Este mes de febrero previsiblemente el próximo Consejo de Ministros dará definitivamente el visto bueno a la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a la reforma de la Jornada Laboral, así como la reforma de la Ley de Dependencia. Más reformas que solo pasan de puntillas por los verdaderos problemas, manteniendo en lo esencial el origen de las desigualdades en cuanto a salarios, jornada laboral y cuidados de la dependencia, a saber, que todo sigue estando en manos privadas para seguir privilegiando los beneficios empresariales.
El aumento del SMI
Con el aumento del SMI casi dos millones y medio de trabajadores, la mayoría mujeres, se beneficiarán de un aumento de 50 euros, lo que eleva su cuantía un 4,41%, hasta los 1.184 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas (16.576 euros al año).
Recordemos que el objetivo del ministerio que dirige Yolanda Díaz, era tratar de equiparar el SMI con el 60% del salario medio. Pero llevamos años con precios al alza y salarios contenidos, incluso los convenios colectivos apenas arrancan subidas salariales decentes a la patronal.
Como consecuencia amplias capas de la población no tienen acceso al SMI, ni a salarios decentes porque la precariedad laboral obliga a trabajar por horas, días o fijos discontinuos pues el mercado de trabajo y los salarios está en manos del capital, que por tanto los empleos y, el salario completo, ni siquiera el SMI, están garantizados, por mucho que exista el derecho al trabajo.
Y es que de esa subida del SMI no va acompañada de medidas tendentes a eliminar la precariedad laboral provocada por el beneficio del capital. Por un lado, un gran número de trabajadores a quienes se les impone jornadas laborales interminables y extenuantes. Mientras que otros tantos, en especial mujeres, para poder vivir se ven obligadas a encadenar contratos a tiempo parcial y por los que perciben salarios de miseria. Según los sindicatos este tipo de contratación afecta a alrededor de 1,6 millones de personas, de las cuáles un 60% son mujeres.
Valga el dato que alquilar una vivienda en España según la provincia se lleva entre el 40% y el 100% del SMI. Por tanto no basta con elevar los salarios, y menos si la subida es tan pequeña, hay que acabar con la especulación y la explotación capitalista.
La reforma de la jornada laboral
Con la reforma de la Jornada Laboral se trata de reducir la jornada ordinaria de trabajo hasta las 37,5 horas a la semana, sin reducción de salario. Esta medida ha tenido el rechazo frontal de las asociaciones de empresarios, por lo que finalmente ha sido aprobada por ley entre el Gobierno y los sindicatos. La medida se implementará de forma gradual a lo largo del año con el objetivo de que esté plenamente vigente para el 31 de diciembre de 2025. Es decir, el objetivo es que a 31 de diciembre de 2025 los trabajadores asalariados vean recortada su jornada a 37,5 horas semanales y sin reducción de salarios.
Este retraso en la entrada en vigor responde, según el Gobierno, a la necesidad de dar tiempo a las empresas y sectores para negociar y reorganizar la estructura de la jornada laboral en cada empresa y para adaptar los convenios colectivos y los sistemas internos de trabajo a la nueva normativa.
Son los empresarios los que siempre han encontrado la forma de eludir, gracias a las lagunas de la legislación laboral, sus responsabilidades. Baste el ejemplo de las horas extras no retribuidas que, aun estando prohibidas, este año pasado se han producido más de 2 millones y medio de horas extras a la semana, y que suponen un coste laboral de 3.254 millones no pagados en términos de salario bruto y cotizaciones sociales, según datos del sindicato CC.OO.
La reforma de la ley de dependencia
El Consejo de Ministros prevé aprobar también el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para adaptarlas al nuevo artículo 49 de la Constitución.
El ministro Martín Blanco aprovechó días atrás la presentación del texto que se va a aprobar para dar la bienvenida a la “gran patronal de la discapacidad”, la federación empresarial Igualis, que aglutina a más de 1.500 entidades del sector de la discapacidad y más de 60.000 trabajadores. ¡Ahí es nada, la entrada de la empresa privada es la principal baza de esta reforma! Respecto al texto, habló de ampliar derechos de los dependientes y de las cuidadoras, de “repensar” el modelo de los cuidados y situarlo como “una prioridad política en todos los estamentos” para que sean cuidados “asequibles” y “de buena calidad”.
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) dicen estar muy preocupadas por el alcance de estas leyes que dicen, se han llevado adelante a “espaldas del sector” y se preguntan “cómo se puede hacer una reforma sin hablar con quienes sostienen el sistema”.
Pero la dependencia la sostienen los miles de trabajadores y trabajadoras que hacen su trabajo en condiciones laborales precarias y de bajos salarios. Encima se avecina una guerra de precios por controlar este servicio que terminaremos pagando de nuestro bolsillo.
La dependencia está en manos de empresas privadas debido a los numerosos recortes públicos que sucesivos gobiernos ha venido haciendo durante años y esta nueva reforma no es una excepción. Empresas como CLECE, filial de la multinacional ACS, cuyo mayor accionista es Florentino Pérez, se hacen de oro con la dependencia; han convertido a la dependencia y el cuidado de mayores y dependientes en un negocio, mermando la calidad del servicio tanto para los usuarios como para los profesionales contratados, en su mayor parte mujeres que realizan sus trabajos en condiciones laborales cada vez más precarias y de bajos salarios.
En definitiva, estas reformas vuelven a ahondar en las contradicciones, porque el verdadero problema es que se gestiona para favorecer al capital, y lo que consigue la clase trabajadora por un lado, lo pierde en sostener los beneficios de las empresas privadas. Ninguna ley está para combatir el lucro capitalista. Solo la lucha obrera organizada podrá imponer esta necesidad.