El presidente de Bolivia, el derechista Rodrigo Paz, ha impuesto el sábado pasado el Estado de Excepción en todo el país y esto supone sacar el ejército a las calles contra los que luchan. Se cumplen ya más de 50 días que trabajadores y campesinos se han unido en movilizaciones contra los ataques del gobierno. Son las mayores protestas con huelgas, manifestaciones y bloqueos de carreteras desde hace dos décadas en Latinoamérica.
El detonante de las protestas ha sido la Ley de Reforma Agraria que permitía recalificar las tierras comunitarias en manos de comunidades indígenas, es decir, poder ser vendidas y compradas, lo cual significa una privatización y expropiación de las mismas, para beneficio de los grandes terratenientes, los que pueden comprar. A ello hay que añadir la crisis económica con la subida de precios generalizada, la adulteración de los carburantes etc.
A estas movilizaciones se sumaron la Central Obrera Boliviana, mineros, profesores… y llevaron a cabo una huelga general intermitente. Exigen la renuncia inmediata de Paz, acusan al gobierno de favorecer a las élites latifundistas y empresariales; la paralización de los precios de la canasta familiar, eliminación de impuestos a los pequeños agricultores, mayor inversión en sanidad, transporte y servicios básicos. Rechazan la privatización de las principales empresas estratégicas.
Poco está trascendiendo de lo que ocurre en Bolivia, pues la prensa y los medios de comunicación en general suelen silenciar los problemas del mundo del trabajo, para que no cunda el ejemplo. Parece ser que el decreto de recalificación de tierras ya ha sido tumbado, pero a pesar de los intentos de negociación, la lucha sigue.
Los trabajadores y campesinos bolivianos marcan el camino y tienen toda la razón al no querer que sus condiciones de vida se degraden más. A los trabajadores nunca se les ha regalado nada, y las conquistas hay que arrancarlas.