Una nueva ley aprobada en Texas autoriza a cualquier ciudadano a denunciar a quien quiera que “ayude o instigue” la realización de un aborto después de la semana 6 de embarazo, momento en el que aún muchas mujeres no saben si están o no embarazadas. Para comparar, en España es hasta la semana 14. A los que denuncien y ganen, se les otorga una recompensa de 10.000 dólares, estableciendo un clima de persecución y vigilancia contra las mujeres.
El tribunal supremo no la ha declarado anticonstitucional, de momento, pese a que la sentencia Roe v. Wade de 1973 avala el aborto. Ya ocurrió en 2013, cuando 2 leyes sobre este tema fueron aprobadas en Texas y no fueron anuladas hasta 3 años después. Aunque solo sea por unos años que estas leyes queden en pie, esto provoca el cierre de clínicas de reproducción sexual, que en muchos casos no vuelven a abrir. Esto hace retroceder a las mujeres 50 años en sus derechos, volviendo a los abortos clandestinos para quien no tenga dinero para desplazarse.
Esta ley se suma al fomento oficial de una extrema derecha peligrosa, estimulándola para que continúe sus ataques, que ya han llevado no solo contra las mujeres sino también contra la comunidad negra y LGTB, los sintecho y los sindicatos. Ante cualquier ataque a la clase trabajadora, sin importar la razón que sea, esta tiene que organizarse, y no confiar en los tribunales para que lo solucionen.
Traducido de The Spark.
