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¡Que 2025 venga con una oleada de luchas para mejorar nuestras vidas!

Que Pedro Sánchez siga esgrimiendo la “herencia recibida” del gobierno anterior de Rajoy ya es más algo más que patético. La última de sus componendas ministeriales lleva ya más de un año y es más de lo mismo. El gobierno de Pedro Sánchez empezó 2024 con nuevos ministros, como quien estrena zapatos nuevos; lo presentó como “un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político”. Y de estos altos vuelos, ¿qué ha sido?

Como estamos viendo ni los salarios, ni los subsidios de desempleo, ni la creación de nuevos empleos han cogido gran “altura”. El problema de la vivienda se les ha atragantado y las manifestaciones en la calle han mostrado el malestar ante un problema que impide a los jóvenes y menos jóvenes tener un lugar digno para vivir.

Sin embargo en España, en 2023, las fortunas y los ricos aumentaron, concretamente un aumento del 5,2% respecto al año anterior, amasando una fortuna de 726.400 millones de dólares, 39.200 millones más que el año precedente. De todos ellos, las 100 grandes fortunas de España aumentaron un 27,7% en 2024 en relación con 2023 con una cifra que se sitúa en los 250.400 millones de euros. ¡Y por esta plusvalía extraída del mundo del trabajo casi ni pagan impuestos!

Casi acabándose el año se puede afirmar que la situación social en España se degrada de forma que, según el informe de la “Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social” (EAPN), que engloba a más de 8000 entidades sociales, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se ha incrementado en el último año y alcanza al 26,5 % de la población residente en España, unos 12,7 millones de personas de cerca de 49 millones que habitan en el estado español. De ellos 1,9 millones de personas que “no son pobres ni viven en hogares con baja intensidad de empleo” sufren, sin embargo, carencia material y social severa.

De igual forma los problemas y carencias del servicio de atención a la dependencia siguen ahí, inamovibles. A finales de 2023 según datos de “El País” más de 1,5 millones de personas se encontraban en situación de dependencia reconocida, pero más de 300.000 en lista de espera, sin ser atendidas. Más de 45.000 personas mueren al año en las listas de espera de la dependencia, sin ser atendidas, ¡un verdadero crimen social! 124 personas fallecen al día en esas listas, ¡1 cada 12 minutos! Todos sabemos que en la sociedad actual los negocios importan más que la vida humana y que detrás de todo ello se hallan intereses económicos, la de los empresarios que se llenan los bolsillos privatizando y precarizando un servicio tan esencial como el de la ayuda a las personas dependientes.

Los demás servicios públicos no están mucho mejor: maltrechos en todas las comunidades autónomas, aun con sus diferencias, tengan el signo político que tengan. Sindicatos y profesorado no dejan de advertir de la privatización encubierta que hay tras los recortes en Educación, con la excusa de que las ratios han bajado y de respetar “la libertad de elegir centro”, pero que en la práctica segrega al alumnado generando mayores desigualdades. Tenemos, en esta línea, según datos del sindicato USTEA, que en Infantil y Primaria, el incremento para la concertada es casi del 8%. En la ESO y Bachillerato la tendencia es algo mayor, del 10%. Con este panorama tenemos en España un “gobierno de progreso” que permite estas realidades: la privatización de la educación para negocio de los capitalistas y sectas religiosas como el Opus Dei.

Respecto a la Sanidad el panorama no es mejor que en Educación, en todas las comunidades autónomas. Falta personal en todas las categorías, los profesionales están desbordados, las pruebas de los especialistas se demoran, las listas de espera son demenciales… Como se ve claramente la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, activista que fue de Marea Blanca en Madrid, es incapaz de frenar el deterioro de la sanidad pública, a pesar de su alto cargo. Y es que quienes realmente deciden como se invierte y dónde, son las grandes empresas privadas, bancos, aseguradoras y farmacéuticas. El verdadero problema es que la riqueza que genera la población trabajadora va parar a las manos de las empresas del Ibex 35 y estas son las que ordenan y mandan.

En cuanto al desempleo, el número total de parados en España es de 2.754.100,01 personas en el tercer trimestre de 2024, lo que supone cierta mejora, a costa de la precariedad. El paro entre los jóvenes es el segundo más elevado de toda la Unión Europea. Habría que recordar que desde la reforma laboral de Yolanda Díaz (2022) hay más trabajadores fijos discontinuos en verano y que, cuando estos pasan a la inactividad tras los trabajos estacionales, no figuran como parados registrados en la estadística, por citar solo una de las variables que maquillan la realidad.

Para los que aún conservan su empleo, hay que decir que los salarios reales han caído y la precariedad sigue siendo un grave problema. Una de las formas laborales en las que se materializa esa precariedad es el empleo a tiempo parcial, que en el último trimestre aumentó desde el 12,5% de 2023 al 12,8%. A este tipo de empleo se accede, en su inmensa mayoría, por no haber encontrado empleo a jornada completa y no garantiza un salario suficiente para poder vivir dignamente.

Todo esto coexisten con la realización de millones de horas extras y jornadas abusivas. Así, según CGT, en el último trimestre del año se han realizado 4.057.300 horas extraordinarias pagadas (cifra máxima desde 2009), y 2.515.000 horas extras no pagadas a la semana, equivalentes a más de 60.000 puestos de trabajo a jornada completa. Además, la cifra de ocupados que trabajaron habitualmente más de 40 horas a la semana (contando segundos y terceros empleos) es del 11,75%, realizando una media de 52 horas semanales. Ante este panorama, el acuerdo recién firmado entre sindicatos y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, con la negativa de la patronal, para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025, no levanta muchos entusiasmos, por su escaso calado; además es un texto que no tiene garantizados los apoyos parlamentarios suficientes para su aprobación.

Como vemos sobran los motivos para desear que este nuevo año que recién estrenamos venga cargado de una oleada de luchas que reviertan esta situación.

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