Finalmente, el acuerdo gobierno-Junts ha permitido aprobar casi una treintena de medidas, manteniéndose las de carácter social, pero aplazando las tributarias y económicas. Entre las aprobadas, la suspensión de los desahucios para familias vulnerables, nuevas disposiciones para combatir las “ocupaciones ilegales” y reforzar las garantías para propietarios e inquilinos mediante avales públicos, ayudas para reformar inmuebles dañados por las ocupaciones, descuentos en el transporte público, revalorización de las pensiones, incremento en el ingreso mínimo vital, mejoras en el bono social eléctrico, ayudas a los afectados por la DANA en Valencia, etc.
Sin embargo, por mucho cacareo que se forme ningún escudo social va a proteger verdaderamente a la población, a los trabajadores, que no sea arrancado por la lucha y la movilización; llevamos años con los escudos sociales pero en España los desahucios han crecido, el empleo gana progresivamente precariedad, la vivienda es un problema que no se resuelve pues el escudo es sobre todo para los grandes propietarios. Estos hechos los podrán camuflar, pero son innegables y solo se podrían verdaderamente paliar si los trabajadores y la población en general imponen al gobierno que el dinero para las ayudas sociales sea obtenido de los grandes beneficios de empresas y bancos, así como de aquellas fortunas escandalosamente grandes, pues se hacen gracias al trabajo colectivo.
El año pasado, las cien mayores fortunas de España crecieron un 27%, según la última actualización de la lista Forbes. El patrimonio conjunto de las cien mayores fortunas asciende ahora a 250.400 millones de euros. Los 6 bancos que cotizan en el Ibex 35 han obtenido en 2024, beneficios récord de 23.656 millones de euros. Y las grandes empresas del Ibex un total de 47.000 millones. ¡Después dicen que no hay dinero para los servicios públicos! Y mientras tanto nos marean con los decretos ómnibus para ocultarnos la realidad: la explotación del capitalismo.