La producción de energía debe estar en manos de los trabajadores
El plan diseñado por el Gobierno para tratar de evitar nuevos apagones en la red eléctrica durante diez años: Primero reforzar la red. Y segundo subsidiar a la gran industria por estar preparada y desconectarse de la red eléctrica en caso necesario. Miles de millones que termina pagando la población a través de sus facturas de la luz para que las empresas mantengan sus beneficios.
El refuerzo de la red se basa en el plan autorizado por la UE por un periodo de 10 años. Con un coste total acumulado de 9.000 millones de euros hasta mediados de la próxima década. Consiste en mantener la red de distribución entre las centrales eléctricas que el operador del sistema (Red Eléctrica) considera «críticas» para la seguridad (ciclos combinados de gas, centrales de bombeo e hidráulicas). Se es paga simplemente por estar disponibles y «en marcha» por si el sistema sufre una caída repentina de generación renovable. Se les paga independientemente de si inyectan energía a la red o no.
Ese refuerzo cuenta además con otros 5.600 millones de euros por el coste de Restricciones Técnicas (Operación Reforzada): Se trata de un coste variable por uso real. Es el dinero extra que cuesta el gas que físicamente se quema día a día para equilibrar la red cuando las renovables fallan o cuando hay peligro de saturación.
En resumen, el mecanismo de 900 millones es la inversión preventiva aprobada por la Comisión Europea para asegurar la potencia necesaria de respaldo, mientras que los miles de millones restantes corresponden al coste del combustible y a las obras físicas en las líneas de alta tensión. Esto es lo que le cuesta a la población esa “solución” para evitar los apagones ideada por Gobierno y empresarios del sector eléctrico, para que éstos últimos no toquen sus beneficios.
La interrumpibilidad y el SRAD
No solo las eléctricas, las grandes empresas también llevan años recibiendo millones por su disponibilidad de desconexión de la red y en caso necesario desconectarse en tiempo récord, por lo que además son indemnizadas. Hasta el 2022 se llamaba Sistema de interrumpibilidad pagando “subsidios” a las grandes empresas, sin recurrir a la desconexión forzada, percibiendo cientos de millones solo por estar disponible. En 2022 la UE pidió un cambio, introdujo el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), un mecanismo financiero y operativo para fomentar la libre competencia y permite que cualquier empresa se adhiera como “agregador independiente”. De forma que ha aumentado el número de capitalistas que se embolsan dinero de la población sin hacer nada, solo por aparecer en un listado.
Desde su entrada en vigor el SRAD no ha solicitado paradas a la industria. Hasta este año que entre julio y septiembre, se han producido hasta seis paradas. Cada vez que el SRAD se activa, los datos se publican de forma automática y transparente en el portal público de Red Eléctrica. Y en las últimas paradas de este verano se han llegado a pagar precios récord de más de 185 y 211 €/MWh a las industrias por detener su producción.
Esta situación tiene que cambiar y hay que expropiar a la industria energética, para impedir que la factura de la luz se vuelva impagable. La producción de energía debe estar en manos de la población trabajadora, solo así se puede hacer un uso racional de ella satisfaciendo las necesidades sociales.