¡Que los ladrones devuelvan el dinero!

Le toca pagar a la banca, debe devolver todo lo cobrado por la cláusula suelo. Eso es lo que la sentencia de la Unión Europea dictamina. Pero esto es nuevo; la banca siempre gana. ¿No? Bancos y cajas vuelven a las portadas de las noticias, han pedido ayuda a papá Estado para que defienda sus posiciones o sea el dinero amasado, pretenden que se les vea más como víctimas que como causantes del expolio causado. Y como no, el gobierno ya ha movido ficha, evitando que las miles de familias afectadas recuperen su dinero fácilmente, pretende empantanar una reclamación legítima hasta hacer perder la paciencia o el dinero a los titulares de los préstamos. Para hacer efectivo ese poder ha creado una reforma de ley a medida, un paraguas para las entidades financieras, que entró en vigor desde el sábado 21 de enero. Todo es poco cuando se trata de salvaguardar los intereses de banqueros y capitalistas.

Allá por mayo de 2013 el Tribunal Supremo declaró abusivas las cláusulas suelo, sentenciando a BBVA, NCG Banco y Cajas Rurales por su falta de trasparencia, aunque no dio carácter de retroactividad, por lo que la “nulidad de las cláusulas no afectará a la continuación del contrato ni a los pagos ya efectuados”, según el Alto Tribunal, tan solo a los nuevos que se formalicen.

El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que las entidades financieras deberán devolver todo lo cobrado y no sólo a partir de las hipotecas formalizadas desde el 9 de mayo. Esta sentencia responde a las consultas de un Juzgado de lo Mercantil de Granada y otros dos de Alicante, en relación a los contratos hipotecarios formalizados por BBVA, Caja Sur y Popular. Las entidades financieras tendrán que pagar hasta unos 7.500 millones a los afectados por estas hipotecas. Esta suma consistiría en 2.600 millones que la banca debería devolver por todo lo cobrado en las cláusulas suelo entre mayo de 2013 y finales de 2015 (hasta que se tienen datos) que ya habrían ido aprovisionando desde 2013, más las cantidades que resultan de aplicar la retroactividad en las devoluciones, que se estima en un sobrecoste máximo de 5.000 millones.

Ante el tamaño de las devoluciones, las entidades se han puesto en guardia después que la primera sentencia del Tribunal Supremo les había tranquilizado. Para entidades pequeñas su impacto podría poner en la escena nuevas fusiones y adquisiciones. Unos tres millones de afectados esperaban con justificada expectación la sentencia. Se esperaba un aluvión de reclamaciones, encauzadas a través de organizaciones de consumidores. Con todo ello la banca animaba a los clientes a negociar los términos ante las sucursales, antes de emprender nuevas acciones legales, ya que según decía, estaba en condiciones de ejecutar las devoluciones manteniendo su solvencia.

El gobierno regulará mediante el recién creado decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, el mecanismo por cual los bancos podrán devolver o no, las cantidades cobradas de más. De forma que los bancos no estarán obligados a devolver las cantidades si consideran que los contratos no eran opacos y dispondrán de un mes de plazo para anunciar a los clientes si aceptan el proceso extrajudicial o no. A continuación, después de recibir las reclamaciones, disponen de tres meses más para contestar.

La norma no establece sanción alguna para las entidades que no se adhirieran al sistema extrajudicial de reclamaciones y tampoco habrá sanción para las que si lo hagan pero no devuelvan todo el dinero a los usuarios afectados. Además FACUA advierte, “si acude a los tribunales antes de someterse al procedimiento extrajudicial, el hipotecado tendrá que pagar las costas en caso de que el banco acepte devolverle el dinero.”

Vemos como el gobierno, a pesar de la sentencia favorable a la mayoría, trata de reescribir las leyes a conveniencia de los de siempre, incorporando una interpretación a su antojo revestida de falsa interés hacia los afectados. Tan solo sirve a los intereses del capital, único al que reconoce el derecho.

La vivienda es un negocio jugoso para banca e inversores. Lejos de considerarse una necesidad que tiene como ejemplos a miles de familias sin casa y desahuciadas, la vivienda es la niña bonita del sector inmobiliario y el principal motor de la economía, hasta el estallido de la burbuja, en simbiosis junto con el sector financiero.

Un sector que ya se benefició de un rescate millonario que pagamos entre todos los trabajadores y que no fue devuelto. Beneficiado con préstamos, cláusulas abusivas, contratos opacos y leyes a su servicio… todo para que sigan haciendo negocios gracias a nuestros créditos. Los bajos salarios, pensiones, etc… ya de por sí hacen que las familias tengan que acudir al crédito en unas condiciones miserablemente toleradas y con las que las entidades disponen de todas las ventajas y los clientes, ninguna. Quedamos expuestos a la expropiación de todo lo que tenemos. La banca explota a los explotados.

Acabar con el robo descarado de estos parásitos sólo será posible tomando a los bancos y demás entidades financieras y unirlos en una banca al servicio de las necesidades de toda la población, controlada por los trabajadores. Esta es la única posibilidad de conseguir que el dinero tenga un uso verdaderamente social, destinado a cubrir las necesidades de las personas y no a engrosar las cuentas de los capitalistas. ¡Expropiación de los parques de vivienda a la banca! ¡Crear una banca pública para atender las necesidades de la población y crear puestos de trabajo!