El Gobierno empieza a desactivar este lunes 1 de junio el plan anticrisis para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio con el fin de la rebaja del IVA para la luz y el gas; lo hace sin aclarar qué medidas se mantendrán más allá del 30 de junio.
El IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá al tipo general del 21 %, tras un mes y medio a tipo reducido (10 %), y también finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5 % al 5 % habitual.
Los que más van a notar este cambio van a ser las personas y familias en situación de vulnerabilidad, con escasos recursos, los pequeños autónomos, todas aquellas personas que estén acogidas al bono eléctrico. Y este cambio se produce en un contexto de alta inestabilidad de los precios debido a las guerras imperialistas y a la especulación de los precios de las materias primas.
Primero fueron otras ayudas, como las destinadas a sobrellevar los efectos de la pandemia, sin embargo con cada crisis y con cada conflicto bélico derivado de las tensiones imperialistas éstas ayudas se cronifican y esconden retrocesos continuados para las clases populares y trabajadoras.
El paquete de ayudas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania debido a los efectos sobre el precio de las materias primas, la energía y combustibles, luego vinieron las ayudas destinadas a paliar las dificultades de los hogares por las consecuencias de la actual guerra en Oriente Medio. Las ayudas que el Gobierno despliega en cada crisis: rebajas del IVA, ayudas directas, bonificaciones al transporte, ampliación del bono social…
Estas medidas pueden aliviar parcialmente la situación, pero no modifican el problema de fondo. No cambian quién controla la energía ni cómo se fijan los precios. No garantizan salarios suficientes. No revierten la pérdida acumulada. Su función es otra: contener el malestar social lo suficiente para que la estructura económica siga funcionando y mantener los beneficios de los capitalistas. Del mismo modo que se dice «no a la guerra» pero se mantienen relaciones diplomáticas, comerciales y defensivas con los países que las promueven.
El problema no es solo que los precios suban. Es que los salarios no lo hacen al mismo ritmo. Durante estos años, y pese a incrementos puntuales, las subidas salariales medias en convenio se han situado por debajo del impacto inflacionario acumulado. El resultado es una pérdida real de poder adquisitivo para las clase trabajadoras que se arrastra año tras año y que no se recupera. Cada decreto de ayuda sirve de excusa para que la clase trabajadora pague de su bolsillo la guerra imperialista.
Es el funcionamiento del sistema capitalista. Cuando los precios suben más que los salarios, se produce una transferencia de renta desde el trabajo hacia el capital. El trabajador paga más por vivir, mientras los márgenes empresariales se mantienen. Por eso, la vinculación de salarios al IPC es una reivindicación básica porque sin ella, cada crisis inflacionaria se convierte en una rebaja salarial encubierta. Es la industria de la guerra la que se beneficia a costa de la población trabajadora.
Todo esto pone el foco en la militarización de la economía. No se trata solo de gastos en defensa, la burguesía está reorientando la economía alrededor de las prioridades militares, en función del clima bélico creado por los países imperialistas. Exigir subidas de salarios de acuerdo al IPC, la escala móvil de salarios, es una prioridad para la clase trabajadora. Y con ello impedir a la burguesía que se destine a gastos militares.