El 27 de diciembre del 2013, las cortes generales aprobaban la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, para algunos, la ley Montoro. Esta ley es una consecuencia de la modificación de la Constitución realizada mediante acuerdo meteórico entre el PP y el PSOE, para introducir en el art. 135 de la Constitución Española, la estabilidad presupuestaria como principio rector de la política económica y anteponer el pago de la deuda ante cualquier otro gasto del Estado.
Se buscaba con esta ley la reforma de la Administración Local Española, para acomodarla a la nueva realidad de las cuentas públicas, resultante de la crisis económico-financiera; la reforma aludía a nuevas competencias, a racionalizar la estructura administrativa, a un control financiero y presupuestario más riguroso, pero sobre todo lo que buscaba y busca esta ley es propiciar aún más la iniciativa económica privada.
Al clarificar las competencias, el gobierno central decide que competencias son plenamente del ayuntamiento y cuáles no, incitando a los gobiernos locales a privatizar servicios y empresas públicas que hasta ahora eran competencias del consistorio. La reestructuración del sector público empresarial local es una de las medidas más relevantes de esta reforma, se exige que los servicios públicos locales se presten por la modalidad de gestión más sostenible y eficiente. Existen unas 1406 empresas locales con forma societaria que pueden ser de una manera o de otra, privatizadas.
Solo con una presión fuerte y organizada de la clase trabajadora se podrá cambiar la forma de gobernar y de administrar los bienes colectivos de la sociedad.