A raíz de la proliferación de los seguros privados, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado una ayuda de 100 euros a todos los niños menores de 16 años para comprar gafas, un “primer paso”, según ella, pues la cobertura debería ser universal. García, que fue activista de Marea Blanca y defensora de la sanidad pública, muestra con esta insuficiente medida el escaso margen de maniobra que tiene como ministra para poder mejorar la vida de la gente y eso que, junto a su partido, proclamaban en sus programas electorales que garantizarían “…el cumplimiento de la cobertura sanitaria universal eliminando las trabas administrativas y legales existentes para el cumplimiento íntegro de este derecho…”
Lejos de estas declaraciones, el gasto sanitario privado en España alcanza ya un 26%: un total de 33.606 millones de euros en 2022, lo que convierte el acceso a la salud en una cuestión desigual, de clase. La desigualdad es obvia y cada vez mayor, pues muchos servicios no están cubiertos por el sistema público sanitario o lo están de manera parcial, como gafas, sistema dental, ortopedia, etc…
En 2023, cada español gastó de media 631 euros en salud, un 4,8% del presupuesto total del hogar, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Esta proporción era del 3,4% en 2006, primer año con datos disponibles. Por su parte, los seguros privados no paran de crecer: suponen un 20,7% de las familias, cinco puntos más que en 2010. El número de pólizas se ha disparado, especialmente desde la pandemia: uno de cada cuatro españoles (12,6 millones de personas) ya tiene una.
Es lógico, dados los recortes que empeora la calidad de la sanidad pública y aumenta los plazos de tiempo, que una familia que se ve inmersa en un problema de salud, haga todo lo posible para aligerar, por ejemplo, los cada vez mayores tiempos de espera. Porque aunque haya una ley de plazos los responsables políticos siempre encuentran formas para sortearla; se está dando con frecuencia, por ejemplo, el hecho de que el centro de salud no dispense citas porque en ese momento el médico “no tiene abierta la agenda” de forma que tienes que esperar a que esta se abra, sorteando así la ley de plazos ya que de esta forma no constas en la lista de espera.
Otra realidad que se viene imponiendo desde 2010, es que las consultas externas en hospitales privados han aumentado un 133%, frente al 20% en los públicos. La actividad diagnóstica (resonancias, TAC, biopsias) también ha crecido más en la privada, consecuencia, una vez más de la tardanza y la merma de calidad en la pública.
Lo que sucede no es nuevo, ocurre en todos los demás servicios públicos, pasando por la Educación o por las pensiones. Y responde a toda una estrategia del capital para mermar salarios y tomar tajada de todo lo público para lograr beneficios, aquí en España y por todo el mundo pues el capitalismo es internacional y requiere para su propia subsistencia la continua obtención de beneficio. En el caso de EEUU esto se ve claramente, cómo siendo el país más rico del mundo, la sanidad es un desastre y la esperanza de vida ha caído en los últimos diez años.
La lucha por la sanidad pública no compete solo a los trabajadores sanitarios; esto aquí lo comprende gran parte de la población. Es una lucha conjunta, de toda la población trabajadora, porque recortar en salud mata y también merma nuestros salarios. Hay que dar el siguiente paso y comprender que esta lucha, como tantas otras, compete a toda la clase trabajadora a nivel internacional, y que pasa por derrocar el capitalismo poniendo toda la sociedad en su conjunto al servicio de las personas, no del beneficio capitalista.