A la hora en que esto se escribe, se confirman 69 muertes, pero aún hay restos sin identificar. Este nuevo accidente ferroviario, a la altura de Toledo, es el mayor de los últimos años. Ha sucedido justo un día antes de la huelga ferroviaria convocada por SEMAF para protestar por mejores medidas de seguridad tras el accidente de Adamuz, Córdoba, ocurrido este enero, donde fallecieron 46 personas. Sus reivindicaciones se resumen en la “seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.”
En este trágico accidente la reacción del Ministro de Transporte ha sido acusar al trabajador de Adif que estaba de turno. ¡Qué cinismo! Rechazamos convertir en único responsable a un trabajador, sin examinar las causas estructurales que provoca la falta de inversión en los servicios públicos o faltas de contratación de personal que derivan en más estrés. Ahora, tras el accidente, conocemos que el cambio del sistema de seguridad LBZ (el que ha fallado), fue fechado para 2024 y retrasado varias veces por el gobierno hasta 2027. Según parece este sistema falla de forma recurrente y su sustitución habría evitado el accidente.
En 2021 se privatizó la alta velocidad ferroviaria y entraron nuevos operadores; estas compañías, pese a que son en su mayor parte o en su totalidad de capital público (de España, Francia o Italia), compiten para obtener más recorridos, más viajeros, -más beneficios-, como cualquier empresa capitalista. Y llevan a cabo mantenimientos insuficientes, especialmente cuando el tráfico se ha multiplicado por 4 o por 5. Es la política de reducción de costes para aumentar ganancias, que conlleva además el empeoramiento de la seguridad.
¡Basta ya! Hay que imponer un plan de choque: ¡por la contratación de personal, un plan de mantenimiento de la red urgente y la renacionalización bajo control del trabajador de la red ferroviaria!