A finales de septiembre de este año han llegado los primeros avisos de alerta roja por temporal de lluvias a la Comunidad Valenciana. Desde la AEMET han advertido que una nueva DANA (Depresión Atmosférica en Niveles Altos) puede volver a producirse debido a la combinación de múltiples factores climáticos, geográficos y atmosféricos y causar lluvias torrenciales con acumulaciones de más de 180 litros por metro cuadrado en apenas 4 horas. Aún tenemos en la memoria los graves sucesos ocurridos el año anterior. ¿Han hecho algo Gobierno y las instituciones para evitar nuevas tragedias?
En esa DANA perdieron la vida centenares de personas. La suma de negligencias políticas condujo a una catástrofe económica en la región: Inundaciones de zonas, calles, viviendas y locales; daños a infraestructuras y redes de servicios básicos, como electricidad, agua, gas y comunicaciones en unos 65 municipios. 63 parques industriales fueron afectados requiriéndose millones para su reconstrucción.
Solo en el sector servicios afectó a cerca de 300.000 empleos. La industria fue el sector más afectado, con pérdidas estimadas en más de 4.500 millones de euros, con destrucción de infraestructuras y maquinaria y donde el gobierno aplicó ERTEs por la paralización de la actividad. Por su parte el campo cifró las pérdidas en más de mil millones. En términos de riqueza, la DANA de 2024 ha afectado a más de un tercio del PIB de la provincia de Valencia, es decir, un 22% del total de la región, y más del 2% del producto interior bruto del estado.
Ayudas que no llegan
Con los datos obtenidos en prensa de este pasado septiembre y a través de las páginas web del Ministerio de Hacienda se ha podido conocer que las ayudas concedidas por el gobierno suman más de 16.000 millones de euros. Aunque ayudas como las del Consorcio se han acelerado existe un retraso significativo en los trámites de los paquetes de ayuda del Gobierno. Así más del 80% de las familias damnificadas aún no las han recibido. Estas ayudas por la DANA que puso en marcha el gobierno central incluyen compensaciones económicas para daños personales (invalidez, fallecimiento), reparaciones de viviendas y enseres domésticos, apoyo a autónomos y pymes, y beneficios fiscales como aplazamientos de impuestos y exenciones de IBI e IAE.
También hay ayudas específicas para el sector agrario y el plan de choque del Consorcio de Compensación de Seguros ya mencionado para indemnizar vehículos. Pero veremos como en la mayoría de los casos estas ayudas han ido destinadas no a los damnificados, sino a determinadas empresas privadas y grandes cadenas.
Baste como ejemplo ese plan de choque para indemnizar vehículos. En el caso de necesitar reparaciones hay que acudir a determinados talleres concertados.
En el caso de pérdida total las ayudas van desde la máxima de 10.000 euros, si se compra un coche nuevo eléctrico, a la mínima de 2.000 euros. El gobierno publicó una convocatoria para que los concesionarios se adhirieran al programa donde es obligatorio presentar la solicitud. Tirando de hemeroteca, lo más barato que se podía encontrar en concesionarios con menos de tres años en 2024 rondaba los 20.000 euros, los que existen por debajo de ese precio los ceden a las casas de compraventa y las compras en estas casas no sirven para optar a la ayuda. Además se deberá pagar la totalidad y esperar la ayuda después.
Aunque el plazo para solicitarlo era hasta el 30 de junio de 2025, dejarán de concederse ayudas cuando se acaba el dinero presupuestado. Se ve que el objetivo no es ayudar a las familias afectadas, la mayoría clase trabajadora que ha perdido su vehículo a consecuencia de las riadas. Se trata de inyectar dinero público a empresas: automovilísticas, concesionarios de coches.
Aunque el gobierno anunció el pasado enero la prórroga de las ayudas por cese de actividad a los trabajadores autónomos afectados por la DANA, estas se han de tramitar a través de las mutuas de la Seguridad Social lo que sigue provocando retrasos y en muchos casos denegaciones.
Más aún, once meses después de la devastadora DANA que afectó a la región, el Gobierno ha reconocido, ha través del Comisionado especial para la reconstrucción, que algunas empresas y ciudadanos damnificados por la riada no recibirán las indemnizaciones que esperaban del Consorcio de Compensación de Seguros, “muchas veces el dinero, tanto del consorcio como las ayudas, no llega para poder tener o volver a rehabilitar una casa”. “Muchas veces hay gente que con estas catástrofes puede salir ganando y hay mucha gente que sale perdiendo” declaró la comisionada Zulima Pérez este mes de septiembre en Valencia.
Plan de reconstrucción: negocio y corrupción
En cuanto a las obras públicas la Generalitat Valenciana organizó el plan para la reconstrucción y reparación de los daños a infraestructuras, por más de 240 millones de euros mediante contrataciones directas, a dedo a determinadas empresas. Empresas como FCC, con un total de 19,9 millones de euros en contratos de emergencia de la DANA o Rover Rail (19,2 millones), especializada en infraestructuras de transporte.
La mayoría de las empresas agraciadas están investigadas por corrupción, con empresarios que han ayudado a financiar al Partido Popular en el caso “Gürtel”. Los medios para las obras que dependen de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Generalitat Valenciana, casi 34,2 millones han ido a parar a empresas que financiaron al PP. Como CHM Obras e Infraestructuras S.A, cuyo presidente fue condenado en el marco del ‘caso Gürtel’ a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales y otras como Becsa, SA o Lubasa.
Mientras las ayudas por la DANA están llegando a cuenta gotas a la población, las mutuas ponen innumerables trabas a los autónomos. Pero resulta que esas ayudas sí que llegan a las grandes empresas, el ejemplo más claro son esas empresas que apoyaron al PP con financiación ilegal y que reciben dinero público. Luego están además los concesionarios de marca, grandes cadenas de venta y reparación de vehículos, entre otras.
Las empresas privadas obtienen grandes ganancias pero para la población no ha cambiado en nada su situación. No olvidemos que esta catástrofe podía haberse evitado si los servicios de emergencia de la Comunidad que habrían alertado con tiempo a la población no hubiesen sido recortados. La eliminación de la Unidad de Emergencia por el gobierno de Carlos Mazón, sumada a la inacción e ineptitud de los responsables políticos, todo ello condujo a la tragedia que ha causado la muerte de 224 personas según los últimos datos en prensa.
Este estado de cosas solo se puede entender desde la connivencia de los dirigentes políticos con empresas constructoras, cuyos intereses urbanísticos están por el dinero y no por el bienestar de la población. Urge acabar con el capitalismo para acabar con este círculo vicioso que juega con las vidas de la gente.