Pedro Sánchez y su gobierno, previo pacto con Podemos, va a regularizar en breve aproximadamente medio millón de trabajadores inmigrantes en situación irregular que acrediten que viven en España al menos desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales; lo hará vía decreto ya que sus socios de gobierno – PNV y Junts- se han negado a apoyar la medida. Como no podía ser de otra forma, la derecha y la extrema derecha han demonizado a Sánchez, mientras sus medios afines lo glorifican. Pues ni santo ni diablo.
Solo hay que recordar la política migratoria llevada a cabo por Pedro Sánchez y su gobierno “de progreso”, sus acuerdos con el dictador de Marruecos para que sirva de gendarme contra la entrada de trabajadores. Tampoco hay que poner la vista muy atrás, tan solo retroceder a abril de 2024, para comprobar como la iniciativa legislativa popular con amplísimo respaldo (más de 600.000 firmas y apoyo de 900 organizaciones sociales) fue archivada en un cajón sin afanarse mucho en ella. Los socialistas en el poder poco se han diferenciado de la derecha, por mucho que ahora quieren aparentar lo contrario, han hecho las mismas cosas y con la misma intensidad: devoluciones en caliente, acuerdos con terceros países para frenar llegadas, mantenimiento de los centros de internamiento y reformas legales que han endurecido el acceso a papeles y derechos.
Ahora Sánchez, que cara a las próximas elecciones necesita recuperar apoyos, pues con el accidente de Adamuz y los casos de corrupción vigentes vive horas muy bajas, ha visto el momento propicio y se “ha acordado” que es de justicia que se legalice la situación de muchos inmigrantes que ya viven y trabajan en España, haciendo lo que cualquier otro trabajador, pero en la clandestinidad, lo que hace que su día a día sea incierto y peligroso. De paso, claro está, el Estado hará caja vía impuestos.
Y aunque ahora los del PP y Vox escenifiquen un escándalo, de este, nada de nada. Si bien es cierto que regularizaciones de tal calado no se daban en España desde hacía 20 años aproximadamente, lo cierto es que ha habido varias, y ¡oh sorpresa!, ¡hechas también por la derecha! De hecho, esta será la décima regularización de inmigrantes desde la primera, en 1986. Tres las hizo Felipe González, cuatro José María Aznar y una con el PSOE de José Luis Zapatero, que afectó a más de un millón de personas y España no se hundió por ello.
Dar papeles a todos aquellos que ya trabajan en España no es un acto de justicia social para los socialistas. ¡Han tardado mucho en hacerlo! Veremos en qué queda todo ello y si finalmente se normaliza la vida de todos aquellos que lo necesiten. No por ello va a acabar la explotación a la que son sometidos en los trabajos. Es precisamente contra esta explotación sus explotadores contra los que la clase trabajadora, nativa o extranjera, debe unirse y plantar cara y no dejarse llevar por partidos que se dicen amigos pero que han estimulado las leyes represivas de extranjería en numerosas ocasiones, buscando -de una u otra forma- la división de los trabajadores.
Los inmigrantes son trabajadores que desempeñan funciones esenciales en la sociedad, como el sector cuidados, la construcción, la hostelería, etc y con los ataques y la xenofobia hacia ellos, se ataca al conjunto de la clase trabajadora. Ni suponen una amenaza ni ninguna carga social, más bien lo contrario.
En España lo que sobran son los que acaparan riquezas llevándosela a paraísos fiscales, las grandes empresas que blanquean dinero de mil formas distintas y eluden pagar impuestos, no los trabajadores, vengan de dónde vengan. Si el capital es prácticamente libre para moverse por todo el mundo, ¡los trabajadores también debe serlo!