La doble noticia de la detención de Zaplana, además de la multa impuesta al Partido Popular ha vuelto a poner a la corrupción política en primer plano.
A Eduardo Zaplana, que ha sido detenido hace unos días por la Guardia Civil, se le acusa de un presunto delito de blanqueo de capitales y delito fiscal de hasta 10 millones y medio de euros.
Por su parte, al Partido Popular se le ha impuesto una multa de 245 mil euros por lucrarse ilícitamente mediante diversos procedimientos, la conocida trama Gürtel.
Tras conocerse las sentencias, los distintos dirigentes del resto de partidos han reaccionado algunos con tibias declaraciones, otros han pedido la dimisión inmediata de Mariano Rajoy y, por último, desde las filas del PP han llegado a decir que la sentencia es “equivocada y errónea”. El propio PP dice que va a recurrir la sentencia.
Definitivamente el Partido Popular, con Rajoy al frente, se ha beneficiado de los recursos públicos. Mientras aplicaba recortes a las clases trabajadoras, no tenían reparos en saquear las arcas públicas. Esos mismos que hablaban pestes de los parados, de los jubilados, de las mujeres… mientras se enriquecían a costa de las y los trabajadores, los parados, los jubilados…
Por mucho que diga Rajoy que “no le afecta en modo alguno” o que “unos pocos casos aislados no son el PP”, lo cierto es que dirige un partido corrupto, financiado con cobros ilegales. Además mantiene entre sus filas a muchos cargos con causas pendientes por distintos delitos en diferentes grados y fases judiciales.
Basta con trasladarse a julio de 2017. En las declaraciones como testigo que realizó en su momento, Rajoy aseguró que los culpables de la Gürtel eran los propios españoles que le habían votado. Y su famosa frase que todos tenemos grabada “Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP”, la volvió a recordar Mariano Rajoy durante el juicio.
Esas manifestaciones de Rajoy, de Arenas, de Álvarez Cascos, etc… durante los interrogatorios, dejaban claro las intenciones e iniciativas que les ha movido políticamente, aparejada a múltiples prácticas delictivas, cuya meta era el enriquecimiento personal o colectivo. Mientras tanto, tapaban las protestas por la corrupción con duras leyes contra la libertad de expresión. Reprimiendo con violencia las protestas por los recortes, por los despidos, por los desahucios, encarcelando, multando a trabajadores, periodistas, cantantes…
En total, en cifras se estima unos 863 millones lo defraudado, que podría alcanzar los mil millones si se suman los autos pendientes por cerrar (Arganda del Rey, la pieza Cantón y la causa principal).
Eduardo Zaplana, abogado de profesión, que salió de UCD para ingresar a las filas del PP. Ex alcalde de Benidorm, ex presidente de la Generalitat Valenciana. Con Aznar fue ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y luego ex Portavoz del Gobierno. En 2008 abandonó la política y entró en Telefónica ganando un millón de euros al año.
Durante su carrera política ha sido salpicado muchas veces por diversos casos de corrupción. Empezando por el caso “Naseiro” de financiación ilegal del PP, el de Parque Terra Mítica por cobro de comisiones ilegales y otros escándalos similares de los que Zaplana siempre salió airoso… gracias a sus abogados, a fallos en las pruebas o a falta de ellas.
Esta última detención ha sido posible a partir de unos documentos hallados durante la reforma de una vivienda que fuera el domicilio de Zaplana. Entre la documentación se hallan folios, escritos a mano, donde se reflejan operaciones llevadas a cabo con empresarios…. Entre los apuntes figuran empresas del Ibex-35.
Además se van a investigar algunas adjudicaciones calificadas de “sospechosas” que Zaplana llevó a cabo entre 1995 y 2002, cuando era presidente de la Comunidad Valenciana, al estimarse que hasta diez millones de euros habría recibido de parte de un grupo de empresarios.
Junto a Zaplana, han sido arrestados varios empresarios. La fiscalía ha pedido prisión comunicada y sin fianza para Zaplana.
Por desgracia tenemos una clase política que copa las portadas de los medios cada poco tiempo con nuevos casos de corrupción, blanqueo, tráfico de influencias, etc. Estas son las consecuencias de ejercer profesionalmente el poder; una clase política que utiliza los recursos públicos para enriquecerse y enriquecer a los empresarios.
No cabe duda que el oficio de político sostenido por el sistema capitalista, genera una sangría constante de recursos públicos que no beneficia en nada a las clases trabajadoras y populares. Sobre eso no creemos que nadie tenga ya ninguna duda a estas alturas. Salvo los que defienden al capitalismo como la mejor de las formas de organización económica, mientras siguen beneficiándose.
Para acabar con la corrupción no basta con cambiar un político por otro. No basta con cambiar un partido por otro. Hay que acabar con el capitalismo, que sigue reproduciendo este estado de cosas, por un sistema más justo. Y esa organización nueva solo pueden llevarla adelante los propios trabajadores, construyendo una forma de organización donde lo primero sean las necesidades sociales, el socialismo, como primer paso donde el poder lo ejerza la propia clase trabajadora.