Pedro Sánchez cacarea su “No a la guerra” mientras el gasto militar se dispara. Negaba a EE.UU. el uso de las bases militares en España para atacar a Irán, según él porque no tenía cabida en el convenio (de Cooperación para la Defensa) y tampoco en la Carta de Naciones Unidas. Palabrería barata porque en realidad los planes del gobierno son seguir cumpliendo los compromisos adquiridos con la OTAN, de la que EE.UU. es precisamente su principal sostén militar.
En esa ocasión la ministra de Defensa, Margarita Robles, llevando la hipocresía un escalón más arriba, declaró que la ofensiva contra Irán carece de “marco de legalidad internacional” porque EE.UU. e Israel “están actuando unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional”. ¿Cuándo han necesitado los países imperialistas pedir permiso para atacar a otros?
La cuestión es que mediante la falsedad y el engaño este gobierno trata de ocultar los recortes públicos, además de las privatizaciones, que se llevan a cabo con el único interés de favorecer los negocios de la burguesía y sus empresas de armamento.
El incremento del gasto en defensa se obtiene, no con dinero de las empresas que participan en el negocio de la guerra, sino de los presupuestos estatales, recortando en sanidad, educación y servicios públicos, pensiones, salarios y en general a costa de una reducción de la calidad de vida de la población. Se subvenciona a la industria de la guerra mediante el robo a la población trabajadora.
Bajo ese cinismo y postureo de estar por la paz y la legalidad y el “No a la guerra” se oculta el verdadero interés que no es otro que servir de “gestores” a la industria de la guerra; se financia con dinero público para que los capitalistas no arriesguen sus capitales y beneficios. Y tapándolo todo con la excusa de los compromisos del gobierno adquiridos con la OTAN. Así tenemos el ministerio de Margarita Robles que asume por un lado su papel de “contratista” público, pujando por empresas como Indra y Escribano, General Dynamics o Santa Bárbara, cerrando alianzas entre empresarios y supervisando contratos millonarios, puestos en marcha con dinero público. El objetivo es permitir a estas empresas la fabricación de armamento más sofisticado, competir con empresas en Europa y el mundo y favorecer los negocios capitalistas de la burguesía nacional.
Hace unas semanas la propia Ministra anunció el envío de más de un centenar de soldados para relevar el contingente en su base en Turquía. También el envío de nuevas tropas para relevo del personal en Líbano, destinado a formar a las Fuerzas Armadas Libanesas. Además, el aporte de otros tres aviones tanqueros, ocho aviones cazas y una fragata con sistemas de defensa aérea, todo ello destinado a “aumentar la presencia española en la OTAN”. Según Robles, Las Fuerzas Armadas españolas mantienen unos 3.000 militares y guardias civiles desplegados en 17 misiones internacionales, operando en cuatro continentes bajo mandato de la ONU, la OTAN y la UE.
Tratemos de cuantificar cuánto dinero destinado a mejorar los servicios públicos se ha dejado de invertir debido a esta apuesta por la guerra para beneficio de unos pocos capitalistas: Según últimas noticias en prensa, el dinero invertido en Defensa se sitúa en torno a algo más de 34.000 millones de euros, una cifra histórica, a base de créditos extraordinarios y programas de modernización. El porcentaje del PIB destinado a la guerra se ha situado en torno al 2,1 %. La media en la UE se acerca al 1,9 % del PIB y por su parte la OTAN pretende elevar esa inversión hasta el 5 % del PIB para el año 2035.
El plan de este gobierno “de progreso” es financiar a un puñado de empresas para competir en el negocio capitalista de la escalada armamentística en el mundo, a costa de dinero público, que solo puede traer peores condiciones de vida y de trabajo a la población trabajadora.
No está de más recordar el lema ¡gastos militares para escuelas y hospitales! Y para hacerlo real la lucha en las calles es el único camino.