¡Los servicios públicos no se venden, se defienden!

El 28 de octubre se convocó una huelga general para todo el sector público a nivel estatal. Una huelga convocada mayoritariamente por CGT además de Ustea en Andalucía, a la que se sumaron y apoyaron otros sindicatos, además de diferentes plataformas de trabajadores públicos. En Andalucía hubo manifestaciones en Sevilla, Córdoba y Granada, a la par que se hacían concentraciones en el resto de provincias.
Los sindicatos convocantes denuncian la situación de precariedad de los emplead@s públicos, además de las elevadas tasas de temporalidad, motivada por la inacción de las administraciones durante años. Sucesivos gobiernos han permitido un progresivo aumento de la temporalidad en el empleo de los trabajadores públicos. Por ello reclaman un plan de estabilidad para el personal interino y temporal en las administraciones públicas. La temporalidad de este colectivo afecta al 30% de todo el sector público, superando el 22% que emplea el sector privado.
La temporalidad laboral en el sector público ha venido aumentando debido a los recortes impuestos por las administraciones de los sucesivos gobiernos. Además, cada año aumenta la subcontratación mediante empresas privadas, ganando terreno frente a la cobertura de puestos por trabajadores públicos. No cubrir las bajas y las jublaciones anticipadas a tiempo, provoca un lento movimiento en las bolsas de trabajo, con trabajadores que llevan años sin poder promocionar a empleos estables a la par que sufriendo una alta temporalidad. Una situación que beneficia sobre todo a la empresa privada.
La Sanidad y la Educación son los ejemplos más notables. Todos hemos visto como médic@s y enfermer@s han llevado el peso de una pandemia sin apoyos y sin recursos, que la administración les ha negado. Y prueba que los recortes no cesan ha sido la reciente manifestación andaluza contra la no renovación de contratos en el SAS.
En Educación cada año es patente la falta de profesorado, no es nueva, como se evidenció no hace mucho en Madrid, en primaria, secundaria y universidad públicas. Esto junto con la falta de aulas provoca aumento de las ratios, lo que pone en riesgo a alumnos y docentes ante nuevos contagios por Covid.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2020 ya determinó el abuso de concatenación de contratos a trabajadores interinos en el sector público. Como respuesta y tras muchas vacilaciones, el gobierno sacó adelante el “proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”.
Este proyecto de Ley ha creado más incertidumbre si cabe entre los trabajadores públicos interinos. Para empezar, se va a regularizar su situación mediante concurso-oposición, que en esta ocasión valorará hasta un 40% la experiencia por años trabajado. Una medida que no afecta a todos los trabajadores por igual, ya que al no haberse convocado Oferta de Empleo Público (OPE) durante años, muchos trabajadores interinos llevan esos mismos años en un puesto, frente a aquellos que han estado entrando y saliendo de la bolsa de empleo durante años, cubriendo bajas, vacantes, etc.
Otro aspecto de esta Ley que también enfrenta a los propios trabajadores es el limitar la permanencia como empleado público a tres años. Ya que la directiva de la UE limita la situación de temporalidad a tres años, tras lo cual el trabajador ha debido obtener plaza mediante OPE o si no, es expulsado automáticamente del sector público. ¡Menuda solución faraónica se ha adoptado para eliminar el fraude de ley!
Todos estos trabajadores quieren estabilidad en sus empleos y la administración podía haberlo solucionado, haciendo que las OPE se celebraran cada menos años, ofreciendo más plazas, eliminando la subcontratación, nada de eso ha hecho.
¡Basta de recortes en los servicios públicos! ¡Por unos empleos públicos dignos!

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