La Audiencia Nacional ordenó hace unos días – el 23 de mayo – el pago al PP de 1.245.154,18 euros por su condición de responsable civil subsidiario por financiarse ilegalmente desde “1990 hasta, al menos, el año 2008”. Dinero que debe pagar si no quiere ser embargado en un plazo corto de diez días y que se le está reclamando al partido pues ni sus extesoreros Bárcenas y Lapuerta, ni el exgerente Páez, ni el arquitecto Urquijo han aportado ese dinero.
Como siempre el PP responde con la típica rabieta de que hay una “caza de brujas” contra el partido. De resultas de este procedimiento le toca al PP sentarse en el banquillo como responsable civil subsidiario por “presuntamente” haberse financiado con dinero B sin constancia en la contabilidad oficial durante al menos 18 años, por “presuntamente” haber pagado en negro la reforma de la sede central del partido en Madrid, y por los donativos “presuntamente” irregulares. De momento el PP ha recurrido la sentencia alegando indefensión.
De esta financiación paralela se derivan una serie de infracciones fiscales, pero hay que recordar que muchas de estas infracciones ya han prescrito; por ejemplo, del Impuesto de Sociedades que según el juez el PP debió pagar y no lo hizo (pues era dinero inexistente en la contabilidad oficial) el único ejercicio no prescrito es el del año 2008.
El juicio aún no se ha celebrado y estas son medidas cautelares; pero es un hecho y nada “presunto” que todos vamos a pagar esta fianza con la contabilidad limpia del PP puesto que gran parte del dinero que hay en su caja proviene de dinero público.