Hemos aprendido en estas últimas semanas un término jurídico nuevo que ahora tenemos hasta en la sopa: el decreto ómnibus, que no es otra cosa que agrupar diversas medidas en un solo paquete. Pues bien, finalmente el acuerdo gobierno-Junts ha permitido aprobar casi una treintena de medidas que pronto entrarán en vigor, entre las que se mantienen las de carácter social, pero se aplazan las tributarias y económicas.
Entre las medidas anunciadas se recogen las ya conocidas del “escudo social” del que tanto hablan desde las filas socialistas, como la suspensión de los desahucios para familias vulnerables, nuevas disposiciones para combatir las “ocupaciones ilegales” y reforzar las garantías para propietarios e inquilinos, mediante avales públicos, ayudas para reformar inmuebles dañados por las ocupaciones, descuentos en el transporte público hasta prácticamente el verano, revalorización de las pensiones un 2,8% en términos generales y cerca del 6% para las pensiones mínimas, incremento del 9% en el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas, mejoras en el bono social eléctrico, ayudas a los afectados por la DANA en Valencia, etc.
Quedó fuera del decreto, por el acuerdo con Junts, medidas económicas y tributarias, que han quedado pospuestas. Entre ellas, por ejemplo, un fondo de 700 millones para ayudas a empresas cuyo reparto dejaba el ómnibus en manos del gobierno central.
Como parte del “circo” en la próxima reunión de la Mesa del Congreso se permitirá la tramitación de una cuestión de confianza al presidente Pedro Sánchez, aunque con un nuevo redactado. Pero es una prerrogativa del presidente aceptarla o no. Y Sánchez, obviamente, ya adelantó que no la aceptaría. ¡De risa! Así como de risa ha sido también el cambio de postura del PP que, ante el descontento de colectivos, como el de pensionistas, ha cambiado de opinión argumentando además que los hace por los pensionistas y las personas que se van a beneficiar de la ayuda al transporte, que no tienen culpa de la mala gestión del gobierno. Sin embargo, habría que recordar a Feijoo que el PP no ha votado nunca revalorizaciones ni mejoras del sistema de pensiones español.
Sin embargo, por mucho cacareo que se forme en las tertulias políticas y en los parlamentos, ningún escudo social va a proteger verdaderamente a la población, a los trabajadores, que no sea arrancado por la lucha y la movilización; llevamos años con los escudos sociales, pero en España los desahucios han crecido, el empleo gana progresivamente precariedad, la vivienda es un problema que no se resuelve pues el escudo es sobre todo para los grandes propietarios. Estos hechos los podrán maquillar, camuflar, pero son innegables y solo se podrían verdaderamente paliar si los trabajadores y la población en general imponen al gobierno que el dinero para las ayudas sociales sea obtenido de los grandes beneficios de empresas y bancos, así como de aquellas fortunas escandalosamente grandes que luego se permiten el lujo -para desgravar- de hacer donaciones.
El año pasado, las cien mayores fortunas de España crecieron un 27%, según la última actualización de la lista Forbes. El patrimonio conjunto de las cien mayores fortunas asciende ahora a 250.400 millones de euros. Los 6 bancos que cotizan en el Ibex 35 han obtenido en 2024, beneficios récord de 23.656 millones de euros. Y las grandes empresas del Ibex un total de 47.000 millones. Y después dicen que no hay dinero para los servicios públicos, sanidad, educación…, estos beneficios son producto del trabajo colectivo que se lo apropian los capitalistas. Y mientras tanto nos marean con los decretos ómnibus para ocultarnos la realidad: la explotación del capitalismo.