Pedro Sánchez y su gobierno “de progreso” han estado vendiendo, como si de una panacea se tratase, el Decreto aprobado en Consejo de Ministros sobre vivienda que ponía un tope de un 2% a la subida de los alquileres y quería establecer una prórroga, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, de los contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. Tal y como se sabía, por anunciado, no ha sido respaldado en el congreso por PP, Vox ni Junts.
Los socialistas y Sumar venden humo de nuevo; con el decreto dicen querer proteger a 3 millones de personas; también declaran que van a seguir defendiendo el derecho a la vivienda. Por su parte Yolanda Díaz, de Sumar y Ministra de Trabajo, llama a la movilización en las calles. ¡A buenas horas mangas verdes, como dice el refrán!
Cualquier ley o normativa que alivie la situación angustiosa que muchos inquilinos viven con respecto a sus contratos de alquileres y las constantes subidas de precio, es bienvenida, como no podría ser de otra manera; pero que nadie piense que con este decreto la situación iba a resolverse.
Recordemos que con esta ley, completamente insuficiente ante un problema de tal calado y que viene de lejos, se seguía permitiendo a los propietarios subir hasta un 2% la vivienda; el decreto también ha sido criticado por muchos colectivos por considerarlo un parche insuficiente y una medida de “mínimos” que ni siquiera obligaba a una bajada de los alquileres, conforme están bajando los salarios o la proposición de un contrato indefinido con controles más duros sobre los precios.
Tampoco este decreto ponía sobre la mesa el problema estructural de la vivienda que está en manos de fondos buitres o la especulación que con ella se lleva a cabo, como si no se tratase de un bien básico para la población.
Los socialistas y Sumar, tirando balones fuera, cargan contra los grandes tenedores y fondos buitres, a los que acusa de desvalijar los bolsillos de la clase trabajadora, cosa cierta; pero ¿acaso ellos no son consentidores de tal situación? ¡Claro que sí! Ellos también son responsables de la situación legislando y favoreciendo a los grandes propietarios. ¡La propiedad privada no se toca, es lo que realmente piensan!
Mientras en el parlamento unos acusaban a otros, han sido miles los inquilinos que se han anticipado al decaimiento del decreto solicitando una renovación de su contrato de alquiler a su casero, bien por estar este próximo a su vencimiento, bien porque con una u otra excusa (reformas, necesidad de recuperar la vivienda para un familiar, etc.) se insta al inquilino a marcharse para subir la mensualidad de la vivienda o destinarla a fines turísticos.
El problema de la vivienda, en España y también por doquier, es tan viejo como el propio capitalismo. La nueva radiografía de la vivienda nos muestra -datos del Diario.es- que los grandes tenedores han cuadriplicado su cartera mientras el propietario individual va menguando: “Desde la crisis bancaria, quienes poseen entre 4 y 10 inmuebles pasaron de tener 827.000 inmuebles a 2,3 millones y los de más de 10 saltaron de 138.000 a 626.000, pero los hogares con un solo inmueble cayeron de los 10 millones a menos de 7,9”… Más de un millón de viviendas en España están en manos de grandes tenedores; los principales propietarios son fondos de inversión y entidades financieras, destacando firmas como Blackstone, Sareb (el “banco malo”), Azora, Coral Homes, y Testa.
Pero no tenemos que recordar solo a los bancos y fondos buitres; el “bueno” de Amancio Ortega, de Inditex que engloba la marca Zara entre otras, conocido multimillonario del ramo del textil, creó Pontegadea, convirtiéndose …”en el magnate con una mayor cartera inmobiliaria del mundo”, como publicó EL PAÍS recientemente. La cartera inmobiliaria de Ortega, a fecha de 2025, alcanza un valor de 25.000 millones de dólares (21.200 millones de euros, a cambio actual), según calculó la revista Forbes, situándolo cono el multimillonario con más patrimonio en inmuebles.
Por todo esto no podemos esperar de ninguno de los políticos parlamentarios que vayan a legislar contra los grandes propietarios, bancos y fondos buitres favoreciendo a la clase trabajadora. La única solución posible y perdurable en el tiempo sería la expropiación de toda esta riqueza en manos de una clase que ya ha devenido parasitaria, que quiere vivir del rentismo en lo que es todo un robo a manos armadas a la población en general y a los trabajadores.
La única solución es la lucha colectiva como clase, imponiendo medidas concretas para ir aliviando el problema, como la construcción de un parque verdaderamente público con viviendas dignas y alquileres sostenibles conforme a los salarios, los cuales deben aumentar automáticamente conforme al IPC, etc, pero sin perder de vista que la imposición de estas medidas va de la mano de la lucha para tumbar el sistema capitalista, sistema incapaz de ofrecer un alojamiento digno de tal nombre a personas que incluso tienen un puesto de trabajo.