El 24 de mayo hizo 5 años en que 1.132 personas murieron y 2.500 quedaron heridas, al derrumbarse la fábrica textil de Rana Plaza en la capital de Bangladesh, poniendo en evidencia las terribles condiciones de explotación y de inseguridad laboral en la que se fabrica la ropa.
Según una representante de la campaña “Ropa Limpia”, 5 años después, “ha habido mejoras importantes, pero la cuestión general NO ha cambiado”.
Después de lo sucedido en Bangladesh se firmó un acuerdo entre empresas (marcas, distribuidores e importadores) y sindicatos internacionales y de Bangladesh consiguiéndose, por primera vez, que el accidente fuese legalmente vinculante.
Este Acuerdo firmado por unas 220 empresas, que vienen a representar a 2 millones de trabajadores, sobre todo mujeres, se centra en la seguridad en la construcción y en materia de prevención de incendios, asegurando inspecciones independientes en las instalaciones de confección, arreglando lo que resultara negativo en las inspecciones, garantizando el derecho de un trabajador a rechazar trabajar en condiciones poco seguras y facilitando con transparencia toda la información al respecto.
Esto no se había hecho nunca antes, aunque si había sido una constante reclamación, ya que antes del suceso en Rana Plaza si habían ocurrido otras tragedias, aunque no de la magnitud de esta. Este Acuerdo fue un avance rompedor para perseguir la seguridad laboral en toda la cadena de la producción y distribución, solo en Bangladesh insistimos, porque este acuerdo no se da en otros países y lugares donde las condiciones de seguridad son igualmente precarias.
En relación al tema de los salarios
A raíz de lo sucedido y por la presión tan fuerte que hubo a nivel internacional, el salario se aumentó un 77%, que puede parecer una barbaridad, pero realmente pasó de no llegar a los 30€ mensuales a los 51€ actuales que claramente es un salario de pobreza que no permite a la gente cubrir sus necesidades básicas con jornadas de 10-12 horas diarias. Pero aún es peor, porque en términos generales, los salarios han disminuido debido a la alta inflación que sufre el país.
Desde el punto de vista de la libertad de asociación
Los trabajadores tienen los mismos problemas o más para defender sus derechos, empeorándose la situación. A raíz del accidente hubo un repunte de los sindicatos en las fábricas: se crearon unos 300 nuevos sindicatos, pero la represión sindical vuelve a ser la norma. De estos nuevos sindicatos, 44 han sido forzados a cerrar, mediante despidos, renuncias forzadas y otras tácticas intimidatorias.
Ha habido momentos brutales de represión: a finales de 2016 despidieron a más de 2000 personas de las fábricas, detuvieron y encarcelaron a 34 sindicalistas y muchos de ellos con cargos penales. En abril de este 2018 detuvieron a 7 sindicalistas. Esta situación sigue prevaleciendo y existe una impunidad total: en cuanto hay algo de protesta para mejorar los salarios, que en este 2018 toca revisarlos, se reprime de una forma muy violenta.
Respecto a las indemnizaciones económicas
Para resarcir a las víctimas y familiares, hay que decir que se creó, gracias a una fuerte campaña internacional de distintas ONGs que duró 2 años, un fondo fiduciario para los afectados estipulado en 40 millones de dólares que después se rebajó a 30. Pero las mayores aportaciones a este fondo no las han desembolsado las grandes marcas. Basta con ver que 16 millones, más de la mitad, lo puso el Fondo Humanitario de los Trabajadores del Metal, el mayor sindicato industrial de Norteamérica, mientras que las aportaciones de las grandes empresas textiles fueron ridículas.
Esas aportaciones fueron: Inditex 1,63 millones, Benetton 1,1 millones, C&A 1 millón. Mientras El Corte Inglés, Mango, GAP, Walmart, Bonmarché y H&M no han hecho pública la cuantía aportada (lista de donantes del informe del comité de coordinación del Acuerdo del Rana Plaza) y, por último, el dueño del edificio y los propietarios de las 5 fábricas que allí se alojaban no han aportado nada a este fondo.
Por otra parte, de las 41 personas acusadas, sólo Rana, el dueño del edificio, y un inspector están entre rejas.
Pero las condiciones laborales de las costureras de Bangladesh encuentran un patrón similar a las de las maquilas en Centroamérica o las de las fábricas textiles chinas: empleo femenino semi-esclavo en muchas ocasiones, jóvenes y niñas con salarios míseros, y con hijos y familiares que dependen en exclusiva de sus ingresos, jornadas laborales interminables, en locales atestados y mal ventilados, recibiendo a menudo tratos denigrantes por parte de sus capataces, en condiciones de inseguridad y de absoluta falta de protección y derechos laborales.
Sin embargo, todas aquellas promesas de la industria textil de establecer mecanismos de control más exigentes, de la puesta en marcha de iniciativas de certificación de buenas prácticas, etc. han quedado en buena medida en agua de borrajas como hemos visto: los salarios apenas se han incrementado y los sindicatos sufren continuos acosos. Mientras tanto las grandes firmas de moda, en este caso, siguen amasando beneficios a costa de la más salvaje explotación.
Seguimos pensando que todo está globalizado y en gran medida es así, pero la globalización es del capital financiero y del comercial, pero no del productivo que necesita de estas inhumanas condiciones de explotación laboral para seguir creciendo solo y en exclusiva en su propio beneficio.
Llegará el momento de las y los trabajadores, cuando despierten y reaccionen y luchen todos unidos, por una causa común: Se librarán de las cadenas del capital, dejarán de ser los oprimidos y harán saldar las cuentas de los explotadores. Cuando ese momento llegue la clase obrera habrá tomado el poder.