El jueves pasado saltó a la prensa la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado Ávaro García Ortiz: una multa de 7.200€, inhabilitado para su cargo durante dos años y una indemnización de 10.000€ para el “ofendido” novio de Ayuso, Alberto González Amador, por daños morales. El motivo es la filtración del correo de la pareja de Ayuso que quería llegar a un acuerdo con Hacienda para no ir a la cárcel por fraude fiscal por valor de 350.000 euros y con una trama de facturas falsas.
Si hubo o no filtración directa del fiscal general, que parece que no está probada, no oculta la realidad de los hechos: la corrupción y el enriquecimiento de los ricachones y grandes empresarios a los que se les exime de impuestos – como el de sucesiones-, reciben subvenciones de millones de euros, y evaden impuestos. ¡Porque es el pueblo trabajador quién paga con el fruto de su trabajo colectivo, que se lo apropian con salarios precarios, aumentando los precios, especulando con la vivienda!
La corrupción política siempre ha estado ligada al dinero. Los grandes capitales han utilizado siempre a los políticos para sus negocios. Es el Estado precisamente uno de los pilares de la economía de los capitalistas. El Estado es una fuente de beneficios para las grandes empresas. Desde las obras públicas hasta la educación financiada por las arcas públicas, todas están en última instancia al servicio -de una manera gratuita- de las grandes empresas.
Es por eso que muchas personas se desaniman, cuándo la propia izquierda, los partidos tradicionales, caen en estos casos, ya sea directamente de corrupción, o tráfico de influencias.
Precisamente para mantener este sistema explotador del trabajo humano para beneficio de unos pocos existe el Estado, que con la policía y el sistema judicial y político, es el garante de los negocios de las grandes empresas y los defiende cuando en huelgas, como en Cádiz este verano, la clase trabajadora se rebela contra la explotación.