Argentina, Bolivia… ¿Medidas para frenar el descontento social?

El pasado 17 de Abril la presidenta argentina Cristina Kirchner, denunciaba el hecho de que “Argentina es el único país de América Latina que no controla sus recursos naturales” y anunciaba la “recuperación” por parte del Estado argentino del 51% del capital de la compañía petrolífera YPF, en detrimento de su principal accionista actual, la compañía española Repsol

Los dirigentes argentinos, como el ministro de la Economía, denunciaban el “pillaje” de la compañía española que, en 2011, repatrió el 90% de sus ganancias en lugar de invertirlos allí, con graves consecuencias para la economía argentina,
tradicionalmente exportadora de hidrocarburos, que debió importar petróleo por valor diez mil millones de dólares (cerca de 7,6 mil millones de euros) el año pasado. La prensa argentina, al compás de la presidenta, denunciaba una ” segunda colonización ” española. La portada del diario “Página 12” mostró a un Cristóbal Colón que desembarcaba, desplegada la bandera de Repsol.
Por parte del gobierno del PP  y la prensa española las reacciones no se han hecho esperar; hasta el periódico “El País” escribió que la acción requería represalias porque, según ellos, se ha ridiculizado la legalidad internacional y … ¡el derecho a la libre empresa! Y esto a pesar de que parece ser que el Estado argentino prevé indemnizar a Repsol.

La medida es aprobada, en todo caso, por la mayoría de los argentinos y es tan popular como la esperanza de recuperar las islas Malvinas, bajo control británico desde 1833. Sobre estas dos cuestiones, el gobierno quiere visiblemente halagar los sentimientos antiimperialistas siempre profundos en América Latina.

La presidenta argentina se posiciona así de forma completamente contraria a sus posturas de 1992, cuando era diputada peronista y cuando su difunto marido gobernaba la provincia de Santa Cruz, rica en petróleo. Entonces, ambos apoyaban las privatizaciones del gobierno Menem que habían permitido a Repsol tomar el control de YPF. Todavía en 2010, la presidenta elogiaba a Repsol. Está claro que si Repsol pudo repatriar tan fácilmente la casi totalidad de los beneficios  realizados con YPF, era porque el Estado argentino no ejercía ningún control apremiante sobre las multinacionales.

El gobierno argentino querría hoy reducir su factura energética, porque es una de las fuentes de la subida galopante de los precios y que alimenta el descontento de la población. Pero, como muchos otros antes de ellos, los dirigentes
argentinos esperan reconducir en su beneficio este descontento popular, que se ha expresado, por ejemplo, con los manifestantes que han apoyado a la presidenta con carteles que exigen la nacionalización total de YPF.


Si la multinacional depredadora Repsol deja de robar a la economía argentina, tanto mejor para la población del país, aunque Repsol será indemnizado y, aunque los grupos privados argentinos que detentan cerca del 43 % de los capitales de YPF van a continuar cobrando los beneficios correspondientes, ya que no es cuestión de expropiarlos. Porque el Estado argentino está primero al servicio de los poseedores argentinos aunque sus dirigentes pueden, si llega el caso, lograr un éxito cortando los intereses de una multinacional imperialista.

Por otra parte Evo Morales en Bolivia ha ordenado la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España, que controla el 74% de las líneas de transmisión de electricidad del país. Horas después del anuncio, decenas de militares y policías tomaban las instalaciones de la firma en su sede de Cochabamba.

El dirigente justificó su decisión como “un reconocimiento al pueblo boliviano que lucha por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”. Morales acusó a la compañía de invertir poco en el país: Red Eléctrica y
su predecesora hasta 2002, Unión Fenosa, “en 16 años apenas habían invertido 81 millones de dólares” en la empresa de energía, a un promedio de “cinco millones por año”.
Para la empresa, del mismo modo, habrá indemnización y para Morales es también un intento de atraerse a su población, habida cuenta de la oleada de conflictos sociales en el país.