La prometida regularización de inmigrantes aprobada por el gobierno ya está en marcha, mientras PP y la extrema derecha se rasgan las vestiduras y terminan repitiendo, cada uno a su manera, que la prioridad deben ser los españoles; si el PP habla de arraigo, los de Vox hablan de cambiar la ley para dar prioridad a los nacionales. El problema del Estado español para ellos no es el deterioro de todos los servicios públicos y sus recortes, ya sea en Educación, Sanidad o vivienda, sino una supuesta “avalancha” de inmigrantes, que realmente no es tal, pues se van a regularizar a personas que ya viven y trabajan en España pero en situación de “irregularidad administrativa”.
Vox incluso ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo por la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Un proceso que, en palabras del líder nacional de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, conlleva la “islamización” y la “invasión migratoria” de la sociedad española. ¿Se puede ser más racista?
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto el pasado 15 de abril y afecta a más de medio millón de personas migrantes; el proceso de regularización terminará el 30 de junio y está ocasionando gran perjuicio a estas personas y a los propios trabajadores de las distintas administraciones que tienen que cubrir todo el papeleo sin el personal suficiente y en medio del caos. Como consecuencia se han visto largas colas de los trabajadores inmigrantes para poder acceder a la Administración. Desde abril el gobierno hubiese tenido tiempo y lugar de contratar a más personal y habilitar más oficinas para hacer las cosas en condiciones dignas tanto para los trabajadores de servicios sociales y administraciones como para los inmigrantes que anhelan arreglar su situación administrativa.
Se da incluso, para mayor penosidad, denuncias de ONGs y colectivos sociales que están denunciando que algunas administraciones –como se puede imaginar las más vinculadas a las derechas- no conceden o son muy restrictivas con el certificado de vulnerabilidad que requieren estos trabajadores inmigrantes para poder acogerse al proceso de regularización. A pesar que muchos colectivos advirtieron y lucharon para que este criterio no fuese incluido en el decreto, finalmente el gobierno – a pesar que se dice el “más progresista de la historia”, lo incluyó.
Europa ha levantado más de 1.500 kilómetros de vallas de alambre de espino desde la caída del muro de Berlín; muy conocidas son las vallas de la vergüenza. Pero estas vallas son consecuencias de políticas pro patronales hechas tanto por partidos de izquierdas como de derechas. Como ejemplo vergonzoso está la política europea que ha concedido alrededor de 500 millones de euros, hasta 2027, al dictador Marruecos para cooperación migratoria, o dicho de manera más real, para que sea el gendarme de Europa.
Sin embargo, a España vinieron más de 600.000 de migrantes en 2024, de los que poco más de 60.000 eran irregulares, según los datos de Frontex, que registran fuertes caídas en los llamados “irregulares” en lo que va de 2025. Tanto en España como en el conjunto de la UE, solo el 10% de quienes llegan son “irregulares”.
No, la inmigración no es el problema; el problema es que los distintos partidos la usan como arma arrojadiza los unos contra los otros para que se pierda la visión de conjunto: que las políticas migratorias van de la mano de los intereses empresariales. Si la patronal necesita mano de obra se abren las fronteras, si no se cierran y se criminaliza a quienes solo quieren sobrevivir o tener un futuro mejor para ellos.
Los inmigrantes no son irregulares, son hermanos de clase, de la clase trabajadora. Muchos vienen huyendo de situaciones dantescas, del hambre, de la crisis climática, de guerras de las cuales los países ricos son responsables, incluida España. ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!