Un AVE embistió a un Iryo en la línea Madrid-Andalucía tras la falla del principal sistema de seguridad LBZ
El 28 de octubre un AVE de Renfe embistió por detrás a un Iryo que estaba parado en la vía de Madrid-Andalucía, a la altura de Toledo, provocando el mayor accidente ferroviario de los últimos años. A la hora en que esto se escribe, se confirman 69 muertes.
El accidente ha sucedido justo un día antes de la huelga ferroviaria convocada por SEMAF para protestar por mejores medidas de seguridad tras el accidente de Adamuz, Córdoba, ocurrido este enero, donde fallecieron 46 personas. Sus reivindicaciones se resumen en la “seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.”
Tras el trágico accidente, la reacción del Ministro de Transporte, Óscar Puente, no se ha hecho esperar, acusando directamente a un trabajador, el operador de Adif que estaba trabajando en ese turno. Rechazamos convertir en único responsable a un trabajador, como ha manifestado el Gobierno, sin examinar antes las causas estructurales que provoca la falta de inversión en los servicios públicos o faltas de contratación de personal que derivan en más estrés. Máxime cuando el gobierno invierte grandes sumas en gastos militares.
Ahora, tras el accidente, conocemos (según El Debate) que el programa de cambio del sistema de seguridad LBZ (el que ha fallado) por el nuevo ERTMS, el que cumple con los estándares europeos, fue fechado para 2024 y retrasado varias veces sin motivo por el Ejecutivo hasta 2027. Según profesionales del sector ferroviario, el sistema antiguo falla de forma recurrente y su sustitución habría evitado el accidente.
La privatización del servicio aumenta la peligrosidad
En 2021 se liberalizó la alta velocidad ferroviaria que supuso la entrada de nuevos operadores. A RENFE, se le sumó la francesa OUIGO, la italiana IRYO -implicada en el trágico accidente de hoy como en el anterior de Córdoba- y AVLO, el servicio low cost de RENFE. A la que se suma Adif, que mantiene la red ferroviaria y las estaciones.
Estas compañías, en contra de lo que mucha gente piensa, pese a que son en su mayor parte o en su totalidad de capital público (de los Estados de España, Francia o Italia), actúan sin ningún tipo de escrúpulo compitiendo en los recorridos de mayores pasajeros para obtener el máximo beneficio, como cualquier empresa capitalista.
El coste del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, además, está muy atrás de lo que debería ser, especialmente cuando el tráfico en la red después de la liberalización se ha multiplicado por 4 o por 5. Es la política de reducción de costes para aumentar ganancias, que conlleva además el empeoramiento de la seguridad, la calidad y las condiciones laborales.
La búsqueda de beneficios a toda costa es la lógica detrás del accidente. Esta lógica tiene un nombre, y se llama capitalismo. Este sistema, en su huida hacia adelante, ya no puede mantener siquiera unos servicios públicos mínimos, pues su deterioro y privatización son el negocio de los capitalistas. Además de la huida de capitales a otros sectores más golosos, como son ahora la especulación inmobiliaria o el armamento.
Por la mejora del servicio ferroviario y la puesta en control de manos de los trabajadores
Para evitar desastres como este necesitamos una investigación independiente al Gobierno y auditada por los trabajadores que operan ese servicio. Los operadores de Adif denuncian desde hace años faltas de contratación de personal, que conllevan mayor estrés, mayor carga de trabajo en momentos clave y mayor tendencia al error. Además, el debate que deberíamos tener es por qué ha fallado el sistema de seguridad, no una persona sola.
La investigación no puede venir de un Gobierno ni de Adif, que ha dejado a los pies de los caballos a sus propios trabajadores, filtrado unas grabaciones que son secretas y en las que se ha roto la cadena de custodia, con un objetivo tendencioso. Tal y como hizo el PP de Rajoy con el accidente de A Coruña, cuando se hizo todo lo posible por echar la culpa al maquinista, pese a que después se demostrase que hubo problemas en la señalización de la vía y otras medidas de seguridad.
No podemos esperar a que mueran tantas personas para mejorar la red ferroviaria. En cada accidente descubrimos una verdad oculta: falta de contratación de personal y sistemas de seguridad obsoletos o insuficientes. Basta ya, hace falta un plan de choque: por la contratación de personal, un plan de mantenimiento de la red urgente y la renacionalización bajo control obrero de la red ferroviaria.
Aumento de la desigualdad y de recortes públicos para beneficio de la burguesía – El deterioro de los servicios públicos es el negocio de los capitalistas
Loss dos accidentes de trenes mortales de este año han puesto negro sobre blanco la falta de inversión pública durante décadas en la infraestructura ferroviaria. Los mismos recortes públicos que continúan dificultando el acceso a la sanidad y la educación a gran parte de la población. Con ese dinero público se financian conciertos privados con las empresas.
El deterioro de años de la educación pública y de la sanidad se denuncian estos días en las calles con huelgas sobre todo en Madrid y otras provincias, huelgas que el propio «gobierno de progreso» no duda en reprimir con dureza. Gobierne quien gobierne los recortes continuarán hasta que el sistema colapse como hemos visto con los trenes y la única salida es que la clase trabajadora tome las riendas de la sociedad.
Con un IPC en constante alza, en septiembre alcanzó el 4,9%, los aumentos del SMI apenas han servido para mejorar el poder adquisitivo. Debido a que los salarios no suben al mismo ritmo que lo hacen los precios, los beneficiados son los empresarios de las grandes cadenas de alimentación, ropa, restauración, etc. Ya ni hablar del precio de la luz, la gasolina o la vivienda, gran parte del gasto de las familias va a parar a unos pocos bolsillos de la burguesía. Y es que toda subida de precios es un retroceso de los salarios; es una forma más de plusvalía extraída al trabajador por parte de las grandes empresas de consumo.
El nivel de pobreza va en aumento en las zonas más desfavorecidas, en clara sintonía con la precariedad laboral reinante y la falta de inversión pública. De nada sirven las medidas de choque impulsadas por el gobierno como la bajada del IVA o la congelación de los precios, cuando lo que se hace con esto es subvencionar a las empresas con dinero público; no busca frenar las subidas sino dar un balón de oxígeno a la burguesía y sus negocios para que no pierdan dinero.