El problema vasco hoy: E.T.A. y la herencia envenenada del franquismo
El pasado 13 de julio un secuestrado por E.T.A, Miguel Angel Blanco, joven concejal del Partido Popular, fué asesinado por E.T.A. Y en los días siguientes, por el llamamiento de todos los partidos de derecha e izquierda y sindicatos, grandes manifestaciones han reunido en todo el país a millones de personas para pedir el fin del terrorismo. Luego, a pesar de este clima, cerca de 30.000 personas se han manifestado a finales de julio en San Sebastián (País Vasco) siguiendo la convocatoria de las organizaciones independentistas para reclamar el acercamiento a las prisiones vascas de 600 presos de E.T.A, actualmente dispersos en prisiones alejadas de las ciudades donde viven sus familiares, reivindicación que E.T.A. había puesto como condición para la liberación de Miguel Angel Blanco. Después se han multiplicado las declaraciones del gobierno anunciando la intención de mostrarse intransigente en el juicio a miembros de la dirección de Herri Batasuna, que comenzó el 6 de octubre.
Constituido legalmente en 1978 Herri Batasuna es un frente de organizaciones independentistas que se reclaman del mismo programa que ETA y cuyos recuentos electorales oscilan entre el 12 y el 15%. Sus dirigentes están acusados de tener lazos con el terrorismo por haber hecho, en las elecciones de febrero de 1996, propaganda a favor de E.T.A. presentando un vídeo en la campaña con la «Alternativa Democrática» de la organización armada.
Estos hechos, y se podrían citar muchos otros, muestran que después de poco más de 20 años de la muerte de Franco, los gobiernos que se han sucedido no han sido capaces de resolver la cuestión vasca. No han dado solución a los problemas que son el origen de la existencia y que explican el mantenimiento en esta región de una corriente política nacionalista radical que practica el terrorismo, suficientemente importante e implantada en la población como para que perdure después de años de represión del poder central.
La decisión de los dirigentes de E.T.A. de ejecutar al joven concejal de un pequeño pueblo del País Vasco, electo del partido de derechas actualmente en el poder, el Partido Popular, no es justificable. El terrorismo individual incluso el que golpea a responsables del aparato de Estado, o a personalidades implicadas en la represión, no es una forma de lucha que contribuya a la emancipación de los oprimidos. Pero la ejecución de secuestrados que, como Miguel Angel Blanco, no ocupan cargos de gran responsabilidad, es aún menos admisible. Como tampoco lo son los atentados ciegos, la liquidación de militantes de partidos rivales… o de viejos militantes de ETA que han abandonado la actividad, las agresiones contra patronos que se niegan a pagar el impuesto llamado revolucionario. Y es larga la lista de acciones terroristas de ETA inaceptables tanto desde el punto de vista de los objetivos como de los métodos. Pero estos hechos se inscriben en la lógica de los enfrentamientos sangrientos que caracterizan desde hace años las relaciones entre ETA y las fuerzas del orden que obedecen a los que detentan el poder en Madrid.
Del mismo modo no se puede olvidar que toda esta violencia perdura porque los responsables del Estado español han elegido, por su parte, emplear la violencia para obligar a la oposición independentista vasca a someterse o desaparecer.
La ejecución de Miguel Angel Blanco ocurre después de una gran campaña del gobierno en la que presumía de haber impuesto a E.T.A. la liberación de otro secuestrado, Ortega Lara, funcionario de prisiones. Aznar, el líder del Partido Popular, actualmente jefe del gobierno, se vanagloriaba de la eficacia de su intransigencia.
La respuesta de ETA ha sido mostrar que se niega a ceder ante la intransigencia del gobierno y ante la presión de los manifestantes que pedían la liberación de Miguel Angel Blanco. Este ha pagado, pues, con su vida el triunfalismo de los dirigentes de su propio partido.
E.T.A, el ala radical del movimiento nacionalista vasco
En apariencia la forma en que se desarrolla hoy la guerra larvada que opone E.T.A. al poder central parece muy diferente de la política que, en los últimos 10 años del franquismo, hizo de E.T.A. uno de los símbolos de la resistencia a la dictadura.
Cuando en diciembre de 1970 Franco organizó en Burgos un juicio con la intención de dar un ejemplo de intransigencia y de avisar a todos los militantes vascos y a todos los oponentes de su régimen, E.T.A. supo dirigirse a la opinión no sólo a la del País Vasco sino de toda España e incluso a la opinión mundial. Un comando de E.T.A. había secuestrado al cónsul de Alemania en San Sebastián, pero fué liberado. Los acusados se convirtieron en acusadores. El juicio a los vascos se transformó en juicio al franquismo hasta el punto que Franco deberá dar marcha atrás y cambiar las penas de muerte anunciadas, por el tribunal, por encarcelamientos.
Cuando en 1973 E.T.A. eligió como blanco al almirante Carrero Blanco, brazo derecho de Franco, su ejecución en pleno Madrid encontró la aprobación de todos los que en España aspiraban al fin de la dictadura. Y la solidaridad de la población con E.T.A, no sólo en el País Vasco sino en toda España, se apoyaba en el hecho de que E.T.A. se atrevía a enfrentarse al poder demostrando así que era posible hacerle dar marcha atrás.
No obstante la E.T.A. de hoy tiene fundamentalmente las mismas bases que la E.T.A. de ayer. Sus elecciones, sus acciones se inscriben en el marco de una política que sitúa a esta organización y a sus organizaciones satélites en una corriente que, ayer como hoy, no tiene nada que ver con el movimiento revolucionario proletario; nada que ver con la lucha por la emancipación de los explotados y oprimidos. Y la lógica sangrienta de sus acciones terroristas de hoy procede de sus perspectivas fundamentales.
Desde sus orígenes E.T.A. es una organización nacionalista que quiere un Estado vasco independiente de España. De ningún modo inscribe su lucha en la perspectiva de la caída del capitalismo. Esta organización nacionalista radical que practica la lucha armada es una de las que componen el movimiento nacionalista vasco cuya fuerza política más antigua es el Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.) que aún hoy en día es la corriente nacionalista electoralmente más fuerte.
Creado a finales del siglo XIX, el P.N.V. representaba la aspiración de la burguesía vasca de poder beneficiarse libremente de sus riquezas sin sufrir la tutela del Estado español. Se desarrolló sobre la base de ideas reaccionarias. El racismo antiespañol, la exaltación de la raza vasca, el integrismo religioso se suma a una hostilidad a toda referencia a la lucha de clases en una región donde la clase obrera estaba compuesta cada vez más de inmigrantes venidos de Andalucía, Galicia o Extremadura.
Las divisiones que se han hecho posteriormente en el seno del movimiento nacionalista no ponían en duda las opciones nacionalistas y antiobreras de los fundadores del P.N.V. Ha habido muchas escisiones en las primeras decenas de este siglo entre los partidarios de la autonomía y de la independencia. Ha habido divisiones a propósito de la apreciación de la revolución irlandesa, como más tarde a propósito de la actitud a adoptar cara al gobierno republicano entre 1931 y 1936. En el momento de la guerra civil, el alineamiento del País Vasco (Alava, Vizcaya, Guipúzcoa) en el campo republicano que ha hecho del País Vasco un símbolo antifranquista. Pero el conjunto del movimiento nacionalista tenía en común, durante todo este período, una hostilidad respecto al movimiento obrero que ya se manifestó en su condena de la insurrección de Asturias del 34 y que no se abandonó durante toda la guerra civil.
Franco hizo pagar al País Vasco el haber escogido el bando contrario. La represión del conjunto de la población vasca fué feroz. Condenado a la clandestinidad, el PNV continuó su existencia.
Cuando a partir de 1952, una parte de los dirigentes de las juventudes del PNV comenzaron a contestar la moderación de la política de este partido, no pusieron, en ningún caso, en duda la tradición y las bases políticas del P.N.V. Los que en 1959 crearon E.T.A. expresaban la radicalización de una pequeña burguesía vasca en contra de la opresión nacional ejercida por el Estado franquista. Se beneficiaron de la solidaridad con los militantes vascos que se manifestaba en todas las capas de la sociedad contra la represión de que eran víctimas.
La E.T.A. de los primeros años se atrevía a lo que no osaba el P.N.V. En 1961 organizó un descarrilamiento del tren que llevaba a dignatarios del franquismo. Este descarrilamiento fracasó, la oleada de represión que le siguió fué muy dura, pero E.T.A. se reconstruyó. Sus acciones espectaculares les hizo ganar la simpatía de los vascos y de muchas personas del resto del país. Muy pronto fue la fuerza de oposición más osada.
E.T.A. conservaba sus referencias políticas. Afirmaba tener por enemigos a los españoles en tanto españoles, ya fueran de derecha o izquierda. Se pronunciaba por el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Partidarios de la independencia, al mismo tiempo que se reclamaban del ejemplo de los nacionalistas irlandeses y de Israel, apostaban por la lucha armada. ETA se implantó rápidamente en la juventud del País Vasco, atrajo a elementos que provenían de diversas corrientes políticas. Militantes procedentes del maoismo, del trotskismo, del castrismo militaban en sus filas e intentaban influir en su política. ETA durante un tiempo tomó orientaciones tercermundistas. Bajo la influencia de los maoístas y de los troskistas del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional adoptó un lenguaje más obrerista, seudo marxista. Sin embargo continuaba presentando a los fundadores del P.N.V. como progresistas y rechazando toda referencia a la lucha de clases juzgada por principio «demasiado reformista».
Así que para los dirigentes de E.T.A. el enemigo era el Estado español y no la burguesía. Y cara a un movimiento obrero que se reconstruía su objetivo era intentar integrar a la clase obrera en la lucha por la «liberación nacional» sin tener en cuenta los intereses de la clase obrera. Se hablaba de «conciencia nacional de clase». Se inventó el término «pueblo vasco trabajador». Era una de las formas de reafirmar los objetivos nacionalistas del movimiento.
La falta de corrientes radicales en el movimiento obrero dejando a los nacionalistas de E.T.A. el campo libre, el radicalismo de su política les dió crédito en el conjunto de la población obrera, comprendiendo a los obreros no vascos que vivían en el País Vasco y fuera de él. Y es característico que la corriente trotskista procedente de E.T.A, que ha militado en el País Vasco, no haya sabido definir una política independiente de la de los nacionalistas.
La determinación, el radicalismo y el brillo de E.T.A. no cambiaban nada el fondo del problema ni el hecho de que se proponía formar un poder cuya espina dorsal debía de ser el aparato militar, constituido en la lucha armada. Pretendían constituir un Estado Vasco independiente. La escisión que se produjo al final del franquismo entre E.T.A. militar (E.T.A.-m) y E.T.A. político-militar (E.T.A. p-m) tenía por base, la mayor o menor importancia dada por algunos dirigentes a la acción de masas pero ninguno de estos dos brazos ponía en duda los objetivos nacionalistas del movimiento.
En cuanto al recurso del terrorismo, suponía la existencia de comandos armados clandestinos que escapan a todo control de la población y capaces de mantenerse, intentando imponerse al poder central y en el seno del movimiento nacionalista. Los años que han pasado han mostrado como esta política iba a conducir a un callejón sin salida.
La lógica a de los enfrentamientos entre el poder y E.T.A: un callejón sin salida sangriento
El mismo régimen franquista con su represión feroz, con la imposición de «una España grande» había, de alguna manera, dado la posibilidad a E.T.A.-m y E.T.A.-pm de adquirir un crédito político y reconocimiento más allá del País Vasco.
Con el fin de la dictadura, los políticos que dirigían el país en la transición, temían las movilizaciones sociales. Los acontecimientos que se desarrollaban en el vecino Portugal, después del derrocamiento de Caetano por los militares el 25 de Abril, mostraban que los temores no eran infundados.
El problema de las autonomías fue utilizado como maniobra de diversión. Suarez fue a buscar a Francia al antiguo presidente del gobierno catalán entre 1.936 y 1.939, Tarradellas, para hacerlo presidente de una Generalitat resucitada como por arte de magia. Si bien en Cataluña y País Vasco el sentimiento nacional estaba enraizado en la población no era así en el resto de las regiones.
La política de Suarez llevaba la creación de autonomías, no soló para las llamadas históricas por haber tenido el Estatuto de Autonomía en el período republicano (Cataluña, País Vasco, Galicia), sino también para todas las regiones, pero con distintos grados en las competencias. Esto supuso la utilización de agravios comparativos entre distintas regiones fomentando el nacionalismo en regiones que como Andalucía prácticamente no existía.
En esta maniobra de diversión de los problemas reales de los trabajadores y de la población llevada a cabo por Suarez encontró el apoyo de la pequeña burguesía, de toda la izquierda incluida la extrema izquierda, que vió en esta política la posibilidad de ganar al electorado, de conseguir cargos políticos y baronías o simplemente de seguir la corriente de moda en este momento.
De este modo el nacionalismo y el «problema autonómico» funcionó de maravilla a la hora de desviar la atención de los verdaderos problemas y de sus responsables.
El problema vasco fue la excepción.Las dificultades venían del aparato represivo del Estado. Todos los responsables de la policía y del ejército eran los mismos que en el franquismo y se mantenían en sus puestos.
Si los dirigentes del Estado estaban dispuestos a aceptar la liberación de los prisioneros vascos y a discutir un Estatuto de Autonomía para el País Vasco, sin Navarra, se negaban a cualquier negociación con E.T.A. mientras no abandonase las armas, así como se negaban también a reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo vasco.
El Estatuto de Autonomía de Guernica negociado fundamentalmente con el P.N.V, recogía un País Vasco compuesto por lava, Vizcaya y Guipúzcoa, sin Navarra, con los derechos comparables a los del Estatuto del 36, con una policía autónoma que se implantaría progresivamente. Pero el Estado se negó a reconocer a E.T.A. como interlocutor en las negociaciones, y a aceptar la inclusión de Navarra y el derecho de autodeterminación. Estos elementos constituyen los vetos que ningún gobierno que ha existido desde 1.976 se han atrevido a infligir. De esta manera el problema vasco se encontró en un callejón sin salida desde el momento que para los dirigentes de E.T.A. no es ningún problema mantener sus posiciones sin capitular.
El conjunto de la clase política asumía la idea de que en una España, de ahora en adelante democrática, no estaba justificada la lucha armada. Pero E.T.A. excluida del juego político, eligió defender su existencia, recurriendo sistemáticamente a métodos terroristas. Decidió sus acciones independientemente de lo que pudiera querer y reivindicar la población vasca, a la que pretendía representar. Sin embargo una parte nada despreciable de la población vasca seguía apoyando incansablemente a E.T.A, que algunos años antes, había atraído, en la lucha contra la dictadura, a decenas de miles de jóvenes. En todas las familias del medio popular han tenido un padre, un hijo, un familiar o un vecino víctima de la dictadura.
E.T.A, para imponerse, multiplicó sus acciones y atentados que pasan de 88 muertos en 1.976 a 119 en 1.979. Tenía un peso en la vida política. El P.N.V. se mostró sensible a esta presión, como por ejemplo cuando se negó a aprobar la Constitución del 78; lo cual no le impidió aprobar el Estatuto propuesto por el poder. A partir de este momento, con su prolongación legal Herri Batasuna, E.T.A. se desenvolvió sola.
Los objetivos de E.T.A. seguían siendo la constitución de un «Estado independiente, incluidos Navarra y el País Vasco francés». Pedía una negociación sobre la base de 6 puntos, la llamada alternativa K.A.S. (Coordinadora Patriota Socialista). Se añadía a la reivindicación anterior, la liberación de los presos, la legalización de los partidos independentistas, la salida de las «fuerzas de ocupación», la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores vascos, el reforzamiento del Estatuto y el derecho a la autodeterminación.
La política decidida por los gobiernos de derecha en los primeros años del post-franquismo respecto al problema vasco, no encontró una oposición firme de los partidos de izquierda. Estos se limitaban a criticar al gobierno por su intransigencia. Felipe González en los años 81/82, había prometido arreglar el problema vasco de forma definitiva, pero una vez en el gobierno mantuvo las mismas posiciones de los gobiernos precedentes. En diciembre de 1982 Felipe González declaraba : «el ejército es la columna vertebral del Estado.» Y es precisamente de cara al ejército que González escogió su posición de cerrazón contra E.T.A. No era su intención correr el riesgo de enfadar a los militares dando más libertades a los vascos, luchando realmente contra la tortura, tratando más dignamente a los presos de E.T.A. Se contentó con preparar un plan de «reinserción» para los arrepentidos que renunciaran a la lucha armada. Sin embargo E.T.A. es una organización compuesta de militantes que no se doblegaban ante tales presiones.
Lo esencial de la política de González en este terreno, ha consistido en intentar, cueste lo que cueste, desmantelar a E.T.A. Con la complicidad de la policía francesa, su gobierno creó los GAL, que reclutados entre la mafia francesa y actuando a las órdenes de la policía, actuaron contra militantes de ETA exilados en Francia, asesinando y atentando contra refugiados vascos. Además, de acuerdo con el gobieno francés se extraditó a decenas de vascos que vivían refugiados en el país vecino. A pesar de todas las medidas anti-terroristas tomadas en los catorce años de gobierno los socialistas no arreglaron nada. A pesar de la liquidación de dirigentes de E.T.A, no han podido impedir la multiplicación de los atentados, los secuestros, las represalias contra los guardias civiles, los funcionarios de prisiones o contra los patrones que se negaban a pagar el «impuesto revolucionario».
Desde las elecciones de 1996, el Partido Popular ha hecho de la radicalización de la lucha contra E.T.A. uno de sus principales temas de campaña, prometiendo que sabrían acabar con el terrorismo de E.T.A. Pero los recientes hechos permiten dudarlo.
Ante el retorno del terrorismo ciego de E.T.A, la clase política ha reaccionado llevando una política interclasista de unión sagrada. Además esta política es una especie de tradición en España, desde el consenso general sobre la Constitución (comprendiendo la forma monárquica del régimen) pasando por los Pactos de la Moncloa que instauraron, algunos meses más tarde, una política de austeridad para la clase obrera con el acuerdo de todos los partidos políticos, incluido el P.C.E. Esta unanimidad se tradujo en 1987 en un pacto de unidad antiterrorista. También se manifestó muchos años después en la organización de grandes manifestaciones donde se han visto desfilar en cabeza de pancarta, lado a lado, a los dirigentes políticos de todos los partidos. Esto no ha llevado a aislar totalmente a ETA. Herri Batasuna, cuyos lazos con ETA son reales, continúa obteniendo el 12% de votos. Es menos que hace diez años cuando sus recuentos casi rebasaban el 15% pero eso quiere decir que a ETA le queda una fuerza que aún pesa en el País Vasco y en el conjunto de la vida política española.
Un problema que pesa sobre toda la sociedad española
Veinte años después de la muerte de Franco la cuestión vasca pesa aún, y cada vez más, en la situación política española. La burguesía española podría arriesgarse otorgando a los vascos el derecho a la autodeterminación, permitiendo a la población navarra ser consultada sobre su adhesión o no al País Vasco e intentando que el gobierno central negociase abiertamente con E.T.A. Esta elección sin duda no sería más costosa para las clases dirigentes de España que la guerra larvada que perdura. Pero como lo hemos visto el aparato de Estado español, heredado del franquismo, se niega a legitimizar una organización que lo desafía desde hace más de 40 años.
Desde hace años los gobiernos que se han sucedido proclaman periódicamente que ETA ha sido desmantelada, diezmada, aislada políticamente y de la población. Y sin embargo se la ve regularmente resurgir e intervenir. Su base social se ha estrechado, entre otras cosas porque el Estatuto de Autonomía ha satisfecho una parte de las reivindicaciones de la burguesía y de la pequeña burguesía vascas. Pero E.T.A. queda aún cómo una fuerza política importante en el País Vasco. Los resultados electorales de Herri Batasuna lo muestran. Como lo muestran las manifestaciones que E.T.A. es capaz de organizar periódicamente. Incluso si la desaprobación de los métodos de E.T.A. se manifiesta más abiertamente y mayor, los militantes independentistas continúan siendo percibidos en el País Vasco -y en el resto de España- como combatientes y no como delincuentes o mafiosos. Y una parte de la población del País Vasco se siente solidaria frente a la represión de que son objeto, una represión como la que sufrieron bajo la dictadura franquista.
Las leyes antiterroristas de la democrática España permiten la detención previa prolongada en cárceles donde la tortura es moneda corriente. Los detenidos, a menudo condenados a penas de muchos años, incluso de muchas decenas de años, son -despreciando la ley- dispersados en cárceles por los cuatro puntos del país donde sus familiares difícilmente pueden ir a verlos.
Los políticos, que se dicen demócratas, no dudan en violar su propia legalidad constituyendo, como hemos visto, comandos paralelos que con el consentimiento de las autoridades españolas e internacionales (en particular francesas) tienen campo libre para organizar verdaderas cacerías de hombres y acorralar, detener o asesinar a presuntos terroristas. Y cuando un detenido muere o se suicida en una comisaría o prisión no es extraño que las autoridades bloqueen cualquier investigación.
Esta violencia de las altas esferas no justifica la política terrorista de E.T.A. pero permite comprender porque hoy aún dispone de apoyo en la población y suscita reacciones de solidaridad. Reacciones que también se explican porque en el País Vasco una parte nada despreciable de la población piensa que, si incluso la independencia no es la salida deseada y que es necesario acabar con el terrorismo, sería justo reconocer a E.T.A. como interlocutor.
Mientras tanto la lucha que hoy lleva a cabo E.T.A. parece cada vez más una lucha particular donde esta organización, en tanto que aparato militar, defiende su supervivencia sin tener en cuenta lo que quiere la población, incluida la vasca.
En este sentido E.T.A. no juega el papel que hubiese podido jugar en la sociedad española en los años 70 cuando los retrocesos impuestos al poder dictatorial de Franco constituyeron una revalorización para todas las fuerzas de oposición.
La línea en la que E.T.A. ha continuado su lucha no va en el sentido de la defensa de los intereses de los explotados en España. Continúa desarrollando en el País Vasco una propaganda nacionalista reaccionaria que contribuye a dividir a la clase obrera.
No está sola en esto. Los demás partidos nacionalistas ya sean vascos, catalanes , andaluces, gallegos u otros coinciden en poner a los trabajadores bajo la burguesía de cada región y a enfrentarlos unos a otros invocando ridículas fronteras regionales heredadas de otra época, completamente artificiales. La clase obrera española, que desde hace años sufre los efectos de la política anti-obrera llevada a cabo por el conjunto de la burguesía española y por los gobiernos centrales y regionales, lleva todas las de perder con el aumento del chovinismo regional y nada que ganar con el desarrollo de un sentimiento antivasco que acompaña al rechazo del terrorismo.
Y además en un contexto de retroceso de las luchas sociales y políticas, los reflejos de temor y defensa de una parte de la población, pueden ser utilizados como un factor de unión de la población con el gobierno. En una entrevista en el periódico El Mundo, Jaime Mayor Oreja, actual ministro de Interior, declaraba: «la lucha contra el terrorismo se convierte en un elemento de unidad nacional formidable. El Estado nos une cada vez más.» Se ve el triunfalismo de este político y de muchos otros que no cesan de vanagloriarse de haber reducido a ETA a la impotencia para ser desmentidos algunos días más tarde por la noticia de un atentado.
Pero es cierto que esta especie de unión interclasista a la que aluden los dirigentes políticos y que contribuye a justificar las restricciones de las libertades, a reavivar las ideas reaccionarias favorables a reimplantar la pena de muerte y el desarrollo de ideas y comportamientos conformistas e intolerantes, lleva a la sociedad a retroceder a posiciones cada vez más reaccionarias.
La clase obrera española no tiene interés en el desarrollo de las ideas nacionalistas. La lucha de E.T.A. no es la suya, los métodos de E.T.A. no son los suyos. Pero no debe equivocarse de enemigo y alinearse detrás de los que pretenden gobernar democráticamente pero que rechazan reconocer el derecho a la autodeterminación y recurren en la lucha contra los militantes de E.T.A. a métodos que utilizarán mañana contra todos los que se atrevan a enfrentarse a ellos.
La crisis de Izquierda Unida y la unidad de la izquierda
La coalición Izquierda Unida, liderada por el Partido Comunista de España y constituida como alternativa electoral en 1.986, atraviesa desde hace tiempo una crisis centrada en el enfrentamiento entre la dirección de la coalición, encabezada por el Secretario General del P.C.E. Julio Anguita y algunos componentes de la misma, en especial el denominado Partido Democrático de la Nueva Izquierda (P.D.N.I.), formado por antiguos dirigentes «renovadores» del P.C.E, y la dirección de Iniciativa por Cataluña.
Izquierda Unida además de reunir en torno al P.C.E. pequeños grupos que van desde un partido socialdemócrata (P.A.S.O.C) o un partido republicano burgués (Izquierda Republicana) hasta verdes y restos de la extrema izquierda, está vertebrado a nivel nacional como un conjunto de federaciones territoriales que tienen sus propios órganos de dirección y una relativa autonomía.
El último detonante de la crisis fue la decisión de la Federación territorial de Galicia, apoyada por el P.D.N.I. y otras federaciones regionales, de pactar con el P.S.O.E. para las elecciones regionales gallegas. Esto no fue bien visto por la dirección nacional de I.U.. La respuesta de ésta fue tajante: expulsión del P.D.N.I, ruptura con la federación gallega de I.U. y con Iniciativa por Cataluña, y disolución de los órganos de dirección de otras dos federaciones territoriales.
Independientemente de la gravedad de la ruptura, las disputas en el seno de la coalición ponen en evidencia el fiasco de la politica del P.C.E, instrumentalizada a través de I.U, que apunta a afianzar y ampliar la representación del Partido comunista en las instituciones parlamentarias y a facilitar el que, algún día quizás, se le asociara al gobierno ; una política que se sitúa en el marco de la sociedad burguesa y de sus instituciones. Ya que para todo este mundo de policastros «de izquierda», que sueñan con ser admitidos a gestionar la sociedad burguesa, el P.S.O.E a causa de su peso electoral es el objeto obligado de sus atenciones aún cuando estos partidos se esfuerzan por darse una identidad distinta. Para todas las corrientes que componen I.U, el problema de las relaciones con el P.S.O.E. se plantea de una manera contradictoria. Entran directamente en competencia con este partido en el electorado de izquierda. Saben también que, dadas las relaciones de fuerzas actuales, no tienen ninguna posibilidad de participar en el gobierno sin pasar por él.
Por tanto no es nada extraño que las dos fracciones de I.U. que hoy se enfrentan consideren que el «modelo francés» es un ejemplo que seguir. Y el problema que les opone, no es el objetivo sino el saber cómo alcanzarlo. Y cabe recordar que el problema de las alianzas resulta más complejo en España donde el parlamento central viene doblado de parlamentos regionales que corresponden a las comunidades autónomas que se constituyeron en el periodo de la transición política en el 77-78.
La lucha por el voto de izquierda
La competencia del P.C.E.con respecto al P.S.O.E. se ha situado siempre dentro de una perspectiva política común a ambas formaciones, aquella de hacer confiar a los trabajadores sus esperanzas de cambio en la papeleta de votación. Pero en este terreno el P.S.O.E. tuvo siempre las de ganar. El hundimiento electoral del P.C.E. en las elecciones del 82, apenas un 4% de votos, que dieron el triunfo al Partido Socialista significó que muchos dirigentes del P.C.E, deseosos de hacer carrera política, de tener un puesto en las instituciones, abandonaran el partido e ingresaran en las filas socialistas.
Una vez en el gobierno el P.S.O.E. aplicaría duras medidas antiobreras : reconversiones industriales salvajes, subida espectacular del paro (de 400.000 parados a finales de los 70 se ha pasado a más de 3.000.000), precarización del empleo, descenso de los salarios… Esta política lo iría desgastando poco a poco. Era la oportunidad del P.C.E. para recuperar el terreno perdido. En este contexto surge en 1.986, I.U. Sin embargo en su discurso, como en sus símbolos nunca se ha situado en el terreno de la lucha de clases. En todo caso han aparecido en las luchas obreras con un apoyo testimonial y pidiendo el voto. Más bien su preocupación ha sido dar la imagen de una fuerza lo suficientemente moderada como para ser alternativa de gobierno, ser la «izquierda real».
El descontento de sectores de trabajadores con la política de los gobiernos socialistas, manifestado en las Huelgas Generales del 14-D del 88 y del 27-E del 93 entre otras, y los escándalos de corrupción que salpicaron sus últimos años de gobierno favorecieron un relativo aumento de votos para I.U. Incluso los dirigentes más incrustados en los puestos institucionales, partidarios de un acercamiento más claro al P.S.O.E. no levantaron excesivamente la voz dentro de la coalición.
En las últimas elecciones generales de marzo del 96 el discurso de I.U, y sobre todo el de su máximo dirigente Julio Anguita, estuvo marcado por la idea de la posibilidad de superar electoralmente al P.S.O.E. y ocupar su espacio político, y de situarse como la alternativa frente a la derecha del Partido Popular. Pero fuera de ilusionar a los militantes con convertir a I.U. en la primera fuerza de la izquierda, el discurso de Anguita no iba más allá, como de costumbre, de situar los problemas de los trabajadores y la población en el marco de la constitución, exigiendo su aplicación. En ella, según Anguita están los remedios para solucionarlos.
Sin embargo el avance de la coalición fue mínimo, apenas un 1% con respecto a las generales del 93, mientras que las elecciones al parlamento de Andalucía, principal feudo de I.U, celebradas al mismo tiempo que las nacionales, el retroceso fue espectacular: un 14% de votos frente a un 19% en las autonómicas del 94. Al mismo tiempo, si bien el P.S.O.E. salió derrotado en las elecciones generales frente al P.P, conservó un 37% de votos frente al 10% de I.U. Nada de sobrepasar al P.S.O.E.
Los trabajadores por miedo a la derecha volvían a votar mayoritariamente al partido socialista.
Como en el 82 con el P.C.E, los resultados electorales, ahora de I.U, volvían a abrir la caja de los truenos. Como muy gráficamente había comentado un alto dirigente del PCE y de I.U, en referencia a la crisis más reciente, «siempre que se roza el 10% surgen las disidencias.»
La dimisión de F. Gonzalez y la «causa común de la izquierda»
Si Anguita hablaba de sobrepasar al P.S.O.E, este partido no dejaba de insistir en la idea de la «casa común de la izquierda». Así el P.S.O.E. mataba dos pájaros de un tiro: se presentaba como única alternativa posible de izquierda y atraía a los dirigentes renovadores de I.U. que buscaban un futuro seguro para sus carreras políticas.
Con el P.S.O.E. en la oposición y con la dimisión de F. Gonzalez como Secretario General de los socialistas la posibilidad de un acercamiento parecía vislumbrarse. El ejemplo de las elecciones francesas era citado abundantemente por los líderes de I.U. El nuevo Secretario General de los socialistas, Joaquín Almunia, acuñó un nuevo lema «la causa común de la izquierda».
Al poco tiempo de la dimisión de Gonzalez se celebró el primer encuentro entre Anguita y Almunia para buscar un «frente común a las políticas del gobierno del P.P.». A la salida de la reunión Anguita habló de una «nueva atmósfera», de «apertura de una nueva etapa», de que el «ejemplo francés es un referente». Pero al mismo tiempo la ejecutiva socialista aconsejaba no generalizar alianzas con I.U. Un exministro socialista, Borrell, veía erróneo que el P.S.O.E. centrara en Anguita su diálogo con I.U, más bien el P.S.O.E. «debía ofrecer un nuevo discurso… a gente con sensibilidad progresista que ha votado a I.U. desencantada de algunos comportamientos socialistas».
Para el propio Almunia el P.S.O.E. debía utilizar «su propia libertad de interlocución con los distintos sectores que componen I.U.» Y del dicho al hecho, el Partido Socialista de Cataluña firmaría, en Agosto de este año, un Programa Común con Iniciativa por Cataluña, aunque con listas separadas, cara a unas futuras elecciones catalanas , con la idea de «formar una nueva mayoría alternativa en el Parlamento Catalán» frente a Jordi Pujol. Meses antes el PSG-PSOE firmaría con I.U. de Galicia un acuerdo electoral, con listas comunes, para las elecciones gallegas del pasado octubre. La estrategia del P.S.O.E. estaba clara: debilitar a Anguita lo más posible pactando con los renovadores. Para Anguita es lo contrario: impedir que el P.S.O.E. tenga una superioridad electoral suficiente como para no necesitar pactar con I.U. Tanto para el P.S.O.E, como I.U, o los pequeños partidos que pululan alrededor de ésta, la batalla es fundamentalmente electoral. La cuestión es quién se lleva la mayoría de los votos. Con esta política los trabajadores y sus problemas están en segundo plano. Para ellos la batalla no es contra la burguesía y las agresiones de su gobierno.
Para I.U. el problema está en que el P.S.O.E. quiere, según declaraciones de dirigentes nacionales : «consolidar un sistema bipartidista» que, por tanto, la dejaría fuera del espacio institucional burgués en el que desarrolla su política. Para su dirección se trata de mantener su «marca y modelo», «una izquierda no subordinada». Para reafirmar su propio papel «independiente» I.U. no ha dudado en votar determinadas leyes presentadas por el gobierno derechista.
Es en este reconocimiento donde se situaría la perspectiva de un posible pacto con el P.S.O.E.
La prueba de las elecciones gallegas
Los comicios gallegos, celebrados el 19 de Octubre, servirían para comprobar sobre el terreno el resultado de unas y otras maniobras. La coalición en torno al P.S.O.E. de disidentes de I.U. y verdes reclamaba para sí el voto de la izquierda, mientras que la lista formada por la dirección de Izquierda Unida con el sector gallego fiel a la dirección hacia lo propio. Sin embargo, uno y otro pasaron de puntillas por la situación real que viven los trabajadores, lo único que les importaba era su pelea para obtener votos.
Para el P.S.O.E. los resultados fueron un rotundo fracaso. Su coalición de progreso bajó del 27% en las elecciones autonómicas del 93 a un 19% en las actuales, siendo superado por los nacionalistas del B.N.G.. Para I.U. los resultados fueron más bien magros: un 0,9% de los votos.
Sin embargo, a pesar del retroceso general de la izquierda en Galicia y la desconfianza de amplios sectores de trabajadores y jóvenes hacia las dos formaciones mayoritarias de la izquierda, evidenciado en el trasvase del voto obrero y juvenil del P.S.O.E. e I.U. al B.N.G, el balance que hace I.U. de las elecciones refleja fielmente su política de lucha por espacios electorales con el P.S.O.E.
Para Anguita se ha abortado la operación del P.S.O.E. consistente en «anular a la Presidencia Federal y el discurso de Izquierda Unida intentando coger territorios» como si de un «juego de ajedrez» se tratara. Para el líder del P.C.E. y de la coalición la unidad de la izquierda no se puede hacer sin I.U. «pero muchísimo menos en contra de I.U.».
Se trataría pues, en la perspectiva de un hipotético pacto P.S.O.E-I.U. de que los socialistas reconozcan claramente la «marca y el modelo» de I.U. El dirigente andaluz de Izquierda Unida, Antonio Romero, lo describe muy gráficamente cuando declara a los periodistas que está pendiente de una llamada de Chaves (Secretario General de los socialistas andaluces) «para iniciar contactos : creo que después de lo que ha pasado en Galicia, la llamada se hará a la dirección formal de I.U. y no se hará a cuatro personas que no representan nada.»
Más allá de estas maniobras electoralistas, la dirección de I.U. no tiene nada nuevo que ofrecer a sus militantes y a los trabajadores para hacer frente a las agresiones del capital, salvo que «apostar por la unidad con el centroizquierda» como perspectiva para la Va Asamblea Federal. Lo mismo dice el P.S.O.E.
Sin embargo ninguno de los dos apuestan por una política que signifique afrontar los verdaderos problemas de la clase obrera: los enormes beneficios que la patronal obtiene en medio del paro y la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores. Que ni tan siquiera apuestan por preparar el terreno y la organización de los trabajadores para hacer frente a las agresiones del gobierno y los patronos.
Francia – Primer balance de la gestión del gobierno socialista
Después de más de cuatro meses presidiendo el gobierno socialista, Jospin sigue manteniéndose a un nivel honorable en los sondeos. Su predecesor, Juppé, pasado ese tiempo en Matignon, había empezado ya a bajar en picado en la opinión pública.
El gobierno socialista puede pues considerar que, de momento, se ha salido con la suya, después de la elección sorpresa de una mayoría de izquierdas. Pero esta situación representa una amenaza para la clase obrera y para la evolución de la situación política. Y las dos están relacionadas.
Los renunciamientos del gobierno son al fin y al cabo escasos, debido simplemente al hecho de que el candidato Jospin había tenido mucho cuidado en no hacer promesas que hubiesen podido comprometerlo con los trabajadores que forman la mayor parte del electorado de izquierdas. Incluso ha conseguido, en el tema de las 35 horas laborales por semana, dar la impresión de cumplir sus promesas… sin comprometerse realmente en nada, ya que en la cumbre entre el gobierno, la patronal y los sindicatos del 10 de octubre pasado, la promesa de hacer votar una ley de principio sobre las 35 horas para el año 2000 se veía moderada por la afirmación de que todo esto volvería a plantearse concretamente dentro de dos años, en función de la situación económica.
Además la patronal, al armar un escándalo (táctica conocida para obtener concesiones suplementarias), ha permitido al Partido Socialista y al Partido Comunista dar la impresión de llevar verdaderamente a cabo una política que se enfrenta a los intereses del gran capital.
Pero en cuanto se miran las decisiones concretas : abandono de los trabajadores de Renault-Vilvorde (cuya empresa ha sido cerrada tal y como la Dirección de Renault lo había decidido), la privatización de France-Telecom, la continuación de las medidas que preparan la de Air-France y la privatización de toda o parte de la SNCF, está claro que la política del nuevo gobierno se inscribe en la continuidad de la de sus predecesores.
En el proyecto de presupuesto de 1998, es cierto que hay algunas medidas que afectan ligeramente a los patronos y a los más ricos. Es que hacía falta encontrar la forma de equilibrar el presupuesto. Pero Jospin no ha puesto en tela de juicio el aumento de la TVA, decidido por la derecha, que amputa de 2 % el poder adquisitivo de toda la población, incluso la más pobre. Y tampoco ha tocado a lo esencial de los regalos hechos a través de la exención tributaria (un millón de francos por término medio para cada uno de ellos), con el pretexto de la creación de empleos en los DOM-TOM, a unos cuantos miles de pudientes que se han ofrecido un yate con su tripulación o una residencia con criados en las Antillas.
Y si el gobierno ha decidido limitar el número de beneficiarios de las prestaciones familiares, o reducir las ventajas concedidas a los que emplean personal doméstico para cuidar de sus niños, nada más el anunciar estas medidas ha desatado una reacción tumultuosa de los círculos patronales como de los políticos de derechas.
Por parte de los dirigentes del RPR o del UDF, quienes se echan para adelante en nombre de la familia, del ahorro y de la baja de impuestos – ¡ hay que atreverse ! – es de buena lid para intentar reaparecer después de la humillante derrota en las elecciones legislativas.
Pero los verdaderos problemas no tienen ni punto de comparación con la guerra de pacotilla parlamentaria. Se trata del porvenir político del país y de sus consecuencias para el mundo laboral.
Al seguir los pasos de sus predecesores, Jospin se condena a la misma impotencia que ellos con respecto al paro. Y debido a las mismas razones.
La lucha contra el paro exige medidas radicales. Exige que no se dude en sacar dinero de los beneficios patronales – que, recordémoslo, siguen incrementándose este año habiendo tenido ya el año pasado un crecimiento excepcional – tan ampliamente como se necesite para crear nuevos empleos o para repartir el trabajo entre todos sin disminución de salario. Exige una política que quiera ante todo salvaguardar los intereses de las clases trabajadoras como, más ampliamente, los de la aplastante mayoría de la sociedad (ya que no sólo los parados y sus familias tienen interés en que el paro se reabsorba, aunque esto represente de por sí mucha gente, sino también la aplastante mayoría de la sociedad).
Jospin lleva a cabo la política inversa, la que quiere ante todo salvaguardar los intereses de los grandes patronos. Una política que ha llevado, a lo largo de los años, a un desplazamiento considerable de la renta nacional de las clases trabajadoras hacia la burguesía, pero que no ha frenado ni siquiera el crecimiento incesante del paro. Una política que, al prolongarse, agrava la miseria material de una fracción considerable de la población.
Si nos referimos al proyecto de presupuesto para 1998, el gobierno cuenta con un nuevo crecimiento de la economía. Puede que esto ocurra, pero se trata sobretodo de un deseo piadoso, porque es algo que el gobierno no puede controlar en absoluto. En un pasado reciente, ha sido la economía americana quien ha alimentado las profecías optimistas. Pero el crecimiento económico no se propaga necesariamente como una epidemia de gripe : sobre todo sabiendo que el crecimiento que se ha visto en los Estados Unidos, por cierto muy relativo, ha tenido lugar en parte precisamente en perjuicio de potencias imperialistas rivales con las cuales la potencia norte-americana está envuelta en una guerra comercial cada vez más dura. Y lo que ha pasado con el crecimiento «milagroso» del Sudeste de Asia, después de la crisis monetaria devastadora que ha sacudido la región, demuestra que el desarrollo de la economía no es frecuentemente más que una fase muy provisional entre dos recesiones.
Incluso si hubiese un crecimiento de la economía en Francia, como lo profetizan algunas instituciones económicas, nada indica que se manifestaría por una disminución del paro. Mientras puedan, los patronos aumentarán la producción sin aumentar sus inversiones en máquinas o en bienes de equipo, y de todas maneras, sin contratar.
Las recriminaciones de la patronal en cuanto se hacen proyectos sobre la posibilidad de una ley-marco para la reducción de los horarios de trabajo son significativas. Los patronos ponen todo su empeño en salvaguardar y aumentar sus conquistas de los últimos años : poder poner a sus trabajadores en en ciertas ocasiones, imponer horarios alucinantes a otros, según las fluctuaciones de la demanda. Y antes de tener que contratar debido a un eventual incremento de la demanda en vez de imponer horas suplementarias, los patronos tienen un margen. Sin hablar siquiera de que, gracias a todos los logros obtenidos a su favor durante los últimos años, por culpa de la generalización de todas las formas de precaridad, los contratos serían de todas maneras contratos precarios. La disminución del paro a la que llevaría este aumento supuesto de la demanda sería una disminución precaria..
Si hubiera una mejora de la situación, el gobierno se encontraría quizás en buena posición ante algunas categorías sociales que podrían aprovecharla. Permitiría sin duda equilibrar más facilmente el presupuesto del Estado. Pero no existe ningún automatismo que asegure que conduciría a una disminución notable del paro y por lo tanto de la miseria.
Consecuencias políticas amenazadoras para la clase obrera como para toda la sociedad
¿La situación nó es peor con el gobierno de izquierdas que con los dos gobiernos de derechas que lo han precedido? Cierto. Pero la diferencia, precisamente, es que se trata de un gobierno de izquierdas. Las consecuencias de los dos precedentes pasos de la izquierda por el gobierno, el primero de 1981 a 1986 con el PS y el PC juntos y después el PS solo, el segundo de 1988 a 1993, ya habían sido graves para la clase obrera. La política que había llevado a cabo la izquierda, las supresiones masivas de empleos, la congelación de los salarios y la disminución multiforme de la protección social, habían conseguido que lo esencial de la crisis lo soportaran los trabajadores. Lo cual había conducido a una degradación del nivel de vida de la clase obrera, pero también a su desmoralización, a su desorientación política.
Durante todo un período de tiempo, esta desmoralización ha sido un factor esencial de la disminución de la capacidad defensiva de los trabajadores frente a los ataques patronales. Todavía hoy, la clase obrera sigue pagando los efectos desmoralizadores del paso de la izquierda por el poder, de sus promesas traicionadas, de su servilidad ante el patronato en detrimento de los trabajadores. Y esta desmoralización ha tenido como consecuencias, a nivel político, la disminuición de influencia del Partido comunista pero también el crecimiento de la influencia y del peso electoral del Front national.
Pero las consecuencias pueden ser más graves hoy en día, aunque sólo sea porque esta situación está durando. La política de Jospin y de su gobierno no es ni mejor ni peor que la de Fabius, la de Rocard o la de los otros. Pero la influencia del Front national ya no es la misma. Un fracaso manifiesto del gobierno socialista, conjugado con el descrédito del RPR y del UDF, abriría un enorme camino al Front national.
Las elecciones parciales en distritos municipales, que han afectado a cinco distritos, y que se han desarrollado el día 21 de septiembre, se han destacado por la progresión, muy importante en dos de los casos, del Front national. En el distrito de Mulhouse-Nord, el candidato del Front national ha llegado en cabeza, y de lejos, con el 44,6 % de los votos. En el distrito de Blanc-Mesnil y en el de Epinay-sur-Seine, ambos en la región parisina, los candidatos del Front national han obtenido el 25,8 % y el 23,6 % de los votos respectivamente.
Se trata unicamente de elecciones parciales en distritos municipales. Pero dan indicaciones más reales que los sondeos e indican el sentido de la evolución.
De momento, el Front national sigue siendo un partido de extrema-derecha electoralista, como lo es también la agrupación de De Villiers, y como lo son igualmente el RPR y el UDF. Su estrategia visible está orientada hacia la conquista de posiciones electorales, en las municipalidades, en los «las diputaciones departementales» o en los «en las diputaciones regionales» y, al menos es lo que le gustaría al Front national, en el Parlamento y el Senado. Esta estrategia no excluye en absoluto las alianzas con el UDF o con el RPR – son ellos quienes, desde hace varios años, se niegan a toda alianza e incluso a acuerdos de renuncia. Han escogido diferenciarse de él, incluso en la segunda vuelta, para que los electores tengan que elegir entre ellos y el Front national.
Pero, entre los notables del RPR o del UDF, cada vez hay más que piden, abiertamente o hipócritamente, que se escoja la alianza. Las elecciones legislativas les han servido de escarmiento, puesto que el fracaso de la derecha ha tomado proporciones que ya conocemos, principalmente porque, en gran numero de casos, los candidatos del RPR o del UDF se han encontrado en la segunda vuelta, no solamente frente a un candidato de izquierdas, sino también frente a uno del Front national.
Al RPR y al UDF no les interesaba llegar a ningún acuerdo con el FN que les obligase a los unos o a los otros a desistirse a favor de su rival. Esto debido a que su peso electoral era superior al del Front national. Pero como este último no ha dejado de ejercer una influencia cada vez mayor, mientras que la coalición RPR-UDF perdía de la suya, la tentación es fuerte para los dirigentes de la derecha, cuyas preocupaciones son raramente las ideologías o los principios, de elegir la alianza y no la rivalidad. Y encima, después del fracaso electoral, la derecha necesita encontrar una consolación en las próximas elecciones regionales.
Desde que aparecieron las leyes sobre la descentralización, las regiones, con sus importantes presupuestos, representan en cierto modo una mina de oro además de relaciones con el patronato local. La tentación de crear una forma de alianza electoral con el FN para las diferentes elecciones de las futuras diputaciones regionales es debida a intereses materiales bien tangibles.
Se puede decir que cuantos más electores gana el FN, más consigue ejercer una presión sobre la derecha e, indirectamente, sobre toda la casta de los políticos.
Y aunque su influencia sólo se traduce en los resultados electorales, ejerce una presión cada vez mayor sobre la sociedad en sentido reaccionario. Esto representa un peligro para la clase obrera, porque se trata de presiones fundamentalmente opuestas a sus intereses.
Y la puerta queda abierta para la otra posible evolución, que está incluída en el carácter ambiguo del Front national. Si la crisis se agrava, si la situación social convence a la burguesía de que un partido fascista es necesario, y si al mismo tiempo atrae hacia el Front national no solamente a una parte de la pequeña burguesía arruinada, sino también a una fracción de los más pobres que, no teniendo ya nada que perder, estarían dispuestos a venderse, entonces Lepen y su partido serían los primeros candidatos.
Si esta situación apareciese, el gobierno socialista (sobre todo si hay ministros comunistas) constituiría un blanco a la vez que una forma de mobilizar las tropas fascistas, más allá del gobierno, contra la izquierda y contra la clase obrera.
Confiar al gobierno la lucha contra esta amenaza sería una ilusión porque hay una relación directa, palpable, entre la incapacidad voluntaria del gobierno en atacar al patronato para sustraer el dinero necesario para proteger a los trabajadores y a la sociedad en general del paro y sus consecuencias, y la creciente influencia del Front national. Sólo la reacción de la clase obrera, su combatividad tanto en lo que respeta a su situación material como a sus intereses políticos, podrían constituir el antídoto contra estas amenazas.
Nadie puede prever si la combatividad de la clase obrera se reforzará dentro de poco o si será en un futuro lejano. Pero lo que está claro es que no se puede confiar en las organizaciones sindicales para organizar la reacción necesaria. De momento, el PCF y la CGT no se manifiestan como frenos de la combatividad obrera, justamente porque en el contexto actual esta última no es muy grande.
La experiencia de 1981-84 ha servido al PC de escarmiento, puesto que en esa época el partido perdió gran parte de su base electoral. Acordándose de esta situación, no quieren aparecer como simples partidarios del gobierno «de izquierdas». Al contrario, su política actual pone de relieve que el gobierno no puede hacerlo todo y que «la gente» debe implicarse y resolver sus problemas ellos mismos. Pero el PC tiene mucho cuidado cuando dice esto, y no hace nada para organizar la intervención de los trabajadores.
Esta actitud cuadra muy bien con el ánimo de la mayoría de sus militantes, puesto que desconfían del partido socialista pero, al mismo tiempo, no pueden más que comprobar la desorientación de la mayoría de la clase obrera, desorientación que comparten con creces.
Pero justamente, si la combatividad de la clase obrera aumenta, la posición de las burocracias sindicales será mucho menos confortable, porque puede haber militantes del PC, de la CGT, y tambien del Partido Socialista, de la CFDT o FO, que se tomen en serio los propósitos de hoy en día sobre la necesidad de que «la gente» intervenga para cambiar la situación.
Los militantes obreros revolucionarios deben prepararse a esta perspectiva, esforzándose en el período actual en incrementar la confianza que les dan los trabajadores y militantes que los rodean.