La clase trabajadora y la situación socio-laboral
Casi acabándose el año llega la hora de hacer un balance; la situación social en España se degrada de forma que según el informe de la “Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social” (EAPN), que engloba a más de 8000 entidades sociales, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se ha incrementado en el último año y alcanza al 26,5 % de la población residente en España, es decir, en términos absolutos, unos 12,7 millones de personas están en tal situación. Y afinando los datos nos encontramos que 1,9 millones de personas que “no son pobres ni viven en hogares con baja intensidad de empleo” sufren, sin embargo, carencia material y social severa.
De igual forma los problemas y carencias del servicio de atención a la dependencia siguen ahí, inamovibles. A finales de 2023 según datos de “El País” 310.429 personas se encuentran esperando ser atendidas (unas con derecho reconocido en espera de atención, otras a la espera de valoración). Más de 45.000 personas mueren al año en las listas de espera de la dependencia, lo que supone que 124 personas fallecen al día en esas listas, ¡1 cada 12 minutos! Todos sabemos que en la sociedad actual los negocios importan más que la vida humana y que tras estos crímenes se hallan intereses económicos, la de los empresarios que se llenan los bolsillos privatizando y precarizando un servicio tan esencial como el de la ayuda a la dependencia.
Los demás servicios públicos no están mucho mejor; están maltrechos en todas las comu-nidades autónomas, aun con sus diferencias, tengan el signo político que tengan, porque bajo el capitalismo en crisis hay que obtener beneficios y todo se convierte en una mercancía de la que hay que extraer en cada momento lo máximo que se pueda, sin importar que sea la salud, la educación, la vivienda…
Sindicatos y profesorado no dejan de advertir de la privatización encubierta que hay tras los recortes en Educación, con la excusa de que las ratios han bajado y de respetar “la libertad de elegir centro”, pero que en la práctica segrega al alumnado generando mayores desigualdades. Tenemos, en esta línea, según datos de USTEA, que en Infantil y Primaria, el incremento para la concertada es casi del 8%. En la ESO y Bachillerato la tendencia es algo mayor, del 10%.
Con este panorama tenemos en España un “gobierno de progreso” que permite realidades como la que describe “El diario.es” (noviembre 2024): …”Escuelas infantiles. Colegios privados puros, privados concertados. Mixtos, solo de chicos o solo de chicas. Universidades propias y de grupos cercanos. Decenas de miles de alumnos y cientos de millones de euros de ingresos cada año. El Opus Dei tiene un pequeño imperio educativo en España…”. Ni que decir tiene que reciben a través de los conciertos educativos cientos de millones de euros cada año y ello a pesar que suelen segregar por sexo al alumnado.
Respecto a la Sanidad el panorama no es mejor que en Educación, en todas las comunidades autónomas. Falta personal en todas las categorías, los profesionales están desbordados, las pruebas de los especialistas se demoran, las listas de espera son demenciales… por ejemplo, en Andalucía, según denuncia Marea Blanca 200.000 enfermos están aguardando para operarse, con la segunda demora media más alta del país (169 días) de acuerdo a la última cifra oficial, y eso que hay una ley de plazos, que es papel mojado como tantas otras leyes; ya hay una condena al Servicio Andaluz de Salud por tardar dos años en diagnosticar un cáncer de pulmón. Así las cosas, los seguros privados están proliferando como moscas…
Como se ve claramente la nueva ministra de Sanidad Mónica García, activista que fue de la Marea Blanca en Madrid, es incapaz de frenar el deterioro de la sanidad pública, a pesar de su alto cargo. Y es que quienes realmente deciden como se invierte y dónde, son las grandes empresas privadas, bancos, aseguradoras y farmacéuticas. Cambiando ministros no pueden arreglarse los problemas… El verdadero problema es que la riqueza que genera la población trabajadora va parar a las manos de las empresas del Ibex 35 y estas son las que ordenan y mandan.
En cuanto al desempleo, el número total de parados en España es de 2.754.100,01 personas en el tercer trimestre de 2024, lo que supone un -0,05% respecto al trimestre anterior. La tasa de paro es del 11,21%, según el Instituto Nacional de Estadística. El paro entre los jóvenes, el segundo más elevado de toda la Unión Europea. En el plan de ajuste que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas, hace la promesa de que en España se crearán más de 1,5 millones adicionales de puestos de trabajo hasta 2026.
A los que hablan de creación de empleo, habría que recordarles que desde la reforma laboral de Yolanda Díaz (2022) hay más trabajadores fijos discontinuos en verano y que, cuando estos pasan a la inactividad tras los trabajos estivales, no figuran como parados registrados en la estadística, por citar solo una de las variables que maquillan la realidad.
Para los que aún conservan su empleo, los salarios reales han caído y la precariedad sigue siendo un grave problema. Una de las formas laborales en las que se materializa esa precariedad es el empleo a tiempo parcial, que en el último trimestre aumentó desde el 12,5% de 2023 al 12,8%. A este tipo de empleo se accede, en su inmensa mayoría, por no haber encontrado un empleo a
jornada completa y no garantiza un salario suficiente para poder vivir dignamente.
Todo esto coexiste con la realización de millones de horas extras y jornadas abusivas. Así, según CGT, en el último trimestre se han realizado 4.057.300 horas extraordinarias pagadas (cifra máxima desde 2009), y 2.515.000 horas extras no pagadas a la semana, equivalentes a más de 60.000 puestos de trabajo a jornada completa. Además, la cifra de ocupados que trabajaron habitualmente más de 40 horas a la semana (contando segundos y terceros empleos) es del 11,75%, realizando una media de 52 horas semanales.
En este contexto, la reducción de la jornada laboral que está impulsando el Gobierno no puede calificarse más que de insuficiente. Por un lado, porque la reducción de jornada planteada no basta para generar un reparto más justo del trabajo socialmente necesario, ni supone una mejora sustancial en el tiempo libre de las personas trabajadoras a jornada completa. Por el otro, porque la clase trabajadora necesita, por supuesto, mayor tiempo libre (con la mejora relativa del salario que eso supone), pero también aumentar su salario en términos absolutos, pues muchas personas que trabajan viven en la pobreza o se ven asfixiadas por las dificultades para acceder a una vivienda. La reducción de los salarios reales y los problemas derivados de la especulación de la vivienda reflejan una situación de vulnerabilidad estructural que choca con la imagen positiva de la evolución del empleo que presenta el Gobierno
Situación política
Los gobiernos de la “izquierda” en España se caracterizan por la incapacidad de arreglar problemas intrínsecos a la sociedad capitalista, cuyo eje central es la obtención de beneficios. El “gobierno de progreso” es incluso incapaz de acabar con la propia corrupción en sus filas y en las distintas administraciones.
Por el mes de marzo, y a través de la prensa, se conoció el “caso Koldo”, aun de actualidad, donde está implicado el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, investigado por presunta “organización criminal”, creada para lucrarse con 9 contratos públicos de compra de mascarillas, valorados en unos 54 millones de euros. Este nuevo caso de corrupción, salta poco después de lo recién acontecido con Alberto Garzón, ex coordinador de Izquierda Unida y ex ministro de Consumo en el gobierno de Sánchez, que tras haber pasado casi toda su vida política denunciando las puertas giratorias de los políticos, quiso fichar en la consultora Atento por la puerta grande, viéndose a las claras las conexiones existentes entre la izquierda reformista y el régimen capitalista.
Poco después de las mentiras de Ayuso sobre la casa donde vive y el fraude fiscal de su pareja, caso que también perdura, se acaban de conocer las conclusiones sobre la “comisión de la verdad”, formada por sanitarios, familiares de los fallecidos y juristas, sobre la muerte de ancianos en las residencias en Madrid durante la pandemia; estos han concluido que se podrían haber evitado miles de muertes si se hubiesen derivado los ancianos a hospitales y medicalizado los centros de mayores. Ayuso, sin duda, es responsable de estas muertes.
Mucha gente está desmoralizada con tanta corrupción a derecha e izquierda en los partidos parlamentarios. Sin embargo, estos casos son “normales” y previsibles pues vivimos bajo un sistema, el capitalista, que todo lo pudre. Para que haya corruptos tiene que haber quien corrompa, es obvio: sobornos y corruptelas son parte integrante del capitalismo. Al igual que hay partidas en las grandes empresas para pagar las multas por leyes que incumplirán a futuro, hay sobornos para comprar favores y trapicheos a todos los niveles. No puede haber una economía de mercado sin corrupción, al igual que no podría existir el capitalismo sin la explotación del trabajador para obtener beneficios.
Sin embargo, el movimiento obrero hace mucho que dio con la forma de controlar estos temas y lo puso en práctica en el considerado primer Estado Obrero, la Comuna de París, en 1871, dónde sus representantes eran responsables y revocables en todo momento. Lo mismo se decretó para todo funcionario de las distintas Administraciones y cargos públicos, que debían ser pagados igual que el salario de los obreros.
Otro caso que ha conmocionado a muchos militantes y ha suscitado una gran decepción entre la población en general de izquierdas, ha sido el caso Errejón, que ha sacudido a muchos. No es para menos, pues fue miembro fundador de Podemos y posteriormente de Más Madrid y Sumar, y de este última coalición era su portavoz parlamentario. Las reacciones no se han hecho esperar, y aunque otros partidos han tenido casos de machismo y violencia en sus filas, de la supuesta izquierda “que iba a cambiar todo” se esperaba algo más. Especialmente cuando han hecho del feminismo una de sus señas de identidad.
El problema con estos partidos es que han tendido a estudiar las opresiones de forma aislada, como la de la mujer, separadas de las demás. Como si pudiera lograrse una sociedad igualitaria en el capitalismo, donde imperan todo tipo de desigualdades alimentadas por el lucro privado de unos pocos capitalistas que necesitan dividir y aplastar a la clase obrera, a cualquier precio, y por tanto necesita todo tipo de opresiones, la del trabajador, la de la mujer, la del inmigrante…
Es de esta manera que han rebajado el discurso y la conciencia de clase y estudiado el feminismo desde un punto de vista individualista, no de clase, separado del hecho social y económico que permite esa desigualdad. Tenemos que recordar que, aunque la opresión de la mujer aflora muchísimo antes que la sociedad capitalista, aparece nítidamente con la división de la sociedad en clases sociales, en opresores y oprimidos. Es un hecho histórico que la primera explotada y esclavizada fue la mujer y que la lucha contra los fundamentos de la sociedad de clases actual es la única posibilidad de erradicar la opresión de la mujer y el machismo.
Visto el panorama político, es lógica la decepción de gran parte de la población, de la juventud, y de los trabajadores en general que en palabras de algunos “ya no se sabe ni qué ni en quién creer”.
La izquierda parlamentaria sigue cayendo, a pesar de todos los cambalaches del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) para edulcorar los datos: Sumar está viviendo en estos momentos su propia crisis interna, tras el caso Errejón, además de la debida a sus políticas de pacto con los socialistas, al papel desempeñado en el gobierno y las promesas incumplidas. Parece ser que hoy menos votantes de la coalición de Yolanda Díaz repetirían su papeleta: hace un mes así lo afirmaba solo el 46,1% de sus votantes; ahora, un 37,8%. Pero el descenso en la valoración del electorado de izquierdas no es nuevo, es paulatino de elección en elección.
La derecha de Feijoo tampoco sale muy bien parada, consecuencia también de la nefasta gestión de la DANA llevada a cabo en Valencia; de hecho la preferencia del líder de los populares para ser presidente del Gobierno cayó del 48,6% al 38,6% en un sólo mes. Todo esto es un cóctel perfecto para que la desafección política, que ha crecido de un 19,5% al 30.9%, favorezca a la extrema derecha, pues según distintos sondeos Vox superaría -de convocarse elecciones en estos momentos- los 40 escaños.
El problema catalán
Carles Puigdemon nutrió en verano el noticiero politiquero. Entre burlas y ataques de la derecha a Pedro Sánchez, su venida/huida con motivo de la investidura de Salvador Illa dio muchos titulares. Se continuó con el tema de la financiación catalana: para unos, un acuerdo fiscal que rompe la solidaridad entre las autonomías; para otros, el camino lógico para que Cataluña abandone el “procés” pero gestione sus propios servicios y tributos. Sin embargo, el problema de fondo es quiénes pagan: el proletariado o la burguesía.
Recaudar y controlar los impuestos es una reivindicación histórica de los partidos independentistas, y para parte de la población catalana una cuestión de soberanía. Pero ni socialistas ni los independentistas van a hacer soberanos a nadie, todo lo contrario, Illa ha usado las aspiraciones de parte de la población catalana para investirse presidente, ante el fracaso “indepe” al tiempo que con el pacto y la amnistía a los procesados por la movilizaciones independentistas, se distancia de la política de confrontación de la época de Rajoy, aprovechando el peso de tener los resortes del gobierno central.
No, la pelea de los recursos no es para prestar mejores servicios públicos, mejorar la muy maltratada sanidad catalana o revertir los recortes en Educación. De hecho los grandes recortes y privatización de servicios públicos fueron hechos de forma brutal por Artur Mas -mientras Rajoy a nivel estatal hacia lo mismo-, pasando de 9.875 millones de euros para la sanidad en 2010 a 8.290 millones en 2014.
Una verdadera política obrera no es la que busca enfrentamientos entre trabajadores de una comunidad u otra, o la que hace distingos con acuerdos que se pactan a espaldas de todos; la única fiscalidad posible para la clase trabajadora no mira hacia los distintos territorios, sino hacia un compromiso de clase, para que la burguesía pague.
La realidad es que la burguesía saca sus beneficios de la plusvalía que produce la clase asalariada en su conjunto; es decir, es la producción colectiva de la fuerza de trabajo de toda la sociedad. La diferencia entre lo producido y los salarios es la plusvalía que se apropia el capitalista cuando la realiza, se compran y se venden las mercancías en el mercado. Al existir un mercado nacional la burguesía se apropia de la plusvalía producida por los asalariados, tanto de Andalucía, como de Extremadura, Cataluña…, de todo el país. Un coche producido en Cataluña lleva la plusvalía internacional producida por cientos de trabajadores. Al venderse en Extremadura los capitalistas realizan sus beneficios por el aporte también del trabajador que lo compra en cualquier lugar.
Por otra parte, si en Madrid se rebajan impuestos a los ricos, esto es otra forma de insolidaridad fiscal. Que Madrid o Cataluña sean más ricas que, pongamos por caso Extremadura, no es algo que sirva para que el bienestar de los trabajadores madrileños o catalanes. Según informaciones de la Cadena Ser “…suben el número de millonarios y suben sus millones en un 20%…”, “…15% más millonarios, 20% más ricos. Dos de cada tres no paga ningún impuesto por ese patrimonio. La razón es que, de esos, 831.524 viven en Madrid dónde no se cobra a las grandes fortunas. Sólo 307 pagan. Así que la primera conclusión es que hay más millonarios que nunca y pagan menos que nunca”…
No, privilegiar a la burguesía ya sea catalana, madrileña o castellana, no va a hacer que la población viva mejor, sino todo lo contrario. Ni el nacionalismo español ni el catalán van a salvar a nadie, ni las políticas fiscales que acuerdan unos y otros, siempre los de arriba, son solución a las lacras del desempleo, a la creciente precariedad laboral, a la falta de viviendas y al deterioro generalizado de los servicios públicos para luego ser vendidos al mejor postor. Porque todas estas lacras las sufrimos no por ser de una u otra comunidad autónoma, sino por ser clase, clase trabajadora.
Por ello es de interés de todos los trabajadores, de cualquier comunidad, hacer causa común para solventar los problemas que les unen, para defender intereses comunes como clase, no dejando esto en manos de los políticos de turno que dicen representarlos, pero que lo único que aseguran son los enormes beneficios que obtiene la burguesía, aún en estos tiempos de crisis. Y todo ello en parte debido, a las facilidades, exenciones y regalos fiscales de todo tipo que les otorgan los políticos de turno, nacionalistas o no.
Entonces para la clase trabajadora y las clases populares, ¿qué opción tomar?
Los trabajadores y trabajadoras sabemos que la patronal y su sistema capitalista con sus negocios y dinero dominan el aparato de Estado y gestiona directamente o indirectamente el gobierno. Sabemos también que el PSOE ha sido y es la rueda de repuesto de la patronal y del capital. Los y las trabajadoras no podemos confiar en estas “ruedas” de repuesto, solo podemos confiar en nuestras fuerzas y la solidaridad de clase porque la única solución es «cambiar de coche».
Los capitalistas prefieren a la derecha para seguir explotando pero no les amarga un dulce si los socialistas -con sus apoyos a la izquierda- gobiernan haciendo su política de privatiza-ciones, deterioro de la sanidad y servicios públicos, precariedad laboral y pérdida de poder de los salarios, etc. La clase trabajadora solo tiene una salida: defenderse con la solidaridad y construir una voz obrera, una organización obrera, para la lucha, por sus reivindicaciones contra la patronal y el capital.
Por otra parte, la izquierda “cuqui” -los que se dicen más a la izquierda de los socialistas- está demostrando tener todos los vicios de la propia sociedad capitalista. Integrados en el Estado a través del juego electoralista, aparecen en los medios por sus características de “picos de oro”, “intelectuales”, pero sin defender a los oprimidos, planteando “políticas de progreso” pero donde solo progresan las patronales y mandan a la policía a reprimir huelgas. Y en el caso de la mujer hay una doble opresión, por el hecho de ser mujer y trabajadora.
Está claro que el aparato del Estado consiente la integración de estos partidos que no cuestionan la sociedad de clases y que acaban sirviéndole, pues no siembran ninguna duda sobre la validez del orden establecido, sobre la sociedad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores.
Por otra parte los políticos del régimen capitalista, muchos de ellos aprovechan esta posición de poder para dar rienda suelta a sus privilegios y deseos; ninguno piensa realmente en poner fin a la tiranía del capitalismo y a todas sus lacras. Todo esto les hace perder credibilidad en estos momentos, con la decepción y desilusión en las capas de votantes de la izquierda. Y esta desesperanza puede abrirle el paso la derecha y la extrema derecha.
Solamente un partido enraizado en la clase trabajadora, no con “piquitos de oro” sino con militantes activos y responsables de sus actos, sin ningún tipo de inmunidad, con dirigentes probados en la lucha en las calles, verdaderamente elegidos por sus compañeros y revocables en cualquier momento, sin ningún tipo de privilegios y que mantengan un salario acorde a lo que cobra un trabajador medio, que critique de raíz y quiera poner fin a la sociedad capitalista con todas sus opresiones, permitirá construir una sociedad nueva y libre, donde el machismo no tenga cabida. Necesitamos un partido revolucionario de trabajadores para barrer toda la podredumbre y a los “errejones” que utilizan la política para su propio ego y satisfacción.
Está visto y comprobado que en esta sociedad capitalista la patronal gana y la clase trabajadora no tendrá otro remedio que luchar, movilizarse para exigir lo suyo. Porque tenemos que ser conscientes que somos nosotros, la clase trabajadora, los que producimos y somos la mayoría. ¿Cuándo seremos martillo, en vez de yunque? De nosotros depende.
La trampa del reformismo de izquierdas es hacer creer que desde el Estado, el parlamento o los puestos políticos y ministerios se pueden cambiar las cosas. Para la clase obrera sólo han cambiado las cosas a mejor cuando se ha luchado. “La lucha paga”, y esto es una realidad. Estas actitudes y estas políticas de hacer creer a la gente en el sistema político capitalista y su “democracia” solo llevan a la desilusión y abre el camino a la derecha y extrema derecha.
Estos políticos y sus formaciones llamadas de “izquierdas” nos llevan a la derrota; por ello es urgente un partido obrero con un programa y plan de lucha contra el capitalismo, la patronal y sus políticos.