El 25 de febrero el gobierno publicó una serie de documentos relativos al golpe de Estado que un grupo de militares (Tejero, Milans, Armada…) habían urdido para imponer una dictadura tipo franquista. Estos documentos corroboran, según los medios, el relato de la Transición elaborado por el Estado. Según esta versión edulcorada el rey Juan Carlos paró el golpe con su discurso de la madrugada después de hablar con los cuarteles.
Pero se sabe también que muchos documentos y grabaciones fueron destruidos y borrados y que tanto los golpistas juzgados, como Sabino Fernández Campos, ex jefe de la Casa Real, declaró en sus memorias que el propio rey promovió el golpe para acabar con Suárez y la UCD.
Independientemente de estos comentarios, la realidad es que el Estado y la burguesía española quisieron estabilizar la situación política para que la población aceptara la monarquía y la Constitución y no se fuera más allá. Y el 23F consiguió ese efecto. Habiendo una clase trabajadora rebelde, un Estado sin aceptación popular y unos dirigentes en crisis, vieron necesario azuzar el miedo a la dictadura.
La «paz social» terminó de cerrarse: semanas después del 23F las direcciones sindicales de CCOO y UGT sellaron el acuerdo con el gobierno y la patronal y se integró en el Estado como una burocracia sindical para atemperar las luchas.
Fuera o no cómplice Juan Carlos, el hecho es que el golpe del 23-F condujo a esa estabilidad y a la popularización de su figura y del Estado capitalista bajo la constitución del 78, lo cual permitió hacer una política pro capitalista en un momento de crisis.
La victoria en 1982 de Felipe González hizo el resto asentando la estabilidad para la burguesía; las promesas socialistas de los 800.000 puestos de trabajo y el no a la OTAN, quedaron en aguas de borrajas, y los ataques a la clase trabajadora con la reconversión industrial y demás medidas anti obreras siguieron su curso favorable a la patronal y sus negocios.