El domingo en Madrid se hizo una manifestación multitudinaria exigiendo soluciones para el problema de la vivienda; mientras que los sindicatos así como muchos partidos al uso piden más medidas fiscales, ayudas para el propietario, etcétera, hay que decir alto y claro que el problema de la vivienda en España, ni en ningún otro lugar, va a desaparecer mientras no desaparezca de la sociedad la avidez del negocio, por el beneficio, propio del sistema capitalista.
Se podrán frenar, en cierta medida, los desahucios que por cierto, han seguido subiendo a pesar de las medidas tomadas por el «gobierno de progreso». De hecho España cerró 2023 con 26.659 desahucios, mientras la vivienda marca su precio más alto previo a la crisis de 2008. La turistificación aumenta la especulación inmobiliaria. Y comprar un piso, como hacían nuestros mayores, es cada vez más difícil para muchos trabajadores e imposible para los jóvenes, puesto que la vivienda no es un bien público sino una mercancía, como cualquier otra. Siete de cada diez jóvenes viven con sus padres pese a que muchos cuentan con salario propio, salarios con los que ahorrar es ciencia ficción.
La causa real de la falta de viviendas asequibles y dignas no es la falta de ellas sino que se han convertido en un activo de inversión. Es decir, un negocio rentable para bancos, fondos de inversión y demás especuladores que, a falta de beneficios en otros sectores, invierten en el sector inmobiliario a costa de la población trabajadora. Respecto a este tema son vergonzosas las declaraciones de la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, que ha pedido solidaridad a los caseros para bajar las rentas.
El sindicato de inquilinas de Madrid lleva razón cuando dice que llegó la hora de salir a las calles y organizarse; llevan razón porque la lucha vecinal y la lucha obrera siempre han sido el camino y no esperar que las soluciones lluevan desde ningún alto ministerio.