El miércoles 25 de febrero el gobierno publicó toda una serie de documentos relativos al golpe de Estado que un grupo de militares habían urdido para imponer una dictadura tipo franquista en el caso de Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, y/o un gobierno de concentración nacional con el general Armada y estabilizar el régimen nacido tras la muerte de del dictador.
Los hechos del 23-F y su contexto histórico
Hace 45 años, el 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, sucesor de Adolfo Suárez, ambos del partido de Unión de Centro Democrático, partido fundado por sectores del aparato de Estado franquista y que iba a comandar la llamada Transición, junto a otro partido también del aparato -Alianza Popular de Manuel Fraga, antiguo ministro franquista-, y con el apoyo de Santiago Carrillo del PCE y Felipe González del PSOE. Suárez había dimitido como presidente del Gobierno ante la inestabilidad del régimen.
Por una parte la situación económica era dura para los trabajadores. La crisis económica capitalista de 1974 seguía golpeando a las clases populares con una inflación del 15%; la tasa de paro a principios de 1981 se situaba en 1.741.300 personas, casi un 13% de la población en edad de trabajar, de un total de 14 millones de personas trabajadoras, y afectaba sobre todo a Andalucía, Extremadura, Canarias y Euskadi. La represión seguía asolando a la clase trabajadora: en 1976 habían sido asesinados 5 trabajadores en Vitoria en una huelga general por la policía armada, los grises. Manuel José García Caparrós había sido asesinado en Málaga en 1977 en una manifestación por la autonomía. De 1975 a 1981 habían sido asesinados, por las fuerzas del orden y la extrema derecha, 273 personas (archivodelatransición.es). Casi todos crímenes impunes.
La inestabilidad política en la Transición
En esta situación social el Estado capitalista español y su aparato procedente de la dictadura vivía una época de inestabilidad, incapaz de controlar la situación de una manera efectiva y conseguir la paz social. Por otra parte, los atentados de ETA contra militares y la efervescencia nacionalista en Euskadi, Cataluña, incluso Andalucía, había producido una radicalización en las fuerzas del orden y militares.
En esta situación las conspiraciones de palacio eran continuas y el rey Juan Carlos estaba entre ellas. La búsqueda de estabilidad para la burguesía española no llegará hasta la presidencia de Felipe González y el PSOE en 1982.
Hasta tal punto estaba la preocupación en las fuerzas del Estado que un informe del CESID de 1981 publicado en “Publico.es”, “señala como los tres grandes problemas nacionales la estructuración del Estado —con el sistema autonómico como “su punto clave”—, el terrorismo y la situación económica, que “constituye un problema de gravísimas repercusiones sociales”. (…) los servicios secretos, advierten de que las crisis internas de los partidos podrían motivar un desplazamiento hacia los extremos y que la conversión de algunas formaciones en “agentes revolucionarios o separatistas” podría influir en los sindicatos.”
¿El rey paró el golpe?
Es en este contexto histórico que se da el intento de golpe de Estrado de Tejero y Cía. Los documentos salidos a la luz este miércoles corroboran, según los medios, el relato de la Transición elaborado por el Estado. Según esta versión edulcorada, el rey Juan Carlos paró el golpe con su discurso de la madrugada después de hablar con los cuarteles y establecer desde las 7 de la tarde comunicación con los golpistas. Pero se sabe también que muchos documentos y grabaciones fueron destruidos y borrados y que tanto los golpistas juzgados, como Sabino Fernández Campos, ex jefe de la casa real, declaró en sus memorias que fue el propio rey quien promovió el golpe con el objetivo de acabar con la carrera política de Suárez y la UCD.
Independientemente de las certezas de estos comentarios, la realidad para la clase trabajadora es que el Estado y la burguesía española, quiso estabilizar la situación política para que una mayoría de la población aceptara la monarquía y el sistema de la Constitución y no se fuera más allá.
Conclusión: estabilización de la burguesía con Felipe González
El fondo del problema para la burguesía es conseguir su dominación de una manera estable, mejor con alternancia partidista que con dictadura. Por eso habiendo como había en España una lucha de clases viva, con una clase trabajadora en lucha, en una crisis económica y un Estado sin aceptación popular y con unos dirigentes en crisis, era necesario blandir el miedo a la dictadura. La “paz social” terminó de cerrarse: semanas después del 23F las direcciones sindicales de CCOO y UGT sellaron el acuerdo con el gobierno y la patronal daba vía libre a la reconversión industrial y se integró en el Estado como una burocracia sindical para atemperar la lucha de clases.
El PSOE usó el miedo a otro 23F para justificar y vender la necesidad de ingresar en la OTAN, como la garantía de “reforma” y “democratización” del Ejército. Todo el aparato represivo del franquismo salió fortalecido y su impunidad se vio incrementada con el trato a los golpistas. Felipe González indultó al general Armada y otros responsables del golpe, y montaría los GAL con torturadores de la dictadura, para empezar su guerra sucia contra ETA.
Fuera o no cómplice Juan Carlos, o simplemente estuviera en la conspiración, el hecho es que el golpe del 23-F condujo a esa estabilidad y a la popularización de su figura y del Estado capitalista bajo la constitución del 78, lo cual permitió hacer una política procapitalista en un momento de crisis. Fue entonces la victoria, en 1982, de Felipe González que permitió la estabilidad para la burguesía. Las promesas socialistas de los 800.000 puestos de trabajo y el no a la OTAN, quedaron en aguas de borrajas, y los ataques a la clase trabajadora con la reconversión industrial y demás medidas antiobreras, siguieron su curso favorable a la patronal y sus negocios.