Salud camaradas; os envío el saludo fraternal de nuestros compañeros en Sevilla.
La situación económica y social en España sigue estando marcada por la crisis económica, los ataques del gobierno y de la patronal contra las condiciones de vida, así como por la represión contra los sindicalistas que participan en piquetes de huelga y contra militantes y activistas que organizan manifestaciones u otro tipo de protestas.
El principal problema sigue siendo el paro, cuyas cifras siguen siendo muy preocupantes a pesar de una ligera bajada y a pesar de todas las mentiras a las que el gobierno del PP, ahora en funciones, nos tiene acostumbrados. El paro afecta a un 22% de los trabajadores, y de entre estos, dos millones son parados de larga duración que ya han agotado su derecho al subsidio de desempleo. En cuanto al desempleo entre los jóvenes, este se dispara; una parte de la juventud ya ha emigrado para buscar una oportunidad laboral, lo que el gobierno prefirió llamar eufemísticamente “movilidad externa”.
Los despidos continúan. En el transcurso de los últimos meses, las grandes empresas han encontrado una nueva astucia jurídica para transformar los despidos colectivos en supresiones de empleo individuales, por acuerdo personal entre el trabajador y la empresa. Empresas como Telefónica, Abengoa, el Corte Inglés, etc., han comenzado a utilizar esta fórmula, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios que explican que, vista la situación, podría ser peor.
Los escasos empleos creados son precarios. De diez contratos firmados, nueve son temporales, lo que conlleva que un tercio de los que trabajan, lo hacen con un contrato temporal. Las infracciones al derecho laboral se multiplican. Por poner tan sólo un ejemplo, en la aeronáutica, ¡encontramos a ingenieros trabajando con contratos de auxiliar administrativo! En este contexto casi estamos acostumbrados a la multitud de encuestas e informes que muestran que alrededor de un 30% de los trabajadores son pobres, “los nuevos pobres”.
Los desahucios en las viviendas continúan también a pesar de la lucha de los distintos colectivos que han difundido el problema; pero tanto en estas luchas como en otras, de forma general, podemos decir que el nivel de protesta en la calle ha descendido. Ha habido menos manifestaciones y movilizaciones y el descontento de la población se ha canalizado hacia las urnas.
2015 ha sido un año triplemente electoral: el “año del cambio” como nos han repetido hasta la indigestión. Hemos tenido elecciones municipales, elecciones autonómicas en la mayoría de las comunidades autónomas, y finalmente elecciones generales para formar el gobierno nacional. Os voy a ahorrar el detalle de los resultados pues sería bastante largo y pesado, habida cuenta que en España tenemos 17 regiones autónomas. Sabréis sin duda, que de forma general, las elecciones han estado dominadas por la voluntad de castigar al PP, por los malos resultados electorales del Partido Socialista y por muy malos resultados para IU, la coalición ligada al Partido Comunista. Por el contrario, ha salido de las urnas un reforzamiento de los nuevos partidos, los partidos “emergentes” como le dicen, Ciudadanos y Podemos.
Ciudadanos, para muchos la marca blanca del PP, con presencia en Cataluña pero casi inexistente en el resto del país, gracias al apoyo de los medios, ha obtenido buenos resultados electorales, incluso si estaban por debajo de sus expectativas. Durante todo el año, y sobre todo durante toda la campaña, este partido ha obtenido un apoyo inaudito de los medios de comunicación que le ha permitido presentarse como el partido anti-corrupción. Como decimos en casa, estaban hasta en la sopa.
Pero la expresión más radical del descontento popular se ha expresado a través de Podemos, que ha obtenido muy buenos resultados electorales, sobre todo en Barcelona y Madrid, dónde se han llevado las alcaldías aliándose con otros grupos, lo que se ha venido a llamar las candidaturas de “unidad popular”. Podemos representa en la actualidad la tercera fuerza política del país; ha recogido la voz de miles de personas que rechazan soportar más sacrificios y que reclaman políticas más humanas, medidas sociales de urgencia.
Todos los nuevos alcaldes y alcaldesas de Podemos han prometido luchar contra la corrupción, contra los desahucios, contra la pobreza energética y alimentaria. Pero todas estas bonitas palabras se han evaporado rápidamente. El ejemplo de Barcelona es significativo. La nueva alcaldesa Ada Colau, que consiguió la alcaldía de la ciudad por una candidatura con Podemos y otros pequeños colectivos, se encontró frente a una huelga de los trabajadores del metro y ella intentó obtener por todos los medios que los trabajadores renunciasen a la huelga anunciada, llegando incluso a decir que la anulación del preaviso de huelga era condición indispensable para toda negociación. Ella justificó su conducta diciendo que “ahora tenía responsabilidades”.
La huelga del metro de Barcelona puso en evidencia la combatividad de la clase obrera y muestra claramente que es inútil contar con otras fuerzas políticas que no sean de los propios trabajadores. El movimiento fue un éxito, a pesar de toda la criminalización que los huelguistas tuvieron que soportar. El gobierno catalán, en manos de los independentistas, aumentó un 15% los servicios mínimos. Hasta aquí, nada raro. Pero la mayoría de la gente no imaginaba que la “nueva izquierda” de Ada Colau tendría una actitud pro-patronal y anti-huelga.
La huelga estaba motivada por la negociación del Convenio Colectivo, que los trabajadores trataban de firmar desde hacía 5 meses mientras que la dirección de la empresa les paraba los pies. Fueron los propios trabajadores quienes pidieron su apoyo a Ada Colau, pero pronto comprendieron que hubiese sido mejor que se quedase en su poltrona municipal. Estamos seguros que hay muchos entre sus partidarios que no están de acuerdo con esta actitud; pero harían bien en preguntarse sobre las razones por las cuales esta nueva izquierda tan moderna no se reclama nunca de la clase obrera, y jamás habla de lucha de clases ni de capitalismo.
Por otra parte, también el nuevo Congreso de diputados presenta un nuevo aspecto tras las elecciones; de los antiguos diputados quedan sólo 137, contra 218 nuevos. Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 han venido a confirmar el debilitamiento del PP, aunque haya sido el partido ganador, y del PSOE e IU, mientras Ciudadanos y más aún Podemos obtenían buenos resultados. La dispersión de votos ha tenido como consecuencia la incapacidad de Mariano Rajoy para presentarse a la investidura al no disponer de la mayoría requerida; así pues, cedió el lugar al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que tampoco ha tenido más suerte para ser investido jefe del gobierno. De momento, a menos que logren un pacto, tendremos nuevas elecciones en algunas semanas.
Nos vemos, pues, con un gobierno en funciones del PP, con un presidente que hace pocas apariciones públicas, con los medios de comunicación y la patronal intentando asustar a la población con esta situación de no-gobierno que, según ellos, es una amenaza para nuestra débil economía. Sin embargo la población no se siente amenazada por la incertidumbre de quién será el próximo jefe de gobierno. La gente de izquierda, en general, incluso se alegra de ver a los políticos de los grandes partidos buscando todos los acuerdos posibles, obligados a tener en cuenta a los grupos más pequeños. Con ello ven una forma de romper el bipartidismo, preocupación que está muy de moda en los últimos tiempos. Mientras los políticos, periodistas, analistas, sociólogos… hablan de una situación nefasta para la economía del país, en numerosas familias, en los grupos de amigos, de trabajo, etc., de forma lúdica y festiva, se lanzan pequeñas apuestas – “porras” – sobre los acuerdos y contra acuerdos. Y el juego sigue abierto, casi tres meses después de la celebración de las elecciones generales.
En todo este circo de acuerdos y pactos electoralista, Cataluña merece que nos paremos un momento; allí las elecciones se han focalizado en la independencia. La derecha nacionalista catalana ha utilizado la independencia como arma para explicar las consecuencias de la crisis y arrojar toda la responsabilidad de los recortes al gobierno central, evitando así hablar de los verdaderos problemas de la población. Ha conseguido así poner en la cabeza de muchos catalanes que con un gobierno verdaderamente catalán podrían decidir mejor las cosas sin la intervención de Madrid. La derecha nacionalista ha conseguido de este modo reagrupar tras ella, en una especie de frente nacional catalán llamado “Junt pel Sí”, a todos los nacionalistas, incluida la CUP (Candidaturas de Unidad Popular), cuyos diputados han permitido dar la dirección de la Generalitat a CiU, la derecha burguesa catalana.
La CUP que se dice anticapitalista y canta la Internacional al final de todos sus mítines, claro que en catalán, ha sostenido al nuevo gobierno catalán exigiendo que se cambiase a su líder más carismático, Artur Mas, y de una batería de medidas sociales y ciudadanas. Este apoyo a la burguesía catalana de derechas no ha sido bien digerido por la mitad de sus bases porque este gobierno – decían – es el mismo perro pero con distinto collar. La CUP ha justificado su apoyo argumentando que los catalanes sufren opresión y que la obtención de un estado catalán traerá mejoras sociales e incluso que supone un paso adelante hacia el socialismo. Pero rechazar situar los problemas de los trabajadores en Cataluña sobre el terreno de la lucha de clases es perder el norte, o peor aún, desorientar a los trabajadores. De esta forma el nuevo gobierno catalán, entre sus primeras medidas, ha acordado entablar un proceso de “construcción de un Estado catalán independiente bajo la forma de una república”. Y esto continúa. En estos momentos un verdadero bombardeo mediático nos llueve para discutir si lo que hace el parlamento catalán es constitucional o no.
En los últimos meses se han celebrado algunas movilizaciones en la calle, menos frecuentes y con menos asistencia que en años precedentes, en parte a causa de la represión que se da a todos los niveles, contra los trabajadores, contra los colectivos anti-desahucios, contra sindicalistas, en resumen, contra todos los que protestan y se movilizan. 300 personas están en la actualidad confrontadas a procedimientos judiciales debidas a la ley de seguridad ciudadana, modificada y endurecida por el PP en 2012 y de la que ya empezamos a ver sus frutos, una ley que muchos llaman la “ley mordaza”.
Esta represión afecta desde a trabajadores de Airbus, finalmente absueltos por falta de pruebas en estos últimos días y que eran acusados casi de todo por haber participado en un piquete de huelga, hasta a marionetistas que hicieron un espectáculo satírico para adultos contra la corrupción judicial en España, pasando por numerosos trabajadores que están siendo multados por realizar asambleas en las calles, militantes de izquierda que protestaban contra la presencia de la Iglesia católica en locales de la universidad pública, etc. Toda una serie de actos represivos que empujan a los colectivos a volver a la calle para denunciar el problema y protestar contra esta vuelta de tuerca que provoca la aplicación de la ley mordaza.
Cómo sabéis, nosotros priorizamos nuestros esfuerzos y militancia en la clase obrera, directamente con los trabajadores, pues estamos convencidos de que son ellos, por la posición que ocupan en la producción, los que pueden llevar adelante una transformación radical en la sociedad y en la lucha contra el capitalismo. No obstante, siempre que podemos participamos también en las luchas sociales que se dan en nuestra ciudad.
Os deseamos a todos los compañeros un buen año militante.
13 de marzo de 2016
El 45° congreso de “Lutte Ouvrière”, mayo de 2016