“Se iban a morir igual” fueron las vergonzosas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso por su espantosa gestión de la pandemia en las residencia de ancianos en la comunidad de Madrid, dónde dejó morir a miles de personas, concretamente, 7.291 personas según datos oficiales.
Un 25% de la mortalidad asociada a la pandemia de la COVID-19 se produjo en Madrid. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso fue la región con mayor número proporcional de muertes: 22.000 de las 89.200 que se produjeron en toda España.
En estos últimos días se ha filtrado a la prensa parte de un informe forense que ha llegado a la Audiencia Nacional y dónde claramente se especifica que muchas de estas muertes eran evitables: “Con esta saturación de oxígeno procedía a la solicitud de traslado, salvo que otro criterio lo desaconsejase. No se hizo.”
Parece ser, que incluso las órdenes de no derivar a los ancianos a hospitales se aplicaron desde el inicio del estado de alarma, antes incluso de tener una base legal ni de estar completamente ultimados los protocolos de acción.
La conclusión es la que ya sabemos: los ancianos fueron abandonados a su suerte, sin posibilidad de sobrevivir con oxígeno insuficiente. Y no, no solo operó el colapso de la sanidad, sino ante todo la decisión política de vetar los traslados firmando así una sentencia de muerte. Muchos familiares y parte de la población madrileña siguen pidiendo justicia; el Estado y la Comunidad de Madrid son responsables, porque los recortes matan y también son decisiones políticas, y por unos protocolos sanitarios de vergüenza, que más parecen edictos de muerte, y por permitirlos.