La UE acaba de poner en marcha un nuevo reglamento que vuelve a poner en el punto de mira a los inmigrantes. La Comisión, el Parlamento y el Consejo han pactado el nuevo reglamento de retornos basado sobre todo en una aceleración de las deportaciones y en la autorización de que los países miembros -que son los que tienen la competencia- puedan disponer de centros de detención de migrantes en terceros estados. Entre las filas socialdemócratas en la Eurocámara tan solo se ha producido una tímida reacción, lanzada a través de las redes sociales. En ellas se afirma con hipocresía que el funcionamiento de los centros de detención van a resultar de una más que dudosa legalidad porque vienen propuestos por la derecha y la extrema derecha.
Pero aunque este paso lo esté celebrando la derecha y la extrema derecha europeas, detrás están los intereses de la burguesía empresarial, apoyada por toda su caterva política, que en definitiva componen la UE. Con estas nuevas medidas buscan un mayor control de la mano de obra migrante, por el empleo de la fuerza; en definitiva la burguesía que representa los intereses de las grandes empresas en los países miembros de la UE ha puesto en marcha una política migratoria más dura para que los inmigrantes puedan ser explotados laboralmente, recluirles en algún CIE cuando no se les necesite por tiempo indefinido, hasta ser devuelto a sus países de origen.
No en vano la nueva normativa de retorno prevé plazos de detención para estas personas de hasta dos años en caso de que haya riesgo de fuga o no se coopere con las autoridades. La UE incluye en estos plazos a los menores no acompañados. El cinismo viene en forma de “matiz” al decir que en este caso se trata “del último recurso”.
Por un lado las medidas contempladas en el nuevo marco entrarán en vigor doce meses después de su aprobación. No obstante, algunas disposiciones, como la autorización para externalizar los centros de deportación y el refuerzo del respaldo a la agencia europea de vigilancia fronteriza, Frontex, serán aplicables de forma inmediata una vez que la normativa se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esto quiere decir que el control, las detenciones y los encarcelamientos van a empezar a funcionar desde ya sin esperar a que la parte normativa vea la luz; la burguesía no necesita plasmar en ningún sitio su voluntad, la lleva a cabo y punto.
Desde la derecha del PP, el eurodiputado Javier Zarzalejos considera un éxito el proceso porque se consigue una inmigración “ordenada, regular y vinculada al mercado laboral, frente a las vías irregulares y las regularizaciones masivas promovidas por el Gobierno de Sánchez”.
Ya sabíamos que el proceso de regularización de inmigrantes que puso en marcha Pedro Sánchez y su gobierno de “progreso” no gustó al PP. Sin embargo con esa medida buscaba simpatizar con la patronal que venía reclamando tiempo atrás mano de obra barata y en este sentido el resultado es el mismo por mucho que la derecha lo critique.
La patronal siempre ha utilizado la inmigración para explotar a los trabajadores, en el campo, en la construcción o en los servicios, aprovechando su situación de vulnerabilidad y de necesidad de estas personas, para ofrecerle peores condiciones de trabajo y sueldos más bajos. Pero es solo la antesala de una reducción de salarios y de condiciones de vida generalizada al conjunto de la clase trabajadora. La burguesía quiere que los trabajadores paguemos la factura de sus guerras imperialistas, con nuestros salarios y a costa de nuestro nivel de vida, para así mantener sus beneficios empresariales. Contra esto la clase obrera nativa o extranjera debe unirse y luchar.