Pedro Sánchez ha anunciado que va a prorrogar un año más, mediante un Real Decreto Ley, la serie de medidas sociales, el llamado “escudo social”, que se pusieron en marcha tras la pandemia. Además de un paquete de ayudas destinada a la población con menos recursos, se incluyen otras como la revalorización de las pensiones o los subsidios agrarios. Un decreto que deberá ser aprobado en el congreso.
Se repiten medidas de corte social destinadas a las familias con menos recursos, destacan la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua), el bono social eléctrico (cuyos descuentos están fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos) y la moratoria para desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Además de las ayudas para el transporte público y el nuevo abono único y la congelación de las cuotas de autónomos.
Dentro de ese paquete de ayudas sociales el gobierno ha incluido la revalorización general de las pensiones de jubilación un 2,7% en 2026. Un aumento de entre el 7% y el 11,4% de las pensiones mínimas. Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital se revalorizan un 11,4%. Este real decreto-ley deberá ser aprobado en el Congreso para poder echar a andar si bien el PP ya ha adelantado que votará contra la medida de revalorización de las pensiones.
Los bajos salarios, el paro y la precariedad laboral, el problema para acceder a una vivienda o la subida de los precios en bienes y servicios de primera necesidad son algunas de las dificultades que padece la población trabajadora, y cada vez en mayor proporción. El nivel de vida de la sociedad retrocede debido a los continuos recortes y privatización de los servicios públicos como en la sanidad o la educación.
Este sistema capitalista nos arrastra hacia el abismo
Todo esto que acabamos de enumerar es producto del funcionamiento del sistema capitalista, que funciona por el beneficio privado, un sistema donde una minoría posee los medios de producción y el dinero, con el único fin de enriquecerse y aumentar su capital. Esa minoría está formada por la burguesía y sus negocios, con intereses en las grandes empresas del país y en la banca.
Esta misma burguesía a través de sus empresas impone salarios a la baja, despidos y precariedad laboral y como dueña de las grandes cadenas de alimentación y distribución controla los precios de productos básicos, de la luz o el agua y todo ello para seguir obteniendo beneficios. Esto significa que la burguesía en el poder solo puede ofrecer migajas.
Se dirá que estas ayudas son mejor que nada, pero comparado con los beneficios de las grandes empresas no es así la cosa. El diario “El País” de estos días informa que las empresas del IBEX alcanzan de nuevo beneficios históricos. O que según Intermón Oxfam el salario más alto en las 40 mayores compañías españolas es 111 veces superior a la nómina media. O que la mayoría de los salarios no rebasan el IPC. Mientras el crecimiento económico se ha mantenido a un ritmo del 4,74% de media desde 2020, la situación de la población trabajadora ha ido en retroceso (Intermón Oxfam) y ante esto no valen medias tintas, ni parches.
A esta situación añadimos los recortes sociales como en sanidad, el deterioro de los servicios públicos, seguido de las privatizaciones para satisfacer las ansias de beneficios de los capitalistas. Y esta situación solo puede ir a peor por la creciente competencia entre los capitalistas mismos y su necesidad de obtener nuevas fuentes de beneficios; se entenderá que la única salida a esta situación es destruir ese sistema capitalista.
El gobierno ha calculado que el coste para las arcas públicas de este “escudo social” será como mínimo de unos 7.910,83 millones de euros “sobre el déficit público de 2026, en ausencia de medidas de ingreso”. La deuda pública aumentará y esto dará de nuevo munición a la derecha y la extrema derecha. Tras esta estrategia del despiste entre el gobierno reformista de Pedro Sánchez y la derecha con el PP se oculta la explotación del mundo del trabajo. Lo que se dirime realmente es control del dinero y su financiación por parte de unos y otros en el poder, porque la gestión de estas ayudas queda en manos de las distintas autonomías.
De momento la prórroga de los más de 600.000 contratos de alquiler que vencen en 2026 ha quedado fuera de ese “escudo social”. Son alquileres que han estado congelados estos últimos 5 años y sin una nueva prórroga es como firmar una orden de desahucio para estas personas. La rapiña capitalista en el sector inmobiliario con inversores y bancos sedientos de beneficios solo ven en esta maniobra del gobierno una oportunidad para engordar sus cuentas. El gobierno es incapaz de poner veto a la especulación inmobiliaria.
Un ejemplo de oligopolio: las eléctricas
Las compañías energéticas como Endesa en caso de las eléctricas o Naturgy con el gas obtienen miles de millones de euros, pero muchas familias apenas pueden mantener la temperatura adecuada en sus viviendas por falta de recursos económicos. Ante esto lo más lógico sería imponer a estas empresas que una parte de sus beneficios se destinara a sufragar el coste de la energía de estas familias.
Pero el bono social eléctrico está diseñado para que estas compañías no pongan un solo euro. Es la propia población trabajadora la que paga de su bolsillo ese coste del bono social destinado a las familias vulnerables. El de las eléctricas es un mercado no ya oligopolista, sino marcada y enteramente monopolista que ha aprovechado la connivencia política y las “puertas giratorias” para que prevalezcan sus intereses privados frente los de la población. Con ello han podido establecer un sistema tarifario que les permite aumentar sus ganancias elevando artificiosamente el precio de la electricidad, además de imponer las reglas de funcionamiento de ese bono social. Está claro que son las grandes empresas las que tienen el poder de decidir y no los políticos con sus leyes.
En el fondo se trata del mismo juego de esta izquierda reformista consistente en favorecer los intereses de los que tienen dinero, la gran burguesía capitalista y sus negocios, mientras reparte migajas a la población. Algo que además aprovecha la derecha con el PP para “criticar” el gasto público que suponen esas medidas.
Pero ninguno dice que de lo que se trata es de no tocar los beneficios empresariales a cambio de imponer más recortes sociales a la población trabajadora. En el fondo se oculta que es esa burguesía y sus negocios, las grandes empresas y bancos quienes realmente gobiernan a través de sus políticos y éstos con sus leyes. Pero para dar solución a los problemas hay que expropiar los medios de producción en manos privadas y ponerlos a funcionar en los de la clase trabajadora.