La agresión de un policía nacional contra una docente en huelga, en Valencia, ha indignado a muchos y con razón. Esta huelga del profesorado no universitario en Valencia atraviesa ya su cuarta semana y han llevado a cabo multitud de protestas iniciando una huelga general desde el 11 de mayo.
Pero no son los únicos docentes que se rebelan contra la degradación de la enseñanza pública, contra los bajos sueldos, la elevada ratio, la escasa financiación, el exceso de burocracia…, en definitiva, contra la degradación de un servicio público que más temprano que tarde conduce a la privatización de la enseñanza.
En Cataluña el profesorado también se moviliza estando en estos momentos decidiendo si pasan o no a una huelga indefinida, dada la insuficiencia de los preacuerdos puestos encima de la mesa. Los profes llevan meses en las calles, con distintas protestas y por similares motivos que el profesorado valenciano, infrafinanciación y precariedad, falta de personal, salarios insuficientes. Igualmente, hay una convocatoria de huelga en las universidades el 5 de junio, la primera en años.
De igual forma, el 19 y 20 de mayo Aragón ha vivido una huelga educativa que hace hincapié en que los recortes practicados desde años en Educación, es un trasvase del dinero público de la pública a la concertada.
Por su parte, la educación Infantil, tanto pública como privada, protagonizaron el 7 de mayo una huelga a nivel de todo el estado, precedida por una convocatoria de huelga indefinida en Madrid que desde abril mantienen con paros y movilizaciones, exigiendo mejores salarios, ratio y personal.
La enseñanza tiene, pues, los mismos problemas o similares que el resto de servicios públicos, como Sanidad, Dependencia, etc. Los recortes llevan décadas sucediendo, bajo gobiernos de un signo u otro. En esta sociedad, se recorta en gastos que para la mayoría de la población son esenciales, tanto en educación como en salud y transporte, pero siempre hay miles de millones en aumentos para el ejército y la industria de guerra.
Los recortes en servicios públicos, tanto estatales, como autonómicos e incluso locales, hacen que la vida del trabajador se haga más cuesta arriba; no es sino una forma más de bajar los sueldos el hecho de tener que contratar un seguro privado de salud para resolver un problema o acudir a la escuela privada ante la precarización de la enseñanza pública. Por poner solo un ejemplo de esto baste mencionar cuántos alumnos hijos de trabajadores han querido optar por una Formación Profesional, siendo el acceso casi imposible y teniendo que optar por pagársela en la privada. Según datos de “El País”, “La FP privada crece el doble de rápido que la pública: miles de jóvenes pagan hasta 9.000 euros por una titulación”. La falta de plazas públicas obliga a un número cada vez mayor de alumnos a hacer grandes desembolsos o renunciar a las titulaciones deseadas, advierte un informe de CC OO. Pero ¿qué familia puede permitirse esto hoy día con ya, de por sí, con salarios que cada año pierden poder adquisitivo?
De esta forma, la brecha de rendimiento entre escolares de familias ricas y pobres sigue arrojando datos como los que muestra el último Informe PISA, que mide el rendimiento estudiantil, y constata “que los 120.000 jóvenes de 15 años (la gran mayoría en 4º de la ESO) de hogares acomodados sacan el equivalente a cuatro cursos de ventaja en Matemáticas a los 120.000 adolescentes de igual edad de las familias más desfavorecidas…”
La precarización de la escuela pública lleva años produciéndose, como en el resto de servicios públicos. Porque degradando lo público se abre paso a la privada. Bajo el sistema capitalista desde la enseñanza, a la vivienda, todo, es un negocio y un ataque contra la clase trabajadora en su conjunto, pues impulsa a los trabajadores a competir entre ellos por recursos cada vez peores y más escasos.
Por todas partes faltan profesores, maestros, enfermeros, médicos, cuidadores, carteros, personal de limpieza, etc, etc, etc, falta personal. Por todo ello, serían deseable huelgas y movilizaciones de toda la función pública, en todos los sectores, por todas partes. Esto es una realidad objetiva: si los empleados públicos paran, sería el caos y el pulso al gobierno estaría ganado. Sería pues el momento de poner encima de la mesa reivindicaciones que unen a todo el mundo del trabajo, ya sea aumentos salariales reales conforme al encarecimiento de la vida, paralización de privatizaciones, reducción ratio, mayor dotación en personal y recursos, reparto del trabajo sin bajar los salarios. ¡Todos a una!