El 24 de junio se han cumplido dos años de la que se ha venido a llamar masacre de Melilla. Ese día alrededor de 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar la frontera entre España y Marruecos. Tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera, fallecieron al menos 37 personas y el número de desaparecidos sería al menos 76.
No, no fue un accidente, sino la consecuencia de ejercer la violencia de Estado contra los más débiles. Las imágenes de personas vivas y muertas, apiladas unas encima de otras, dieron la vuelta a medio mundo. Varias ONGs siguen exigiendo responsabilidades tanto al gobierno de Marruecos, como al «gobierno de progreso» español, pues recordemos que al frente de todo estaba el ministro Marlaska, quien no fue siquiera destituido.
La policía española devolvió al menos a 470 personas de forma sumaria y sin garantías a Marruecos, como acredita la investigación del Defensor del Pueblo. Durante horas, cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir asistencia sanitaria. En el lado marroquí, las ambulancias no llegaron hasta dos horas después de todo lo sucedido. Algunas de las personas heridas permanecieron allí hasta 10 horas sin recibir ningún tipo de atención médica o sanitaria.
Posteriormente, según Amnistía Internacional «alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas de ellas habrían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera…”
Tanto el estado marroquí como el español han obstaculizado las investigaciones independientes, sin esclarecer ellos mismos los hechos. La postura del “gobierno de progreso” fue la de defender la “proporcional” intervención represiva española, al igual que Unidas Podemos; mientras tanto, la Fiscalía daba carpetazo al asunto en pocos meses, archivando en diciembre de ese año la investigación sobre la masacre.