Este verano, como los anteriores, tenemos a diario noticias sobre incendios en toda España. La palabra pirómano se nos viene a la mente como un ser despreciable que está arruinando algo que es de todos. Pero quisiera hacer una distinción, el término pirómano lo dejaría para esos enfermos que no pueden controlar una actitud y acciones que nos perjudican como sociedad y a los que deberíamos ayudar a curarse o en cualquier caso mantener unas medidas de vigilancia para evitar sus actos incendiarios. Sin embargo, hay una figura siniestra que se mueve por el interés particular y egoísta y que realiza esos mismos actos siendo consciente del daño que nos provoca y que podría evitar. Se trata del incendiario. Ese personaje solo busca lucrarse con el fuego.
Muchas pueden ser las causas de un incendio y sobre la mayoría está la mano del hombre, involuntaria o intencionadamente. Los dos casos son igual de dañinos para la sociedad, pero en el segundo caso la motivación no nos permite disculparlos de ningún modo y deberíamos exigir las penas legales más duras. Mientras el fuego sea negocio seguirán los incendios, pero hay que preguntarse, ¿quién saca rendimiento económico a esta desgracia? Detrás de un incendio puede existir interés en tierras para pastoreo, utilización de madera quemada por la industria, recalificaciones urbanísticas o el simple deseo de mantener un empleo.
Las leyes que protegen los espacios forestales quemados para evitar su aprovechamiento especulativo no siempre sirven o mejor dicho, a veces son ignoradas por los políticos que deberían defenderlas. Es el caso del fuego que permitió la creación del parque de atracciones Terra Mitica. En el verano de 1992, tras la noticia de la elección de París como sede para Eurodisney (en detrimento de sedes como Jerez o Castellón). Poco después un incendio en la montaña de Benidorm quemó el pinar que había. Entonces el alcalde, Eduardo Zaplana, llevaba solo nueve meses en la alcaldía. En 1995 tenemos a este personaje en la presidencia de la Comunidad Valenciana y no dudó en declarar el proyecto del parque como de interés general, saltándose la legislación que protegía el monte quemado, y permitiendo su construcción. Incluso se saltó su propia opinión hasta ese momento, en la que se negaba a retirar el uso forestal del suelo afectado. El parque se construyó con dinero público, inaugurado en el 2000, y luego fue vendido para cuando empezara a dar beneficios. Ejemplo de pelotazo del ladrillo en la costa alicantina tras un incendio. Nunca se encontró al culpable del incendio.
Y no olvidemos el interés del zorro que guarda el gallinero. La audiencia nacional está investigando el supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios. El fraude se cifra en unos 100 millones de euros y hay numerosas personas y empresas implicadas. Entre ellas varios ex altos cargos de la comunidad de Valencia y Cataluña. La sacrosanta empresa privada que no duda en corromper y robar en lo público. Seis comunidades autónomas afectadas por una “organizada concertación entre sociedades y personas para alterar las normas de competencia” y que extienden sus brazos a varios países, como Italia, Portugal y Chile. A los investigados se les imputan los delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad en documento público entre otros. Un cártel en toda regla para robar de lo público.
Según WWF en este 2017 estamos sufriendo más incendios (20%) y más grandes (23% más de superficie) que la media de los últimos 10 años. Junto a la sequía, el incremento en la “combustibilidad” de nuestros montes debido al despoblamiento rural, el abandono de las actividades tradicionales, la falta de inversión y la ausencia de políticas serias que gestionen el territorio de forma ordenada y sostenible, ha llenado España de potenciales “bombas forestales”. Lo que es seguro, es que las políticas de recortes del gobierno han llevado a la progresiva desaparición y precariedad de los recursos, humanos y materiales, que conformaban el mantenimiento y prevención en los bosques y entornos naturales. Los bomberos forestales lo dicen.
Vigilancia y medios hubieran podido primero prevenir y luego alertar y coordinar acciones más rápidas en estas situaciones. No solo es culpa del viento que algunos incendios se descontrolen, ya hemos visto cómo el capitalismo es capaz de delinquir con tal de sacar beneficio. El desastre del incendio, no tiene sólo consecuencias medioambientales o económicas, demuestra con más nitidez que la única salida es la implantación de una economía basada en las necesidades sociales, llevada a cabo por y para la clase trabajadora y la sociedad en su conjunto. De no hacerlo así, propiciaremos el cambio climático que nos expulsará de nuestro entorno, empezando por el mundo rural. La solución definitiva a las consecuencias perjudiciales, como el cambio climático, que provocan estos desastres medioambientales, sólo podrá llevarse a cabo bajo una economía verdaderamente obrera y organizada. Por eso la clase trabajadora debe empezar a andar ese camino.