El presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Comunidad de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP) se reunieron el pasado 25 de agosto para abordar la situación de los casi 800 menores migrantes llegados en mayo, después de que una jueza ceutí paralizara cautelarmente las devoluciones por incumplir la ley. Sánchez y Vivas acordaron agilizar los trámites legales para expulsarlos cuanto antes, descartando repartir los menores por toda España.
Las devoluciones habían sido ordenadas por el Ministerio de Interior en base a un acuerdo hispano-marroquí de 2007 que incumple la legislación española. La ley de extranjería exige un informe individualizado, dar audiencia al menor y un estudio de sus circunstancias familiares, procedimientos que no se han cumplido en los 12 menores que ya han sido expulsados por la vía rápida. En esto el gobierno “progresista” nada se diferencia de la política que pide la derecha y la extrema derecha de devoluciones masivas.
Ninguna persona debería ser ilegal, y esto solo favorece intereses de las clases dominantes, quienes necesitan una mano de obra inmigrante mal pagada y que los trabajadores compitamos a la baja. La clase trabajadora tiene sobradas razones para apoyar a todos los migrantes, unirnos y luchar contra un sistema que nos explota. ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!
