Recientemente hemos tenido la noticia de que el gobierno tendrá que rescatar las autopistas radiales de Madrid. Una inversión que se ha demostrado desastrosa y que pagaremos los contribuyentes. Vamos, lo que se dice «socializar las perdidas». ¿Y por qué hay que rescatarlas? Porque en los contratos de concesión existe la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que obliga al Estado a asumir la gestión de la infraestructura que está en quiebra y, además, abonar a las compañías concesionarias el importe de la inversión que no han recuperado. Así Abertis, ACS, Sacyr y Bankia iniciaron un proyecto sin el más mínimo cuidado porque contaban con la garantía de que “Papá Estado” los salvaría de sus propios errores o inoperancia.
La construcción de infraestructuras públicas en régimen de concesión debe de cumplir unos requisitos mínimos, como que sean ajustadas en precio y que las condiciones de explotación no sirvan para inflar desmesuradamente las cuentas de las grandes empresas, sino que sea un justiprecio por el servicio dado. Además la financiación de la inversión la debe realizar la empresa concesionaria sin coste para el Estado. Por último, que el concesionario, y sus acreedores en caso de insolvencia, asuman su riesgo de forma equitativa. El incumplimiento de estas normas y aceptar el rescate nos va a costar unos 5.000 millones de euros a los españoles que pagaremos con un aumento de impuestos.
¿Y qué causas han provocado la quiebra? En definitiva una nula responsabilidad de las empresas, que al contar con la salvaguarda del Estado dispararon con pólvora del rey. Pagaron terrenos expropiados por un precio muy superior al que tenían e hicieron previsiones de uso en plena burbuja inmobiliaria y con pronósticos de ir al alza. El reventón de la burbuja hizo que todas las previsiones fueran papel mojado y en cuanto a los precios de los terrenos, incidir en que el presupuesto que era de 387 millones de euros acabó finalmente en más de 2.217. Ganancias para los latifundistas y terratenientes que tuvieran esas tierras, apoyado en la ley del suelo que aprobó Aznar y que convirtió en urbanizable todos los terrenos que hasta entonces eran rústicos.
Pero no es este el único caso. Recordemos el pago de casi 600 millones a filiales de ACS por una desaladora que casi no funciona en Murcia. Y el del almacén de gas del Castor, también de ACS, en costas de Castellón, que produjo numerosos terremotos que obligaron a su cierre. Este depósito tenía la finalidad de almacenar en el subsuelo gas para poder compensar cualquier inestabilidad en los países suministradores. El proyecto fue aprobado en 2008 sin los estudios geológicos y medioambientales que tocaba hacer. En octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó indemnizar con 1.300 millones de euros a Escal UGS (participada por ACS) por el fallido proyecto. Esto fue así porque el Estado se comprometió contractualmente a cubrir el riesgo de extinción o fin de la concesión incluso cuando hubiera concurrido dolo o negligencia por parte de la compañía. Es verdaderamente escandaloso, que los políticos acepten de antemano «reparar» los daños causados por las negligencias y malas actuaciones de los capitalistas y grandes empresas sin ningún castigo para estas. Para evitar que las cuentas se les «descuadraran» y aumentara el déficit, el gobierno vendió el depósito inutilizado a Enagás, comprometiéndose a elevar durante los próximos 30 años la tarifa cobrada por Enagás en la comercialización del gas.
Así que vemos el modus operandi es siempre el mismo, redistribuir la renta de los trabajadores hacia las grandes empresas. ¡Solo falta incluir en los presupuestos generales un epígrafe que diga: «traspaso de fondos sociales al IBEX-35»!