Los incendios estivales en España han batido un triste record, aunque por otra parte era la “crónica de una muerte anunciada”. Volvemos a asistir estos días a un tira y afloja entre las distintas administraciones para ver quién tiene más responsabilidad en la prevención y extinción de incendios, como ocurrió con la DANA, en Valencia.
Es necesario un servicio público de bomberos que aumente y fidelice plantillas, acabando con la precariedad laboral existente y que perpetúa gobiernos de uno y otro signo. Pero el debate, la crítica, si se detiene aquí por más justa que sea la reivindicación –más personal, más estabilidad laboral- no lleva hasta sus últimas consecuencias el análisis que se debe hacer, que no es otro que el sistema capitalista depredador, con su modo de producir, alienta la llama y propaga fuegos.
Hasta el momento en que se escribe este artículo, han ardido en España cerca de 400.000 hectáreas en lo que es el peor verano desde hace 30 años. Ourense, Lugo, Zamora, León, Cáceres… y 4 personas fallecidas. Pueblos enteros han tenido que ser confinados, alrededor de 30.000 personas han tenido que abandonar sus casas y aun es pronto para cuantificar las viviendas que serán irrecuperables.
Los campos y montes no son DANAS, no arden solos. Se está hablando hasta la saciedad de que alrededor del 90% de los incendios están vinculados a causas humanas, ya sean negligencias o intencionados. También es evidente, por mucho que las derechas lo nieguen, el cambio climático con las olas de calor provocadas por las emisiones de CO2 a la atmósfera y la contaminación medioambiental provocada por un sistema económico que busca el beneficio a costa de lo que sea. Pero por mucho que los medios hablen de los pirómanos y su manera de actuar y se especule con que al menos de la mitad de los incendios han sido intencionados, se sigue ocultando lo que hay tras los incendios: un sistema, el capitalista, que en su búsqueda de beneficios, funciona con un modo de producción destructivo del medio ambiente. En España alrededor del 70% de la superficie forestal es privada: de unas 27 millones de hectáreas forestales, 18 millones son privadas. Evidentemente, aunque todo se quema sin distinción, estadísticas de otros años, de 2006 a 2015, nos hablan de que cerca del 60% de la superficie total quemada corresponde a propietarios privados. Y no todos son pequeños agricultores que han tenido que abandonar su terruño y migrar a la ciudad. Buena parte de estos terrenos también son cotos de caza, explotaciones agrícolas extensivas, explotaciones energéticas… Aunque el problema es grande, el Ministerio de Transición Ecológica aún no dispone de datos contundentes para discernir entre tipos de fincas quemadas, titularidad o tamaño de la propiedad. Y esto aún con el agravante de años pasados donde se ha constatado que algunos de estos grandes propietarios o gestores de fincas queman rastrojos o pastos para regenerarlos incluso en épocas dónde la prohibición es contundente por el alto riesgo que esta práctica supone; por no hablar de aquellas grandes fincas que son abandonadas por menguar su rendimiento económico contribuyendo al riesgo de incendios.
Hay también que resaltar que las grandes empresas extractivas, como son las madederas, mineras o energéticas, marcan incluso lo que se cultiva por regiones; se ve claramente en Galicia poblada de eucaliptos a tenor de las empresas de celulosa y madera allí asentadas, modelo de producción que hace de Galicia una región mucho más vulnerable al fuego. Incendios de otros años también apuntaban a las empresas energéticas con un mantenimiento de tendidos eléctricos muy bajo, con los consiguientes chispazos que se producen por calor o viento. Endesa, Iberdrola y otras eléctricas han afrontado juicios en el pasado por incendios en líneas de alta tensión, al igual que hay empresas forestales multadas por no mantener cortafuegos, abandono de maleza y restos vegetales inflamables. La mayoría de estos juicios se clasifican como negligencia empresarial, no como incendios intencionados. De estos juicios y empresas sabemos poco, hay pocos datos que no aparecen fácilmente. En cambio de los pirómanos, de los incendiarios y de la España vaciada, hoy lo sabemos casi todo.
En muchos lugares de España se están oyendo voces que claman y, con razón, por una mejor política de prevención y mayores medios, más contratación y menos precariedad en la extinción y prevención de incendios. Es evidente que denunciar la falta de recursos y los recortes presupuestarios que provocan la falta de medios son reivindicaciones muy justas. No le falta nada de razón al bombero que explica que verdaderamente los incendios se apagan en invierno, desbrozando, limpiando montes, abriendo cortafuegos, manteniendo en definitiva una adecuada prevención forestal.
En algunos otros lugares van un pasito más y vinculan el modo de producción y explotación de los montes con los incendios y su propagación salvaje, como hemos visto en algunos incendios sobre todo este verano. Por ejemplo, en Galicia muchos vecinos están levantando su voz y acusando a la industria de la celulosa de ser corresponsables en la propagación de los fuegos. La locura de que esta comunidad autónoma concentre más del 50% de los eucaliptos existentes en toda España, solo puede responder a un modo de producción loco por hacer caja –el sistema capitalista-. También se levantan voces en Castilla- La Mancha contra empresas mineras y energéticas que van a la caza de beneficios sin apenas mantener los terrenos de los que son concesionarias; o empresas que abandonan viñedos por no resultar ya rentables.
Ya lo decía Lenin en 1920, (“Informes Económicos al VIII Congreso de los Sóviets”): …” el capitalismo despilfarra las fuerzas productivas y arruina las riquezas naturales; el socialismo debe crear un orden económico que preserve y multiplique esas fuerzas…”
Políticas preventivas más severas con las infracciones y realmente dotadas de medios son muy necesarias, por supuesto. Pero la verdadera prevención consistiría en considerar que los montes y campos no están al servicio del mejor postor, ni deben formar parte de la carrera por el beneficio que las empresas en el marco del capitalismo conlleva, sino que deberían ser expropiadas las grandes de fincas y los terratenientes, elemento básico, junto la la constitución del suelo como propiedad colectiva de la sociedad. La nacionalización del suelo y de la tierra sería el primer paso para planificar el territorio de acuerdo a las necesidades sociales y no de los beneficios privados de las grandes empresas y de los terratenientes. Porque ha quedado demostrado que los recortes matan, pero el capitalismo es el peor pirómano para el hombre.