PAH: «La cascada de desahucios sólo se verá frenada por la capacidad de actuación de los juzgados»
Los desahucios en España son un drama humano que quizá muestra como pocos la desigualdad de riqueza existente en nuestra sociedad y sus verdaderos culpables. Desde la derechona y los promotores inmobiliarios, que piden liberalizar el suelo y rebajar impuestos para seguir haciéndose de oro con el ladrillo y el Gobierno de “progreso” que se dedica a hacerle bonificaciones fiscales por no subir mucho el alquiler…
Y es que es el Gobierno del PSOESumar quien ha dejado morir el decreto de moratoria de los desahucios en febrero, aduciendo dificultades para hacerlo aceptar por los “socios” pero demostrando que la medida les estorba para gobernar sin ambages para los capitalistas.
Esta medida, muy insuficiente, fue aprobada a raíz de la crisis pandémica de 2020, la cual, ha ido prorrogándose año tras año (en el último momento, con la intranquilidad que ha conllevado para miles de personas) hasta febrero de 2026 cuando por falta de apoyo parlamentario no se renovó.
Recalcamos que la susodicha “moratoria” solamente los aplazaba y no anulaba los desahucios, además de que se han seguido produciendo y se compensaba con dinero público a los propietarios. Lo que supone es que, la desigualdad social causa de la falta de acceso a la vivienda sigue, ahí, “escudos sociales” aparte, y que el futuro de muchas familias se encuentra ligado a los vaivenes políticos de gobiernos al servicio de los poderosos.
Está claro que toda medida arrancada para limitar o incluso prohibir temporalmente los desahucios, prorrogar alquileres hasta hacerlos indefinidos o congelar rentas son medidas que deben exigirse, son medidas positivas y necesarias debido a la miseria existente en nuestra sociedad. Pero no debemos olvidar que ninguna de estas medidas basta por sí misma.
Ya describe la PAH la “coyuntura, tan negra como injusta y cierta… con un escudo desde 2020 hasta el tercer trimestre de 2025 [los desahucios] han ascendido a 182.604 en datos del CGPJ. Sin escudo habrían superado los 200.000.” Y avisa: “se vienen encima alrededor de 600.000 finalizaciones de contratos de alquiler renovados o suscritos en 2020, y que si sus renovaciones se imponen en los precios actuales (alrededor de un 40% más de renta) la cascada de desahucios sólo se verá frenada por la capacidad de actuación de los juzgados.”
A pesar de una extraña bajada en los desahucios practicados este primer trimestre de 2026 (4.000 frente a 7.000), las solicitudes de desahucio se disparan a más de 16.000.
Como advierte la PAH, los juzgados están colapsados y se prepara una ola masiva de lanzamientos.
Cada vez más personas sufren por el acceso a la vivienda. Es una estafa que unos pocos propietarios acaparen un bien básico como un techo y se enriquezcan subiendo los alquileres a nuestra costa, actuando como meros chupópteros que no aportan nada. Todo esto es cierto e indignante, pero es solo la primera capa del problema.
La verdadera estafa capitalista ocurre a diario en los centros de trabajo, donde la patronal se enriquece con la plusvalía: que es el beneficio que obtiene el capitalista de la explotación del trabajo. Es decir, la diferencia entre lo que produce el trabajador o la trabajadora y el salario que le pagan.
Esta riqueza social acumulada por unos pocos crece cada año debido a la inflación y al estancamiento de los salarios.
De la explotación de la mano de obra es “de donde resulta toda la plusvalía que se reparte después en forma de renta del suelo, de beneficio comercial, de interés del capital, de impuestos, etc., etc., entre las diferentes categorías de capitalistas y entre sus servidores” (F. Engels).
Solo la clase obrera en el poder podrá garantizar el derecho a techo
Al igual que el derecho constitucional a la vivienda, el derecho al trabajo tampoco se cumple. El poder en el capitalismo lo ostenta la burguesía, y el proletariado empobrecido sufre en primera persona no solo el problema de la vivienda, sino también el de la alimentación o la energía.
Los responsables son los fondos buitre, los grandes propietarios, los políticos y el aparato del Estado (policía, poderes ejecutivo y judicial) a su servicio.
Frente a ellos debemos oponer la organización de la clase trabajadora, con la perspectiva de que solo la clase obrera en el poder podrá decidir el reparto de la riqueza y garantizar el derecho a un techo.
La lucha y la movilización es el único camino
No necesitamos parches, sino una movilización que una la lucha por la vivienda con la defensa salarial (escala móvil ligada al IPC) y la prohibición de los despidos, ya que la pérdida de empleo o las pensiones de miseria son el detonante principal de los desahucios.
La medida inmediata más eficaz es expropiar las viviendas vacías y los inmuebles de lujo. Si los trabajadores producimos la riqueza, tenemos derecho a gobernar la sociedad y decidir qué se produce y construye.
¡Confiemos en nuestra propia movilización! ¡Gobierne quien gobierne!