Antes, en otros tiempos, en las escuelas se recitaba de memoria la lista de los reyes Godos. Ahora, las nuevas generaciones, en historia, no tendrán suficiente capacidad memorística para recitar los casos de corrupción habidos y por haber en España: Caso Gürtel (PP), Caso Bárcenas (PP), Caso Púnica (PP), Caso Lezo (PP, Canal de Isabel II, caso ERE de Andalucía (PSOE), caso Filesa (PSOE), caso Palau (CDC, Cataluña), caso 3% (CDC, Cataluña), caso Nóos (Casa Real, Comunidad valenciana). Hay muchos más: operación púnica, Pokémon, Campeón, Auditorio, caso Emarsa, Brugal, tarjetas black… En la actualidad, Koldo, Cerdán, Montoro, los Pujol, los familiares de Pedro Sánchez…
Estos serían los corruptos, pero, ¿y los corruptores? Las grandes empresas de todos los sectores hacen sus negocios a través del Estado, sus funcionarios y políticos. Legal o ilegalmente. Y esto es así porque en el capitalismo la ley es el beneficio; es un secreto a voces la ingeniería financiera de las empresas, los paraísos fiscales, la falsificación de balances y facturas, las mordidas, pagos y demás sobornos para dominar un sector económico, obtener obras públicas etc. No existe corrupción política sin los corruptores, inevitable en un sistema económico que busca el beneficio a toda costa porque sin él muere. Es el capitalismo.
La corrupción campa a sus anchas por todas las instituciones, pero no es un problema intrínseco de España, aunque lo pueda parecer. Ahí tenemos a Argentina, Brasil, Rusia, Alemania, Francia, EEUU… La corrupción siempre ha sido un instrumento del capital y una herramienta de desestabilización donde la derecha y extrema derecha sabe navegar a todo trapo.
Bajo el régimen capitalista todo se mueve en pos del beneficio y se llegan a blanquear situaciones dónde los representantes públicos se enriquecen con comisiones, sobresueldos, mordidas, y un largo etcétera. Ahí tenemos la fortuna del emérito, que a pesar de la regulación fiscal, sigue poseyendo un capital imposible de cuantificar con exactitud, pero que muchos analistas sitúan en una horquilla superior a 100 millones de euros.
En cuánto a los políticos, de todo signo, todas las siglas que han tocado poder, tienen casos de corrupción en sus filas. Las recalificaciones de terreno, la privatización de servicios públicos, las compras y suministros, los sobornos y mordidas, la malversación de fondos, los fraudes en las contrataciones, el tráfico de influencias, las tan conocidas puertas giratorias, la corrupción urbanística… son moneda corriente. Hasta tal punto que para parte de la población la corrupción aparece como el principal problema del país, incluso antes que el desempleo o la precariedad laboral. Esto en parte es así percibido, porque el bombardeo mediático donde los políticos se culpabilizan mutuamente es cotidiano y porque los verdaderos problemas laborales aparecen -si es que aparecen- en lugares poco destacados.
El caso actual del Fiscal general del Estado ha sido muy sonado y también el fallo condenatorio sin que se hayan explicado bien los fundamentos jurídicos de la sentencia; se está discutiendo hasta la saciedad acerca del fallo condenatorio pero lo que se habla poco es que los tribunales, en este caso está clarísimo, a quien está protegiendo es a González Amador, pareja de Ayuso, al capital y al dinero. Siempre ha sido así, no hay que llevarse a engaño.
La corrupción, como explicamos, es el funcionamiento normal del sistema capitalista. Un sistema que está en crisis y que busca los beneficios porque los necesita para que el engranaje siga funcionando, potenciando así todo tipo de hechos fraudulentos. En tal sistema, jueces y fiscales no van a acabar con las corruptelas. ¡Si apenas las ven! ¡Y cuándo se las hacen ver, miran para otro lado porque grandes empresarios y banqueros son su misma clase! Ya lo decían Marx y Engels en 1848, en el “Manifiesto Comunista”, para referirse a la compra del Estado por parte de la burguesía: …”el poder del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.
Con los últimos casos de corrupción que hemos conocido, es evidente como las instituciones y el Estado funcionan para proteger los intereses de los grandes banqueros y gran patronal, los grandes ricos, a los que sirve; no están para mejorar los servicios básicos necesarios para la población en general, ni mucho menos para combatir la precariedad laboral a la que ellos mismos someten a la clase trabajadora.
La corrupción, como decimos, es estructural al sistema capitalista, no es una excepción, porque este la genera y la fomenta con sus prácticas; no se trata de un mal funcionamiento del sistema, no es que existan políticos buenos o morales y otros sean malévolos e indecentes, que claro que los habrá, sino una consecuencia del hecho de que el poder económico y la riqueza están concentrados en unas pocas de manos y ponen con toda la fuerza de sus medios, las instituciones a su favor.
Por eso no se puede erradicar de raíz la corrupción sin acabar con el capitalismo. Mientras esto ocurra, y no va a ocurrir si no luchamos por ello, sancionar y perseguir judicialmente a los corruptos, claro que sí, pero sin olvidar que debemos socializar los medios de producción y fortalecer el control de la producción y de las instituciones por parte de los trabajadores.