El 24 de enero pasado se conmemoró el 40 aniversario de la “Matanza de Atocha”. Todos los medios de comunicación han destacado el acontecimiento como una de las claves en la “conquista de la democracia”. Es necesario, por ello, realizar un ejercicio de restauración de la memoria histórica contemporánea y al mismo tiempo extraer algunas conclusiones que permitan a las nuevas generaciones tener una opinión crítica de nuestra memoria histórica de la llamada Transición.
En esa misma fecha de 1977 son asesinados 3 abogados, por un grupo de pistoleros fascistas, a sangre fría, en su despacho laboralista de la calle Atocha; son Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Javier Sauquillo. Un estudiante, Serafín Holgado y un administrativo, Ángel Rodríguez Leal hieren de gravedad a Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Lola González, también abogados laboralistas. Desde estas páginas, queremos recordar y homenajear a todos ellos y ellas, ya que pagaron con su vida, la lucha por la libertad y la defensa de los trabajadores.
En nuestro país la justicia tiene dos varas de medir; por ello no es de extrañar que la justicia fuera ciega sólo para los pistoleros de extrema derecha, asesinos de los trabajadores del despacho de Atocha, que fueron protegidos y excarcelados. Hubo un juicio en 1980 para tapar las vergüenzas. El juez Chaparro que instruyó el caso, entorpeció la investigación para que no se llegara a saber quién estaba detrás de la matanza, quiénes fueron sus cabezas pensantes, pues todo apuntaba a los servicios secretos, hasta el punto que hoy sigue siendo “caso abierto”.
Hubo cuatro procesados, tres pertenecientes a organizaciones de la extrema derecha franquista y un cuarto como inductor, el entonces secretario provincial del Transporte de Madrid, del corrupto sindicato vertical, Francisco Albadalejo Corredera.
Como afirmaron miembros de la acusación particular, la primera conclusión que se extrae es que el periodo llamado “Transición”, entre la muerte del dictador y 1982, no fue un ejemplo modélico e incruento como se ha dibujado hasta ahora desde fuera y dentro de España por el periodismo y políticos nacionales e internacionales, como modelo exportable a otros países, sino todo lo contrario, fue un momento álgido de lucha de clases en la que murieron asesinados por la policía y los matones de la extrema derecha cerca de 200 personas por participar en huelgas y manifestaciones. Y encarcelados, muchos más.
La segunda conclusión tiene que ver con el aparato de Estado y su continuidad. El gobierno, la justicia, el ejército, la policía, las cortes etc., lo que llaman las instituciones, no son más que el aparato de poder que permite a las clases dominantes mantener la cohesión económica y social y su dominación sobre las clases trabajadoras. La burguesía española necesitó de una dictadura genocida de la izquierda y la clase trabajadora en la guerra civil, para mantener su dominio. Pasado los años, y más aún, después de la revolución de los claveles en Portugal, sectores del régimen con la inmensa mayoría de la burguesía, buscaban un régimen político parlamentario, al uso de los países europeos, que permitiera su dominación sin necesidad de la represión continua que el franquismo significaba para las clases populares. Con la crisis económica del capitalismo de 1973, la llamada crisis del petróleo, la situación se volvió más y más inestable. Cientos de miles de jóvenes obreros y estudiantes estaban en franca rebeldía contra la dictadura. Las huelgas y manifestaciones se sucedían y la burguesía como sus políticos del régimen, empezó a buscar su “transición”. El miedo a las clases populares, y a la clase trabajadora —que había forjado y organizado el movimiento de Comisiones Obreras—, estaba presente entre la gran patronal y los altos funcionarios del régimen. Muerto el dictador, había que buscar una salida urgente a la situación, la fuga de capitales era alarmante. Los políticos franquistas empezaron a buscar la manera de integrar a la oposición ilegalizada y controlar el movimiento obrero. Esto sólo se pudo hacer a través del Partido Comunista que dominaba las CCOO, y tenía una red de militantes en todas las organizaciones populares, desde la cultura a las asociaciones vecinales.
Dentro de los políticos del régimen franquista había una posición mayoritaria con Juan Carlos a la cabeza que fue la postura reformista, es decir, mantener todo el aparato de Estado, el mismo régimen pero transformando las Cortes y demás instituciones en órganos representativos parlamentarios con una izquierda, un centro y una derecha. Otro sector minoritario de extrema derecha, sin base popular ninguna, llamado el bunker, pretendía mantener la dictadura. Adolfo Suárez sustituyó a Arias Navarro y pasó de falangista a demócrata convencido de la noche a la mañana. Sabiendo que no tenían el apoyo popular necesario pactó con el PCE y la oposición socialista para controlar la situación. El aparato de Estado utilizaba a los pistoleros de extrema derecha y a la policía para reprimir huelgas y manifestaciones. Pero esta situación no se podía sostener. Y para ello, utilizando el miedo de la represión, exigió al PCE “responsabilidad” y capacidad para controlar la situación entre la juventud y la clase trabajadora.
Las directrices de la dirección del PCE ante los crímenes de Atocha fue la respuesta a Suárez. Carrillo, secretario general del PCE, demostró a la burguesía y sus políticos que tenía capacidad para controlar e integrar a las masas a cambio de conseguir la legalización y aceptación del Estado y la monarquía. Y esto lo hizo frenando cualquier protesta generalizada, reduciendo la respuesta a los asesinatos a la gran manifestación de duelo en el entierro. Después, hasta olvidaron exigir justicia e investigación del crimen y de todos los crímenes franquistas. Al PCE, le siguió el PSOE, que sin peso ninguno en la lucha antifranquista, era la cara amable y moderada para la burguesía y ganó las elecciones como única izquierda posible ante un aparato de Estado franquista sin Franco.
La tercera conclusión deviene de la lógica de este proceso. Sin mantener las reivindicaciones obreras y populares y la lucha de clases, claudicando ante la patronal y sus políticos tenemos lo que ahora tenemos, pérdida de derechos laborales, precariedad y paro. Sólo había que resistir. A cambio de integrarse en el Estado, tanto el PCE como el PSOE, e integrando a la vanguardia obrera e intelectual en la administración, garantizaron a la burguesía su régimen político, sin tocar el aparato de Estado y el sistema económico capitalista. Finalmente a través de los Pactos de la Moncloa consiguieron la sumisión de los trabajadores a la patronal, perdiendo salarios y derechos laborales, como por ejemplo la prohibición del despido improcedente, conquistados en el franquismo.