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La electricidad: un servicio público convertido en negocio

Endesa anuncia que busca combatir el fraude eléctrico con inteligencia artificial. No tendría que ir tan lejos, los verdaderos ladrones están dentro de esas mismas compañías eléctricas.
Las conocidas “puertas giratorias” no han parado de girar, entrando y saliendo de expresidentes a ministros, durante años. Esos fichajes han permitido al sector un gran control político y apuntalar el actual oligopolio eléctrico, conformado por el trío Iberdrola, Endesa y Naturgy.
En plena escalada del precio de la luz, Iberdrola, en un alarde mezcla de prepotencia y de desprecio, ha contratado a un ex político de las filas del PSOE, Miguel Carmona, para “lavar la imagen de la compañía en España”. Su desplome en bolsa ha alcanzado un 26% y culpa de ello a las últimas medidas del gobierno de Pedro Sánchez, encaminadas a abaratar el precio de la luz, cuyos recortes fiscales están dejando a la empresa en un momento muy delicado, dicen, y que por ello los inversores podrían dejar de confiar. Si el tema no fuera tan grave para el bolsillo de la población, sería para echarse a reír.
Se estima que Carmona podría llegar a cobrar un sueldo entre 400.000 a 500.000 euros, un sueldo “acorde a una responsabilidad” dice la empresa. En agosto, Carmona declaró: “Yo que no soy amigo de las eléctricas” …”no tengo ninguna simpatía, ni por Iberdrola, ni por ninguna multinacional eléctrica”. Pero la realidad es tozuda, a nadie se le escapa que ese “enchufe” viene a apaciguar la actual tensión con el Gobierno. Bajo este sistema capitalista, empresarios y políticos solo conocen una forma de “arreglar desacuerdos” y es mediante favores mutuos. Para nada importan las necesidades de la población.
Hay que acabar con este sistema podrido, donde el dinero y los favores mandan, y gran parte de la población se ve privada de acceso digno a la electricidad. La producción de la energía tiene que ser un servicio público y controlado por la propia clase trabajadora. Para ello es necesaria su expropiación sin indemnización previa auditoría pública de las cuentas reales de tales empresas.

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