de los miles de millones que ya le regalaban, el aumento anual de estos no podía superar ese límite. Por supuesto se aprobaba el aumento de la tarifa eléctrica, por tanto, de la factura que pagarían los consumidores, y se garantizaba la estabilidad financiera y los beneficios a costa del Estado y la sociedad.
Para cuantificar pongamos el ejemplo de 2012. En este año, de la cuantía de la tarifa eléctrica, aproximadamente la mitad, el 50% son los llamados “costes o peajes de acceso regulados». Es decir, la mitad de lo que pagamos de luz se debe a este concepto. ¿Y qué son? Son todas las primas y regalos que el Estado tiene acordado dar a las eléctricas bajo distintas justificaciones para permitirles seguir con su especulación y tapar agujeros financieros, y obtener también beneficios para repartirlos entre los capitalistas. Un ejemplo de ello son las centrales de ciclo combinado, pues construyeron muchas más de las que necesitamos y ahora su funcionamiento y expectativa de beneficios la pagamos en la factura de la luz a pesar de que casi no funcionan.
El montante de los regalos dinerarios acordado por el Estado sólo para el año 2012 son 18.000 millones de euros. Para compararlo, el gran recorte de Zapatero de 2010 a los servicios públicos y que dejó tiritando a Sanidad, Educación, etc. fueron 10.000 millones. Aquí hablamos de una cifra que es casi el doble, y con carácter anual, millones arriba millones abajo. La mayor parte de estos 18.000 millones van a parar a 5 empresas: EON, ENDESA, GAS NATURAL FENOSA, IBERDROLA e HIDROCANTÁBRICO.
La expropiación del oligopolio eléctrico es el único camino
La llegada de la crisis por la pandemia del COVID, que ha acelerado la crisis de fondo del sistema capitalista y cuyo aviso más grave fue la crisis de 2008, ha supuesto un nuevo varapalo para la situación económica general con una caída súbita de la demanda eléctrica a raíz de la paralización de buena parte de la economía.
El Gobierno de coalición PSOE-UP ante la subida de precios de la electricidad ha demostrado que no es otra cosa que el “consejo de administración” de las empresas y sus capitalistas del sector eléctrico incapaces siquiera de frenar la estafa de los beneficios que llaman “excesivos” “caídos del cielo”.
El sector eléctrico español ha estado dominado históricamente desde su creación hace más de 100 años por el gran capital con un importante componente de capital internacional. Funciona acorde al sistema capitalista, donde el capital ejerce su dominio sobre la sociedad extrayendo toda la riqueza que puede a esta, y apoyándose constantemente en el Estado como herramienta para afianzar su dominio, para legislar en su propio beneficio, escapando al control de la población.
El dominio y la capacidad de influencia de las empresas eléctricas es tal en el país, que a duras penas la más mínima medida reformista que pueda intentar erosionar un pequeño porcentaje de su beneficio será atacada y prácticamente inutilizada con una fuerza enorme, como hemos podido ver en el mes de octubre del año pasado.En ese mes se registraron los precios de la luz más caros de la historia, por encima de los 200€ el Megavatio.
Solo es posible acabar con el desastre eléctrico actual que sume a una buena parte de la población, cada día mayor, en la pobreza energética, y que amenaza con arruinar otros sectores de la economía además de provocar una sangría económica atroz al Estado, con la expropiación sin indemnización del sector eléctrico. Para ello, una de las medidas obligadas es la apertura de cuentas de las empresas, pues tal y como nos tienen acostumbrados los capitalistas no reflejarán buena parte de los beneficios reales que han tenido históricamente. Al mismo tiempo, habría de investigar la estafa de cobrar el KWh por encima del coste real.
Por otro lado, junto a estas intervenciones que a buen seguro evidenciarían el robo continuado de las eléctricas, habría que desarrollar una planificación racional que permita una mayor eficiencia energética. La eliminación progresiva y acelerada de las centrales nucleares (más que anticuadas y peligrosísimas). Eliminando también las centrales que dependen de combustibles fósiles, que además hacen aún más vulnerable al sector energético español. Desarrollando en su lugar las energías renovables como son la solar y la eólica. Y todo ello solo sería posible con el control democrático de los trabajadores y de toda la sociedad.
