Un año después del apagón ibérico seguimos sin saber quien o quienes fueron los responsables. Eso sí, han abundado estudios e informes técnicos de todo tipo para conocer sus causas. El informe que emitió la Comisión europea apunta a fallos en cadena, indicando múltiples causas y sin establecer un único culpable. Esto sin embargo ha venido bien a las empresas eléctricas que tienen la responsabilidad de garantizar el suministro y a la propia Red Eléctrica de España (REE), que se supone el organismo regulador de la infraestructura de alta tensión en España.
En un alarde de malabarismo político el gobierno ha salido a defender su modelo de gestión, llevando a cabo comparecencias en la Comisión de Investigación del Apagón, donde ha salido a relucir el papel de REE y de la actual ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. También se ha puesto el foco en la gestión de Redeia (Red Eléctrica), con informes que señalan la necesidad de revisar los órganos de gobierno de la entidad.
A día de hoy la cuestión de la depuración de responsabilidades sigue apareciendo de vez en cuando propiciado por el ruido mediático, alimentando de nuevo la controversia política y social.
El cruce de responsabilidades entre los diversos actores, las compañías eléctricas contra las renovables, y al contrario, y REE contra todos ellos, demuestra que no existe planificación más allá del interés financiero y que las medidas de control que debían estar funcionando no eran prioridad. Pero lo que se esconde debajo es un pulso por el control eléctrico entre empresas de la energía, una lucha por el poder que no es nueva, es propia del capitalismo y la competencia entre las empresas. El apagón es el resultado de la falta de inversión y choca con los intereses por los beneficios de estas empresas, que son verdaderamente obcenos.
Las principales eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol) han superado los 12.400 millones de euros conjuntamente en 2025, un 11% más que el año anterior, con Iberdrola liderando con un beneficio neto ajustado en el primer trimestre de 2026 de 1.865 millones. La competencia entre las empresas del oligopolio eléctrico se exacerbó con la entrada de las energías renovables (solar, eólica), que están apostando fuerte. Y mientras REE dice que priorizaba la estabilidad del sistema, limitando o ajustando la producción si hay saturación, las eléctricas por su parte presionan para maximizar la entrada de sus propias plantas. Por supuesto hay responsabilidades políticas y técnicas, pues en el caso del apagón las empresas optaron por hacer lo que mejor les convenía en cada momento y el supuesto arbitraje de REE ha consistido en no entorpecer la labor. Es sabido que algunas plantas estaban en stand by porque su pleno funcionamiento generaba pérdidas mientras que otras se desconectaron cuando no debían.
Las recomendaciones del informe de la UE para evitar que esto se repita incorporan, entre otras, la actualización de protocolos para que todas las tecnologías, incluyendo baterías y plantas renovables, participen activamente en el control de tensión dinámico. A la luz de los datos oficiales detrás del apagón hay verdaderas causas económicas y políticas que ponen de manifiesto lo ineficaz que puede volverse una infraestructura, que debe dar servicio a la población, como lo es la eléctrica, cuando se pone en manos privadas. Por ello es necesario que los servicios públicos sean expropiados y puestos en manos de la propia población trabajadora.