En estos días se ha conocido la sentencia judicial emitida en Barcelona que condena a Glovo a regularizar la situación de 3.572 repartidores que tenían como trabajadores autónomos, los “falsos autónomos”. Se ha investigado desde 2016 a 2018, tan solo, pero la sentencia –contra la que cabe recurso- de hacerse efectiva supondrá que Glovo al menos deberá pagar las cotizaciones sociales de sus trabajadores. No es la primera vez que le cae una sentencia condenatoria; de hecho existe, con anterioridad, otra sentencia del Tribunal Supremo que fallaba que Glovo “presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad”. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de organización empresarial propia, sino que están “insertados” dentro de la compañía, fijando esta el precio y la forma de pago. En su defensa Glovo argumentaba que su relación con los trabajadores “no era de naturaleza laboral”. Sin embargo, mantenía bajo control a los repartidores por geolocalización, ofrecía instrucciones concretas sobre cómo realizar el servicio, e incluso les facilitaba adelantos de hasta 100 euros si tenían que hacer compras a nombre del cliente. También “orientaba” el horario de los repartidores posicionando mejor a aquellos que cumplían sus expectativas horarias. El vicepresidente del área internacional de la firma, Arnau Cortés, defendió que el modelo de falsos autónomos era el preferido de la compañía porque así lo deseaban sus riders. ¡Desfachatez no le falta!
Así pues, no es la primera vez que se dictan sentencias contra Glovo y el Ministerio de Trabajo a través de su servicio de Inspección conoce perfectamente como la empresa funciona y como sortea la ley y se la salta una y otra vez. Ya tiene un largo historial de incumplimientos y de multas por pagar.
Y ante los requerimientos Glovo dice que en los últimos meses “se ha acudido a flotas externas para garantizar la operativa en este tránsito” y explica que “en distintas situaciones, para mantener la actividad, así como testear el modelo laboral, cambios operativos, etc, se ha acudido a terceras empresas; se trata de algo habitual en el sector”. Sin embargo, no responde cuándo fuentes sindicales les preguntan si estas terceras empresas son impulsadas por Glovo y cuándo denuncian que utilizan tablas salariales de 2006 con lo que el trabajador solo cobra el salario mínimo.
Este panorama de incumplimientos encadenados, no parece molestar mucho al socialista y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el cual se va a celebrar el cumpleaños de la compañía y declara que …”Queremos empresas como Glovo en Barcelona”, matizando ¡es lo mínimo! que estas tienen que adaptar su “esquema de negocio a las regulaciones”.
Con 3.000 empleados de oficina (la mitad de ellos en Barcelona) y unos 15.000 repartidores en España, según la empresa, 250.000 en todo el mundo, Glovo opera en 1.800 ciudades de 23 países. Está claro que no son los políticos ni las leyes de turno las que doblegarán a la empresa, sino la fuerza laboral inmensa que estos trabajadores tienen a nivel internacional. ¡Si los trabajadores de Glovo toman conciencia, su fuerza unida es imparable pues sin ellos los beneficios se esfuman!