El ministerio de Sanidad que dirige Mónica García anunció que pondría en marcha un nuevo Estatuto Marco, contemplado en la Ley 55/2003 llevando cambios en la gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Según el ministerio, con ello se busca garantizar la homogeneidad laboral, asegurar la estabilidad y el control de los recursos humanos en el SNS entre comunidades autónomas. Argumenta que otra de las ventajas es uniformar derechos (descansos, jornada) para evitar la precariedad y regular la participación sindical. Su anuncio ha puesto en pie de guerra a los médicos de toda España, que se han movilizado por lo que consideran un paso atrás en sus condiciones laborales a la par que un ataque directo a la profesión médica mientras los problemas de fondo que padece la sanidad pública no se afrontan.
¿Qué piden los médicos?
Los médicos están llevando a cabo paros de una semana cada mes a nivel nacional, que no cesarán, dicen, hasta que la ministra de Sanidad Mónica García lleve al Estatuto Marco los cambios que exigen. Principalmente rechazan la visión de Mónica García que “pone especial énfasis en la compatibilidad del ejercicio de la medicina en los ámbitos público y privado.”, que los profesionales médicos obtienen “beneficios obscenos” en la sanidad privada y que busca exigir la exclusividad en el sector público a directivos, gerentes y jefes de servicios médicos, además de a los médicos/as que acaban de terminar la especialidad.
Sobre esta cuestión los médicos responden que la exclusividad pública representa prácticamente el 100% de las plantillas en la mayor parte de España y son excepcionales aquellas provincias en las que este porcentaje baja del 70%. Añaden que es el deterioro durante décadas del SNS el que lleva a los médicos a buscar una salida a sus precarias condiciones laborales, los sueldos escuetos o la falta de desarrollo profesional. Alertan que con el estatuto se pretende unificar a todos los graduados sanitarios en el grupo A1, ignorando que éstos llevan años reivindicando la clasificación A1 plus, desde la implantación del Plan Bolonia, una clasificación que mejora sus condiciones laborales y de salario.
Además, las guardias siguen siendo obligatorias y de 17 horas, y no computan a efectos de jubilación. Las guardias localizadas no son reguladas. Se obliga a hacer guardias pagadas a precio de saldo. Los médicos solo disfrutan de un descanso semanal de 36 horas acumulable en periodos de 14 días. Pero pueden ser obligados a hacer una jornada semanal de hasta 48 horas, calculada en promedio cuatrimestral, por lo que algunas semanas se podrá trabajar más de 70 horas. La jornada anual incluso puede ser incrementada 150 horas anuales sobre esta cifra. Esta presión que denuncian los médicos es consecuencia de años de recortes, con una reducción de la contratación de personal, mientras el gobierno sigue financiando la sanidad privada con dinero público.
La crisis del sistema sanitario no es nueva
A partir de la crisis económica de 2008 se llevaron a cabo planes de recortes públicos destinados a sostener el sistema financiero y a las grandes empresas privadas, primero con el gobierno de Zapatero y luego con el gobierno Mariano Rajoy. Los recortes más significativos en sanidad en España se produjeron mayoritariamente durante el gobierno central del PP de Mariano Rajoy (2011-2015), destacando un recorte de casi 3.900 millones de euros tras 2012 y la implantación del copago.
La financiación sanitaria en España es insuficiente, situándose por debajo del promedio de la UE y la OCDE. El gasto sanitario total representa el 9,2% del PIB, frente al 11% de la UE. El gasto público por habitante en España es de 2.771€, siendo menor que los 4.028€ de la UE y los 4.996€ de la OCDE. (datos de 2024). En 2025 este porcentaje redujo en torno al 6,5%-6,9% del Producto Interior Bruto (PIB), como consecuencia de aumentar el gasto en la guerra.
La trayectoria de Mónica García, doctora en medicina, es idéntica a la de quienes se han servido, al calor del 15M, del malestar popular generalizado por años de recortes para, prometiendo soluciones, asegurarse un puesto en las instituciones. Mónica García salió de debajo de las pancartas “por una sanidad pública y de calidad” y buscó ocupar un puesto en el aparato reformista estatal. Desde entonces se ha dedicado a mantener intacto los recortes, más bien la sanidad pública ha retrocedido y a su lado se sigue dando continuidad y cobertura al negocio sanitario privado. Hospitales, clínicas y farmacéuticas privadas siguen beneficiándose de contratos a costa del sistema sanitario público, debido a esta gestión de los intereses capitalistas desde dentro de las instituciones.
Estos días, mientras el debate público se concentra en la confrontación entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos por la reforma del Estatuto Marco —una norma que lleva más de veinte años sin actualizarse—, los verdaderos problemas estructurales de la sanidad pública permanecen en un segundo plano, cuando no deliberadamente ocultados.
Este Estatuto Marco es una reforma oportunista y un intento de desviar la atención sobre los recortes públicos, destinados a seguir financiando intereses privados.