El informe sobre la pobreza o exclusión social AROPE (At Risk Of Poverty or Exclusion) presentó los datos de 2023. La tasa de riesgo alcanza al 26,0 % de la población residente en España, es decir, unos 12,3 millones de personas están lejos de vivir dignamente.
El mismo informe registra un incremento de las personas que llegan con dificultad a fin de mes: del 44,9 % que declaraba algún tipo de dificultad en 2021 se asciende al 47,8 %, lo que supone cerca de 1,4 millones de personas más y llegar, casi, a la mitad de la población española.
La calidad de vida de las familias desciende y entre sus causas están el paro y los bajos salarios. Mientras, los precios de los productos y servicios no dejan de aumentar. Los grandes grupos de alimentación y las energéticas buscan elevar sus beneficios asfixiando la economía de las familias trabajadoras.
Un ejemplo, las compañías de luz y gas han registrado cifras récords con miles de millones de ganancias los dos últimos años a costa de elevar el número de personas que no han podido mantener una temperatura adecuada en su hogar: un 17,1 % frente al 14,3 % de 2021 y 10,9 % en 2020.
Pero el gobierno de progreso en lugar de ir contra las grandes empresas y sus planes para elevar beneficios, causa del aumento de la pobreza, se dedica a poner parches, a repartir la pobreza. Con que se invirtieran esos beneficios en la sociedad se podrían crear muchos empleos.
Se podría decir que la renta mínima o los bonos sociales permiten a algunas familias salir a flote. Pero estas medidas se financian con dinero público y los causantes de la subida de precios, las grandes empresas se van de rositas.